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esde la madrugada de ayer, centenares de elementos de la Policía Federal (PF) iniciaron un movimiento de protesta en contra de lo que consideran violaciones a sus derechos laborales por la extinción de esa corporación y las condiciones para que sus miembros se integren a la naciente Guardia Nacional. Las acciones de los uniformados incluyeron un paro de labores en todas las sedes de la corporación en la Ciudad de México, el cierre de vialidades como el Periférico capitalino o la autopista México-Pachuca y la presentación de demandas de amparo ante juzgados federales.
La primera consideración ante las muestras de descontento es la necesidad de separar lo que pudieran ser preocupaciones legítimas de los uniformados por la preservación de sus derechos laborales –como los referentes a ingresos y antigüedad– de los afanes por conservar privilegios como bonos y otras prebendas y de exigencias a todas luces improcedentes, como la de ser incorporados al nuevo organismo de seguridad pública aunque no cumplan con el mínimo requisito de encontrarse en forma física para ello.
Debe considerarse, además, que las protestas se efectuaron pese a las garantías brindadas tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como después de que este último ofreció un diálogo directo con los uniformados. En este contexto, las medidas tomadas por éstos parecen confirmar lo mencionado por el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de ayer, en el sentido de que muchas resistencias al cambio se originan en la descomposición y las malas prácticas que han florecido en los organismos de seguridad pública durante los años recientes.
Por otra parte, la desaparición de la PF plantea un problema de fondo que por su potencial gravedad no puede ser soslayado: el de las dinámicas perniciosas que pueden desatarse cuando se extingue una corporación de este tipo. Baste con recordar dos de los casos más emblemáticos por los niveles insólitos de corrupción alcanzados por sus integrantes: el de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) del entonces Departamento del Distrito Federal, desaparecida en 1982, y el de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), transformada primero en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en 1985, para en 1989 dar paso al ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En efecto, los procesos de desaparición de ambas corporaciones, pensados como esfuerzos de saneamiento, moralización y depuración de las policías, se tradujeron a la postre en un mayor debilitamiento del estado de derecho, pues el despido pobremente planificado de cientos de agentes capacitados para el manejo de armas, conocedores de la logística tanto de la criminalidad como de las instituciones de seguridad y en muchos casos entrenados en técnicas de tortura, acabó por reforzar los cuadros de la delincuencia organizada.
En atención a estos antecedentes, y más allá de lo que ocurra con la disconformidad de un sector de la PF, es imperativo planificar de manera meticulosa la extinción de dicho cuerpo, pues sólo así podrá evitarse el doble mal que supondría trasladar prácticas indeseables a la recién creada Guardia Nacional y engrosar las filas de las organizaciones delictivas.
