12 de octubre de 2009
No queda claro cómo comenzó el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal. Menos aún cómo va a terminar.
La descarga que puede ocasionar este episodio sobre el ya muy tenso tejido social es de proporciones insospechables. Desde ayer la polarización es notable. Las partes no han hecho lo suficiente para orientar a su favor, definitivamente, la balanza de la opinión pública.
La mesa estaba ya puesta para la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. En el contexto de la crisis económica el impugnado dirigente del sindicato, Martín Esparza, no ha ofrecido argumentos para contrarrestar los que pesan en su contra: una nómina de 44 mil personas pese a que la empresa puede operar sólo con 8 mil 500; un contrato colectivo que da ascensos y premios al personal con base en la lealtad sindical; y un presupuesto anual que supera en monto al del programa Oportunidades.
Del otro lado está el temor a la privatización de la energía eléctrica. Existe también la sospecha de que se trata un ataque contra el sindicalismo democrático, pues el SME lleva a cabo elecciones constantes, voto universal, directo y secreto, algo de lo que no pueden presumir la mayoría de los sindicatos en México.
Si el gobierno quería demostrar su fuerza para enfrentar a los poderes fácticos, ¿por qué no escogió a uno de los que juegan como sus aliados? Tratándose de sindicatos omnipotentes —el SNTE, por ejemplo, o el de Pemex—, resulta emblemático que se haya tratado de una organización protoperredista. Este hecho abona en favor de quienes aseguran que en realidad se trata de una cruzada derechista en contra de los enemigos de siempre. Esta visión de los hechos, sea real o no, tiene el voltaje para conducir al conflicto en una dirección muy peligrosa.
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