Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; desinterés oficial frente a la tragedia

Generaciones en riesgo

Durante una protesta para exigir la entrega de un jefe de familia desaparecido Foto Sanjuana Martínez

Descartado, aplicar protocolos de atención; Unicef no reconoce el conflicto El Estado, incapaz de garantizar el derecho a la vida, señala el Redim

La Redim demanda al Estado mexicano que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que tiene la guerra en los niñosFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2

Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los “daños colaterales” más pequeños de la guerra contra el narco que ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.

“No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena”, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.
Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia: “En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida”, dice Pérez García.

Miedo y odio

“No me dieron”, dijo Wendy (17) a su primo que conducía el coche rafagueado con cuernos de chivo por un comando que salió de una vereda en la carretera a Cerralvo, rumbo a Doctor González, Nuevo León. Wendy viajaba también con una amiga, pero a los pocos minutos del ataque, notó una mancha de sangre que se extendía en su blusa: las balas le perforaron el estómago. Alcanzó a llegar a su casa, su madre la llevó al hospital más cercano en Monterrey, a 80 kilómetros, donde fue atendida, pero murió.

Como todos los días, Alfredo (9) le lleva flores al cementerio del pueblo. La tumba de tierra tiene una cruz de madera sin nombre. Está triste. No tiene ganas de comer. No llora, pero la extraña mucho; recuerda haberla visto sangrando en agonía y haberla visitado en el hospital donde estaba “muy hinchada”. Siente mucho coraje: “Los malos le dispararon”. Y repite: “Los odio, los quiero matar”. No ha recibido ayuda de ningún tipo. En la escuela rural donde estudia no saben cómo apoyarlo. Nadie le ha medido su nivel de estrés postraumático. El Unicef no reconoce que México viva en una guerra, por lo cual no hay organismos institucionales interesados en aplicar protocolos de atención; el DIF no se ha acercado a ofrecerle apoyo, las autoridades de Nuevo León ni siquiera han investigado el asesinato de su hermana, que tampoco ocupó un espacio en los medios de información.
“Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos”, dice el sicólogo Rodolfo Salazar Gil, quien ha creado un programa de atención a menores víctimas de la violencia, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización civil que también ofrece ayuda a las víctimas más pequeñas de la guerra contra el narco: “A los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente”.
Los asesinatos de menores han aumentado vertiginosamente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban más homicidios era de 15 a 17 años, ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de cero a cuatro años.
El aumento de los homicidios y ataques a menores ha generado miedo y angustia en la población infantil: “Los niños han perdido la seguridad, y cuando hay alguna agresión a la casa o algún familiar sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta”, dice Rodolfo Salazar.

Los niños atendidos en este programa son huérfanos, hijos de desaparecidos, víctimas de algún ataque o testigos de la violencia armada que ha afectado directamente a su familia. Las consecuencias inmediatas de los estragos de la guerra se observan de manera inmediata, comenta el especialista: “Llegan con depresión, sentimiento de culpa, impulsos de agresividad, coraje, enojo, odio; sentimientos que hay que sacar de alguna manera a través del dibujo, de juegos y de una terapia narrativa que estamos aplicando”.

Las últimas semanas fueron asesinados en Monterrey seis menores de edad en distintos ataques. La Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa especial de “respuesta de urgencia” en la clínica de atención sicológica donde están atendiendo a adultos y niños: “La guerra está provocando mucha desconfianza entre los niños, que están muy asustados y sienten que deben esconderse. Lo poco que se está haciendo es después de los sucesos; no se está haciendo nada a escala preventiva. Hemos visto que cuando hay víctimas de balaceras o de un robo con violencia y la familia pide atención sicológica, no se les atiende; les niegan la atención por temor y para evitar problemas. Y porque se les estigmatiza”, dice el sicoanalista Guillermo Rocha, encargado del programa.

Los casos que atienden en esta institución educativa afectan incluso a los mismos sicólogos que prestan el apoyo: “Estamos viendo cosas que antes no veíamos, el dolor de los pacientes impacta mucho. Vemos casos de secuestros, de gente que vio cómo mataron a sus familiares, de niños que sólo dibujan armas, gente disparando, hombres encapuchados, militares. Todo ha cambiado”.

Incubar la violencia

Era la 1:30 de la mañana del 3 de octubre pasado. El silencio se rompió en el Cerro de la Campana, en el sur de Monterrey, una de las zonas más pobres de la ciudad. Un comando irrumpió en la humilde vivienda de madera y disparó a las camas donde dormía la familia. Mataron a cuatro miembros: Jaime García Hernández (44), Claudia Leticia García Hernández (18), Virginia García Hernández (38) y Eduardo Ruiz García (2). El comando dejó un narcomensaje en la escena del crimen y secuestró a Jesús García (16), un menor que al día siguiente fue colgado vivo de un puente y luego asesinado a balazos. Sobrevivieron al ataque una niña de cinco años y un niño de 13 que posteriormente fue identificado por la mayoría de los medios de información como halcón y narcomenudista.

En los últimos meses grupos del crimen organizado han encontrado en los menores una forma cruel de enviar mensajes a los rivales, asesinando, mutilando o secuestrando niñas y niños en diferentes estados de la República: “La estigmatización de los menores es una de las constantes en esta guerra. Se etiqueta a los heridos a quienes se les relaciona con el crimen organizado. Y la etiqueta de narcohuérfano se ha extendido mucho y se ha convertido en un estigma. Los fondos para niños en orfandad por el narco no tienen éxito porque se convierten en un blanco. El crimen organizado ha comenzado a ver en los niños un vehículo para mandar mensajes a grupos contrarios”, comenta Juan Martín Pérez García, director de Redim.

La desatención y desprotección del Estado es tanta, que cuenta que los niños sobrevivientes de ataques que quedan huérfanos y son entregados a instituciones gubernamentales no están seguros: “En varios estados donde les llevan niños los grupos contrarios llegan exigiendo la entrega de los menores y los empleados los tienen que entregar, porque no tienen medidas de protección o seguridad”.

En México, la atención a la infancia padece un rezago de 50 años y con la violencia la poca institucionalidad que existe en ese campo se ha colapsado, por tanto, la Redim está exigiendo al Estado que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que está teniendo la guerra en los niños.

Actualmente las instituciones gubernamentales se niegan a dar estadísticas y ocultan información: “El Estado mexicano se está negando a dar información sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos. Sencillamente no nos contestan. No hay un reconocimiento oficial del impacto que está teniendo la guerra en niños y niñas, pero mil 400 niños y niñas asesinados no se pueden esconder debajo de la alfombra”.