L
a controversia en el INE es una prueba para la supervivencia de esa institución. El PVEM tiene una unión íntima con el gobierno y el PRI, y el abuso de su propaganda quiebra con los principios constitucionales en materia electoral. Pablo Gómez denunció que sólo entre septiembre y diciembre de 2014 se ha gastado, en televisión, 2 mil 284 millones, eso sin contar los anuncios en cine, radio y los miles de espectaculares; la campaña no se ha detenido. Esto es evidente para todo el mundo. El INE y el tribunal electoral deberían decretar la cancelación del registro verde. Si se consienten estos abusos, las autoridades electorales demostrarán que no son buenos árbitros, y las elecciones no serán legítimas.
La oposición ha denunciado, quizás sin desearlo, el pacto fundacional de un sistema aberrante: no es posible que los contendientes sean representados por sus jueces. Si esos partidos resisten y triunfan, no sólo lo harán en defensa de sí mismos, sino de nuestro precario proceso democrático. La provocación de los consejeros controlados por el PRI-gobierno tiene que ser contestada con energía. Hoy rendimos homenaje al rector Barros Sierra, quien, ante el ataque del gobierno a la Universidad en 1968, presentó su dimisión y desenmascaró el carácter represivo de Díaz Ordaz. Su honradez es un caso rarísimo en nuestra historia reciente.
En 1994, en la víspera de las elecciones presidenciales, Jorge Carpizo, presidente del IFE, renunció y obligó a Carlos Salinas a controlar a los gobernadores priístas que metían sus manos en los comicios. Su dimisión sacudió al país como un acto de honor. Provocó una rectificación y las elecciones pudieron celebrarse dentro de la ley (aunque no fueron equitativas). Carpizo no sólo actuó con valor, sino usó con eficacia el poder simbólico y político de su cargo para impedir que las elecciones fueran una farsa y se pusiera en riesgo la estabilidad. La disyuntiva actual es la misma. El Consejo General del INE tiene que demostrar que no sólo
representaa los partidos, sino que defiende la legitimidad del poder.
El presidente del consejo tiene razón cuando dice que los consejeros ausentes han interrumpido el debate, pero no reconoce lo obvio: el gobierno está interviniendo descaradamente para favorecer a la coalición PRI-Verde. Al levantarse de la mesa, los partidos le están mostrando un camino al consejero presidente. Él tiene muchas facultades para impedir los abusos, pero sobre todo una autoridad moral y política. Su renuncia podría ser un emplazamiento al Presidente, quien es responsable de toda esta distorsión política.
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