Editorial EL UNIVERSAL
15 de octubre de 2009
El ex presidente Vicente Fox no tiene responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños derivadas del conflicto que vivió su estado en 2006, concluyó la Suprema Corte. Sí, en cambio, el gobernador Ulises Ruiz. Una decisión que dejará descontentos a muchos, aunque por razones encontradas.
Los priístas considerarán que “la data” que lleva a condenar a Ulises Ruiz también habría conducido a reprobar parcialmente al gobierno federal y, por consecuencia, a Fox. Muchos asumirán que, pese a la división de poderes, la Suprema Corte todavía no está dispuesta a confrontar la figura de los ex presidentes ni siquiera con el pétalo de una rosa.
Para muchos de la izquierda el fallo en contra de Ulises parecerá más simbólico que real, considerando las escasas posibilidades de que ello derive en cargos penales que se concreten en alguna sentencia: las tres vías jurisdiccionales que podrían “procesar” el caso tienen evidentes objeciones políticas para hacerlo.
De un lado están el Congreso oaxaqueño, de mayoría priísta, y la Procuraduría estatal, obviamente vinculadas al gobernador. Ciertamente, el Senado podría realizar juicio político al mandatario, si acaso el PRI no fuera la piedra angular en el Congreso federal. La tercera vía, intervención de la PGR, tampoco es probable dada la responsabilidad que esta institución tuvo en los propios hechos. Si ya se salvó de un señalamiento de los ministros, será la más interesada en dejar pasar el asunto.
La decisión de la Corte, entonces, tiene pocas consecuencias, excepto para la propia Corte. Sin “excederse” con una posible condena a un ex presidente, ha querido enviar el mensaje a los ciudadanos de que los gobernadores no escapan a su arbitraje. Una manera de recuperarse del fallo sobre Puebla, hace dos años, sin correr ningún riesgo.
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