Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden

Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez

El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.

En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.

Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.

–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?

–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.

Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.

A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.

Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.

Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.