Rosa Olivares Albarrán ha sido amenazada de muerte, sus hermanas han sido golpeadas y su casa baleada en dos ocasiones; Jesús Grande Araus ha sido hostigado por policías preventivos y ha recibido advertencias de que su vida corre peligro; José Saldaña es continuamente hostigado, fue amagado con ser procesado por secuestro y chantaje, y su hermana Ana fue acosada sexualmente; en tanto que Patricia Díaz Martínez corre el riesgo de que la Secretaría de Protección Civil la desaloje de su casa.
Todos ellos tienen algo en común: Viven en la delegación Benito Juárez y han sido agraviados por inmobiliarias que han dañado sus propiedades sin que hasta ahora tengan respuesta a su favor por parte de las autoridades del gobierno central, del PRD, ni del delegacional, del PAN.
Han presentado quejas a las secretarías de la Contraloría General, Desarrollo Urbano y Vivienda, Protección Civil y Medio Ambiente; a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF); a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, al Instituto de Verificación Administrativa, a la Comisión de Derechos Humanos del DF, a la Asamblea Legislativa del DF y a todas las oficinas delegacionales relacionadas con el otorgamiento de licencias de construcción.
Reunidos en la casa de las hermanas Olivares Albarrán, apoyados en escrituras de las empresas constructoras, solicitudes de información, planes de desarrollo, manifestaciones de construcción y de uso de suelo, cartas enviadas a distintas dependencias, entre otros documentos, los cuatro vecinos narran a Proceso sus historias.
A base de amenazas de muerte, aseguran, a doña Rosa Olivares se le pretende obligar a vender su casa, donde ha vivido 70 años, y a Jesús Grande y a José Saldaña los quieren despojar de las suyas. Responsabilizan a empresas que contemplan sus bienes inmuebles como parte de sus proyectos arquitectónicos, de acuerdo con la información que obtuvieron en distintas instancias gubernamentales.
La propiedad de Rosa Olivares, en el número 8 de la calle de Ceres, en la colonia Crédito Constructor, colinda con el 1524 de Insurgentes Sur. Actualmente en ese predio se desarrolla el proyecto Punta México, una torre de 10 pisos para 69 oficinas, con cinco sótanos para estacionamiento. Durante la construcción del centro de negocios –con locales cuyo valor va de 1.6 a 5.2 millones de pesos– el inmueble de Rosa y sus hermanas, Margarita y María de los Ángeles Olivares, fue afectado: tiraron la barda perimetral y dañaron los cimientos, sin que hasta ahora la inmobiliaria haya asumido los costos.
A los daños a su propiedad se suman presuntas irregularidades en la adquisición y la fusión de los tres predios (Insurgentes Sur 1524, 1522 y 1518) que comprende el proyecto, dirigido en distintos momentos por tres empresas: Hogaris, Insurgentes 1524 y Punta México. Esta última continuó la construcción con un permiso para hacer un edificio de tres pisos y dos sótanos.
A partir de que en 2009 ella y sus hermanas se negaron a vender su patrimonio empezaron a llegarles coronas de flores, y Margarita y María de los Ángeles fueron golpeadas por un desconocido cuando transitaban por la calle.
En 2011 las amenazas se agravaron. A finales de marzo se presentaron a la casa de las mujeres dos hombres, uno de ellos en silla de ruedas con la cabeza vendada, para advertirle a Rosa que si no vendía la propiedad, así quedaría, en tanto que el 29 y 30 de marzo la fachada de la vivienda fue baleada.
Entre abril y mayo a la casa de las mujeres llegaron cartas firmadas por Gente Nueva, nombre del grupo de sicarios del Chapo Guzmán, en las que ofrecían 1 millón de pesos más de lo que estuviese valuada su casa, los gastos y personal para mudanza, y les recomendaban no denunciar: “El gobierno no las puede cuidar 24 horas, evite (sic) la muerte de inocentes, ya estamos aquí y no nos vamos a ir, me llevo su vivienda o me llevo sus vidas”, se lee en una de las misivas.
Pese a que hay expedientes penales en la PGJDF por los daños a la estructura de la propiedad de las hermanas Olivares Albarrán, así como por las amenazas y agresiones, no sólo no hay avances en las investigaciones, sino que en el expediente por amenazas se integró un reporte de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito en el que se asegura que Rosa es “agresiva y manipuladora”.
Constantes amenazas
Jesús Grande Araus, vecino de Tercera Privada de la Luz, número 6, en San Simón Ticumac, ha tenido que lidiar desde 2005 con cinco distintos dueños de un terreno ubicado en el número 35 de la calle Antonio Rodríguez, del que es colindante: José Tirso Hernández Jiménez, Casa Mía Inmobiliaria, Residencial López Rayón, Ren Lui Edificaciones y Más hogares, y a partir de 2012 se sumaron al negocio Banco Monex y Pumas Partner. “En el acta constitutiva del fideicomiso, creado en 2011, Pumas Partner aporta 900 pesos y Ren Lui 100 pesos; los fondos vienen de Estados Unidos”, detalla.
Las constructoras han pretendido alzar un edificio habitacional de 55 departamentos con 55 cajones de estacionamiento en seis niveles, semisótano, sótano y planta baja, en una zona donde sólo se permiten inmuebles de tres niveles, de acuerdo con el Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para San Simón Ticumac, uno de los 145 pueblos originarios del DF.
“Mi casa ya estaba incluida en el proyecto, estaba considerada como el jardín y área de juegos para niños; nunca me han ofrecido nada por mi casa y en cambio me han amenazado y me hostigan continuamente para que la deje. Policías auxiliares del DF me han dicho que me van a desaparecer”, narra.
Durante los primeros cinco años Grande Araus logró contener a los primeros dos propietarios cuando logró identificar y denunciar irregularidades, como la falsificación de firmas, evasión fiscal y la presunta confabulación entre empleados de la constructora con jueces, ministerios públicos y funcionarios de la delegación. No ha habido sanciones para los responsables.
En 2010 Residencial López Rayón retomó los trabajos y dañó los cimientos de la propiedad de Grande, construyendo bajo ellos sin su autorización; en 2011 Ren Lui retomó el proyecto y causó el derrumbe de un muro, tres socavones en la zona y grietas en la calle Tercera Cerrada de la Luz.
La obra ha dejado por lo menos un albañil muerto, según documentó Jesús Grande en un video, que ni autoridades ni empresa han reconocido; en julio de 2012 la calle dañada fue reparada por la delegación, que también asumió los costos de la introducción de drenaje y agua al lote, obras que fueron vigiladas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil del gobierno capitalino.
Con daños estructurales en su casa, en 2012 el exdirector de participación ciudadana de la delegación y actual diputado del PAN de la Asamblea Legislativa, Christian von Roehrich, ofreció a don Jesús 20 mil pesos a cambio de que cesaran sus denuncias contra la constructora Ren Lui.
Por los daños ocasionados a la comunidad, en mayo de 2012 Grande Araus pidió la intervención del entonces secretario de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, actualmente jefe de la Oficina de Gobierno con Miguel Mancera.
“Suspendieron los trabajos un tiempo, pero al mes volvieron a construir; me comuniqué con Moreno Brizuela y me dijo que había dado permiso de realizar trabajos de mitigación, pero en realidad seguían trabajando en la obra y comprobé a través de una solicitud de información que nunca tuvieron permisos.”
Jesús Grande fue demandado en diciembre del año pasado por la delegación por presuntamente entorpecer las obras de reparación de la calle en agosto, en tanto que una vecina afín a la constructora también lo demandó penalmente por difamación, en tanto que él presentó una queja ante la CDHDF, y además de la querella por daños a su propiedad interpuso dos contra servidores públicos de la misma PGJDF y la delegación.
En peligro de desalojo están Patricia Díaz Martínez y José Saldaña Cruz.
Vecina también de San Simón Ticumac, Díaz vive en una casa de más de 100 años que está dañada por obras de la constructora Laso. “Se metieron bajo mis cimientos, me quejé con Moreno Brizuela, me mandó a su personal para hacer un estudio y ahora resulta que mi casa está tan dañada que arreglo o me voy; cuando traté de denunciar por daños, me dijeron en el Ministerio Público que lo pensara, porque a lo mejor me contrademandaban”.
El miedo de los vecinos por demandar a las constructoras no es gratuito. Cuando José Saldaña logró que se presentara ante el Ministerio Público el representante legal de la constructora Residencial Vista del Real-Urbania, Isaac Memund Elías, para que respondiera por los daños causados a su casa y las amenazas que sus trabajadores profirieron contra él y su familia, los representantes de la PGJDF le formularon acusaciones de secuestro y extorsión a petición del empresario.
Desde abril del año pasado Urbania construye un complejo en Antonio Rodríguez 58, que colinda con la vivienda de la familia Saldaña, en Juan Escutia 301.
En cambio las tres demandas que él interpuso contra las constructoras y el representante legal por amenazas de muerte contra él y hostigamiento sexual a su hermana Ana, a quien trabajadores de la obra le advirtieron que la violarían y la desaparecerían si su familia insistía en su queja por daños, fueron concluidas por el Ministerio Público como no ejercicio de acción penal, según le informó a José la CDHDF, ante la que interpuso queja, aunque la PGJDF no se lo ha notificado oficialmente.
Saldaña, quien ha dejado su trabajo de comerciante por cuidar su propiedad, no sólo se ha quejado por irregularidades tales como que las constructoras no contaban con permiso de demolición cuando tumbaron el inmueble que estaba en el predio Antonio Rodríguez 58. Más grave aún es que el vecino denunció ante el INAH que las excavaciones dejaron al descubierto restos arqueológicos y osamentas, pero las obras no pararon.
“Hasta la obra fueron arqueólogos del INAH y en su dictamen concluyeron que los restos tenían más de mil años, era una estela del posclásico tardío; pensamos que eran elementos suficientes para clausurar la obra y recuperar los restos, pero no fue así. El INAH permitió que se construyera sobre restos arqueológicos”, apunta Saldaña Cruz.
Desde noviembre del año pasado la familia Saldaña está bajo amenaza de desalojo por parte de la delegación. “Recibimos una notificación de que la delegación inició un proceso administrativo con base en un dictamen que le pedimos a Moreno Brizuela de la Secretaría de Protección Civil que dice que mi casa está dañada y que por eso tengo que presentar un proyecto no sólo para reparar mis daños, sino los de toda la calle”.
