El infierno que viven los habitantes de Michoacán representa una de las expresiones más palmarias del fracaso del Estado mexicano en lo que atañe a su obligación de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos. En su libro Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, publicado por Ediciones Proceso, el reportero de este semanario José Gil Olmos presenta una detallada investigación sobre los graves problemas que afectan a esa entidad, donde sucesivos gobiernos federales y locales, en muy alta medida coludidos con el narco, han realizado toda suerte de experimentos políticos, policiacos y militares, incluso paramilitares, a fin de contener al crimen organizado. Aquí se adelanta una parte de la introducción de este libro que comenzará a circular en los próximos días.
El 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo.
Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”. Y, de pronto, se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia.
¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios?
En Michoacán, el narcotráfico y su evolución es un asunto complejo y con una larga historia, en el que se entrecruzan muchos factores y actores sociales, políticos, económicos y hasta culturales. En más de medio siglo, este fenómeno se ha filtrado hasta las raíces de la sociedad y permeado en la mayor parte de sus gobernantes, incluso de manera directa.
En dicha entidad casi todo mundo conoce a alguien que se ha dedicado a este negocio –que empezó siendo un apoyo económico y devino el sustento de todo el estado merced a los millones de dólares generados por el crimen organizado convertido en gobierno.
Ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo.
Se trataba de armar a numerosos civiles de la zona de Tierra Caliente que ya estaban cansados del yugo de Los Caballeros Templarios. Se les daría dinero y protección para que fueran ellos quienes combatieran a los criminales en su propio terreno. Para esto hicieron un pacto con una banda criminal enemiga de Los Templarios –encabezada por los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez–, que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En noviembre de 2012, habitantes del pueblo de Tepalcatepec vieron al general colombiano Óscar Naranjo llegar al salón Plaza para reunirse con los Farías. Les ofreció su apoyo para los grupos de autodefensas ciudadanos o policías comunitarios. Lo mismo ocurrió en el poblado de La Ruana por esas mismas fechas.
Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, revela en entrevista que desde 2012 fue informado por vecinos de este municipio de la formación de un grupo armado que se enfrentaría a Los Caballeros Templarios. Al frente de este grupo estaba Juan José Farías El Abuelo y su hermano Uriel Farías alias El Paisa, quien fuera presidente municipal de Tepalcatepec y uno de los presos de El Michoacanazo acusado con ligas al Cártel de Jalisco.
Al principio Valencia dice que pensaba que se trataría de un grupo similar a los Mata Zetas que El Abuelo había organizado cuando estaba con Los Valencia, el primer grupo michoacano de tráfico de cocaína con los colombianos, pero al poco tiempo se dio cuenta de que se trataba de otro proyecto más fuerte y amplio, financiado por el gobierno federal.
La estrategia peñista, además, daría lugar al nacimiento de un nuevo grupo del crimen llamado El H3 o Tercera Hermandad, que significaba la tercera generación de narcotraficantes michoacanos. Sus precedentes eran La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Esta banda es el nuevo amo de la delincuencia organizada en Michoacán, protegida por el pacto que concretaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el general Naranjo, quien regresó a Colombia a inicios de 2014, una vez que su misión había concluido.
Quedarían fuera de este pacto algunos personajes como el doctor José Manuel Mireles, quien se rebeló e intentó hacer de las autodefensas el agente del cambio y de lucha contra el crimen organizado en Michoacán y en todo el país. En castigo fue encarcelado en Sonora.
Estos elementos le dieron forma al escenario que en los últimos años hemos presenciado en el sur de Michoacán y que es similar al de una guerra, con pueblos y ciudades custodiadas por miles de militares y soldados equipados con armas de alto calibre, cascos de acero, chalecos antibalas, camionetas con metralletas en el techo o helicópteros artillados sobrevolando territorios anegados por la violencia de los cárteles, que también se enfrentaron a grupos de autodefensa y policías comunitarios igualmente pertrechados.
Al momento de escribir este libro –mediados de 2014– en Michoacán había por lo menos 12 organizaciones legales e ilegales fuertemente armadas dispuestas a disparar en cualquier momento: las policías comunitarias, las autodefensas ciudadanas, los grupos criminales La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, además del Ejército y las policías estatal, municipal y federal.
Al observar con detenimiento el paisaje actual de Michoacán podríamos decir que, en esta segunda década del siglo XXI, se desarrolló un conflicto armado o una guerra no convencional, en la cual un ejército de 10 mil militares y policías se enfrentó a diversos grupos armados. Se disputaron el control de un territorio a costa de miles de víctimas civiles heridas, muertas, desaparecidas y algunas comunidades desplazadas.
Además, si le damos un sentido histórico a lo que ha acontecido en esta región del país, resalta de inmediato un aspecto de enorme impacto político y social. Hace 200 años, en Apatzingán (el corazón de la Tierra Caliente), los independentistas encabezados por José María Morelos y Pavón promulgaron la Constitución de 1814, que delineó los primeros rasgos de lo que sería el rostro del Estado mexicano.
Dos siglos después, en esa misma parte de México se expresa un nuevo actor, un nuevo grupo de poder: el crimen organizado que tiene incidencia directa en las decisiones de gobierno y en las funciones propias del Estado, como son la seguridad, la justicia y el control del territorio, dándole un nuevo perfil a este último.
Así, en medio de este conflicto armando, podemos apreciar con claridad el evidente fracaso del Estado mexicano, que ha sido incapaz de dar seguridad a la población de Michoacán y, al mismo tiempo, permitió la formación de un Estado paralelo en un territorio donde el que gobierna es el crimen organizado.
Desde 1989, con el nacimiento del PRD y el arranque del gobierno de políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Michoacán entró a una etapa de continuos conflictos que han cobrado la vida de miles de civiles. Pero la espiral de violencia se acrecentó desde 2006, con la declaración de guerra al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón: un fracaso que cimentó las bases para la construcción de un reino de terror por parte de bandas delincuenciales, que a su vez sometieron pueblos y ciudades enteras.
Es evidente que en esta región del país se fracturó el Estado y que de las grietas emergieron dos grupos de narcotraficantes con un perfil distinto a los que ya existían en México. Estos grupos tienen rasgos de secta religiosa, un sentido de pertenencia regional y una organización de células estilo paramilitar o guerrilla: se trata de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Al inicio surgieron como una especie de autodefensas, pues en el discurso proponían a los ciudadanos darles la protección que el gobierno no les daba, a cambio de cuotas voluntarias que se convirtieron en obligatorias: En la práctica se trataba de un impuesto cuyo incumplimiento implicaba la muerte.
Con la presencia ominosa de estos grupos, en una década la vida cambió para los michoacanos, que dejaron de salir en la noche y se fueron acostumbrando a las extorsiones, secuestros, cobro de cuotas, ejecuciones, desapariciones y amenazas de los delincuentes y sus aliados: los policías estatales y municipales, ediles y legisladores, quienes se fundieron con las bandas para establecer una amplia red de poder que traspasaba todas las leyes.
Producto de la violencia generada por esta guerra entre las mafias del narcotráfico cada año se cometen 35 mil delitos del fuero común. Así, a partir de 2013 y en 43 municipios surgieron grupos de autodefensa ciudadana, policías comunitarias, rondas comunitarias y, en otros, 50 guardias blancas.
Todos estos grupos de autodefensa y bandas de delincuentes cuentan con armas de alto poder a pesar de que el gobierno federal ha realizado varios intentos para desarmarlos. De hecho, a principios de 2014 envió a 10 mil policías y soldados como parte de un operativo de recuperación estatal.
La Familia Michoacana primero y luego Los Caballeros Templarios resistieron entonces los embates policiacos y militares y ensancharon su área de influencia hacia otras actividades que resultaron ser mejor negocio que la producción y venta de droga: las extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, venta de autos y negocios turbios con empresarios chinos. Todo, a través de la violencia y el terror como los principales métodos de control social y de mercado.
Según la información que se desprende de documentos requisados a Los Caballeros Templarios y de declaraciones del exgobernador Fausto Vallejo (PRI), así como de líderes de distintos sectores económicos, las ganancias obtenidas por el crimen organizado entre 2012 y 2014 se estiman en 31 mil 460 millones de pesos por la vía de extorsiones a los mineros, productores de aguacate, empresarios y comerciantes grandes, medianos y pequeños, por “cuotas”, venta de drogas y secuestros.
Además de este auge económico, el crimen organizado michoacano se convirtió en cogobierno desde principios de este siglo, controlando de manera absoluta la mayor parte de los 113 municipios e infiltrándose en las instituciones policiacas, municipales y de gobierno del estado.
En resumen, el crimen organizado levantó un imperio y una forma de gobierno en Michoacán, haciendo realidad lo que tanto se temía, la formación de un Estado y un gobierno-narco.
Los casos más evidentes de esto son la vinculación del exgobernador interino Jesús Reyna (PRI) con Los Caballeros Templarios –que supuestamente le dieron 300 millones de pesos para la campaña a la gubernatura de Fausto Vallejo, que él coordinó en 2011– y también de Rodrigo Vallejo, hijo del mencionado Fausto Vallejo. Desde 2008, Rodrigo ya era jefe de plaza en Morelia para La Familia michoacana y, luego, para Los Caballeros Templarios.
Visto a la distancia, de nada sirvió que en 2006 el presidente Felipe Calderón se haya vestido de casaca y quepis militar y, ante las tropas militares destacamentadas en Apatzingán, lanzara una temeraria declaración de guerra contra el narcotráfico. Envió a miles de soldados y policías que no pudieron controlar a ninguna banda sino que, al contrario, avivaron el avispero provocando más de 100 mil muertes, 26 mil desaparecidos y miles de desplazados en todo el país a causa de la violencia en seis años, muchos de ellos en Michoacán.
La misma táctica la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México.
Un año después, Castillo presentó su renuncia asegurando que se había logrado la meta de arrancarle el territorio a los Caballeros Templarios y terminado con su estructura. Pero en Michoacán seguía la violencia con enfrentamientos en La Ruana y Apatzingán, el índice de asesinatos era de los cinco más altos a nivel nacional y continuaba operando el crimen organizado.
El presente libro parte de un intento por responder preguntas elementales: por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente y, al mismo tiempo, desbrozar el confuso panorama de Michoacán. Se pretende dar algunos elementos para entender que se trata de una tierra tradicionalmente productora de drogas (mariguana y opio), en la que ha emergido un actor dentro de un escenario de por sí complejo: se trata de las autodefensas ciudadanas, que llegaron a inspirar a pueblos y comunidades de otros estados a tomar en sus manos las armas para protegerse y, en algunos casos, establecer su propio sistema de justicia.
El objetivo es explicar los orígenes de este conflicto armado que, según el investigador Salvador Maldonado Aranda, se encuentra en las políticas neoliberales del expresidente Carlos Salinas de Gortari y en el fracaso de la transición a la democracia de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Se busca explicar por qué en Tierra Caliente se dio este conflicto armado y por qué surgieron ahí los poderosos cárteles locales de la droga que desafiaron las instituciones de gobierno y justicia, así como sus némesis, las autodefensas auspiciadas por el gobierno federal a través del general colombiano Óscar Naranjo, promotor de las autodefensas en su país.
También trataremos de describir el impacto económico y social de este conflicto, que ha generado un escenario similar al de una guerra y ha afectado a la población de todo el estado. Finalmente habremos de dar cuenta del surgimiento de los grupos de autodefensas ciudadanos, de la participación del gobierno peñista a través del general colombiano Óscar Naranjo, quien a pesar de haber dicho públicamente que estos grupos eran un “error y un peligro social armado” participó en su formación y equipamiento, tal como lo aseguran testigos que lo vieron en los pueblos de Tierra Caliente.
De esta manera habremos de contar las historias de los principales personajes de esta imbricada historia, de las organizaciones criminales y grupos armados que se disputan el territorio y de las erráticas estrategias gubernamentales a través de entrevistas, reportajes y crónicas de los pueblos sojuzgados por el crimen organizado y de los principales acontecimientos que, en los últimos años, han dado lugar a una lucha sin cuartel, a las batallas de Michoacán.
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