El dueño de TV Azteca desató un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores: argumentó que un cambio en la normatividad atentó contra “los derechos humanos” de Grupo Elektra, lo que le hizo perder más de 7 mil millones de dólares. Este caso –el segundo que lo enfrenta con autoridades bursátiles– ya provocó que una juez se exhibiera en presuntos actos de corrupción y que la prensa especializada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sentenciara: Ricardo Salinas Pliego no es un jugador confiable.
Ave de tempestades, Ricardo Salinas Pliego y su compañía estelar, Grupo Elektra, se encuentran en un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la que acusan de haber violado sus “derechos humanos” al hacer públicos en abril de 2012 los ajustes a la metodología del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el mercado bursátil nacional, lo que causó un desplome en el valor de las acciones de la empresa de electrodomésticos, la joya de la corona del empresario regiomontano.
En respuesta, la BMV ha involucrado al Poder Judicial capitalino y en especial a la juez sexto de lo Civil del Distrito Federal, Josefina Rosey González, acusada penalmente por haberle otorgado “ventajas indebidas” a la compañía del dueño de TV Azteca y, desde esta semana, por haber “dirigido o aconsejado” a Grupo Elektra, lo cual significaría “una violación al deber de imparcialidad que debió guardar”.
No es la primera vez que Salinas Pliego se ve involucrado en un juicio contra autoridades bursátiles. En 2006 la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos multó al empresario por no informar a sus inversionistas sobre operaciones en el mercado de valores de Codisco y Unefon, que le reportaron ganancias por 109 millones de dólares.
También se ha enfrentado en tribunales al Grupo Carso, de Carlos Slim, por la disputa en el mercado de las telecomunicaciones, donde ahora es socio de su excompetidor, Grupo Televisa, en la compañía de telefonía móvil Iusacell.
Apenas el año pasado TV Azteca se enfrentó con el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), dedicado a entregar los índices de rating, argumentando una presunta alteración en la base de datos.
En julio de 2012 presentó una denuncia contra el IBOPE ante la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acusándolo de “manipular” los ratings y afectar así los ingresos publicitarios de los canales 7, 13 y 40, propiedad de Salinas Pliego.
Ahora la cruzada de Grupo Elektra contra la BMV no es para menos. Entre 2012 y 2013 Salinas Pliego pasó de ser el segundo hombre más rico de México y el 37 del mundo en la lista de Forbes (la revista calculó en 2012 su fortuna en 17 mil 400 millones de dólares) a un distante lugar este año, al disminuir a 9.9 mil millones de dólares su capital.
La causa fue la caída de las acciones de Grupo Elektra, la compañía de electrodomésticos que se convirtió en “la fuente del despegue” de la fortuna de Salinas Pliego, según la propia Forbes.
A raíz de que la BMV dio a conocer el 12 de abril de 2012 que las 35 empresas que forman parte del IPC deben tener un mínimo de acciones flotantes de 12% de su capital o el equivalente a 10 mil millones de pesos para ser consideradas, las acciones de Grupo Elektra cayeron 17.7%. En dos días el valor de esta compañía disminuyó 7 mil millones de dólares, según el cálculo de analistas bursátiles citados por The Economist. El 25 de abril de 2012 ese semanario publicó un análisis especial del caso, titulado Electric shock. Explicó que la disminución de estas acciones fue el resultado de que alrededor de la quinta parte de su valor estaba atado a un derivado de una transacción llamada equity swap.
The Economist recordó que Salinas Pliego no es un empresario confiable en el mundo bursátil. En 2006 pagó una millonaria multa por presunto fraude contra la SEC, el organismo regulador bursátil de Estados Unidos, en el caso de Codisco-Unefon.
El encarecimiento artificial durante 2011 y 2012 de las acciones de Grupo Elektra fue detectado también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de vigilar a las empresas que cotizan en bolsa, y por el Índice Morgan Stanley Capital International (IMSCI), uno de los proveedores de índices más importantes del mundo.
El IMSCI decidió eliminar a Elektra de su índice y la CNBV consideró, en reportes internos, que la compañía de Salinas Pliego no era un jugador confiable pues había favorecido el encarecimiento artificial de sus acciones para obtener “una ventaja indebida”.
“Derechos humanos”
El 3 de julio de 2012 Grupo Elektra promovió, a través del equipo de abogados coordinado por Gerardo Ramírez Ornelas, una demanda de juicio ordinario mercantil por daño patrimonial contra la BMV. Argumentó que el organismo privado violó sus “derechos humanos” al cambiar la metodología para el cálculo del IPC.
Grupo Elektra le solicitó a la juez Rosey González que, como medida cautelar, ordenara la suspensión de la nueva metodología a favor sólo de la compañía de Ricardo Salinas Pliego. La juez le otorgó tal medida cautelar, generando un pequeño escándalo entre los círculos bursátiles especializados.
La BMV acató la disposición y no ha aplicado a Grupo Elektra los cambios en la metodología del IPC, a pesar de que las otras 34 grandes compañías que forman parte del índice han tenido que aceptarlos.
En su mismo análisis de agosto de 2012, The Economist calificó como “una sentencia sorpresiva” la resolución de la juez de amparar su decisión en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que “generalmente no se aplica para compañías” de las dimensiones de Grupo Elektra.
Julio Zamora, especialista de Citigroup citado por The Economist, se preguntó: “¿Son las leyes en México aplicadas equitativamente, o pueden las compañías utilizar el sistema legal para seleccionar o escoger qué leyes deben aplicárseles?”.
Para distintos analistas consultados por Proceso lo que estaba en juego no eran derechos humanos de algún individuo, sino el presunto daño mercantil contra una empresa.
En paralelo, en agosto de 2012 Grupo Elektra interpuso una demanda por daño moral contra Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes en el calderonismo y presidente de la BMV, alegando presuntas afectaciones a la reputación de la compañía en una entrevista que concedió a Joaquín López Dóriga el 16 de abril del mismo año. El juez 27 de lo civil en el Distrito Federal, Gilberto Ruiz Hernández, declaró procedente la demanda.
Los abogados de la BMV recurrieron la sentencia por daño moral contra Téllez. En abril de este año, éste anunció que apelará el fallo del juez 27 de lo civil, que lo sentenció a pagar una indemnización por daño moral contra Grupo Elektra.
Paradójicamente la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BMV acordó ratificar a Téllez como consejero presidente y director general de la bolsa, en un claro espaldarazo al exsecretario de Energía zedillista frente al litigio con Salinas Pliego.
Grupo Elektra presentó sin éxito dos denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República contra el director general de la BMV y el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no prosperaron.
“Sincronía” con la juez
El litigio por presunta violación a los “derechos humanos” de Grupo Elektra se puede convertir en una caja de Pandora judicial. De acuerdo con el abogado Carlos Riquelme, quien lleva el caso por parte de la BMV, se podría confirmar el “contacto” o la “comunicación indebida” entre la juez Rosey y el Grupo Elektra.
Rosey es una de las jueces más cercanas al magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien le gusta presumir públicamente su buena relación con los dueños de las dos principales televisoras del país. Elías Azar no sólo ha festejado a sus magistrados en el Estadio Azteca de Televisa, también jugó un papel esencial en la detención de Paula Cussi, quien litigó con Emilio Azcárraga Jean la sexta parte del legado de Emilio Azcárraga Milmo.
La BMV contrató al despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, encabezado por Agustín Acosta Azcón –el mismo que defendió a Florence Cassez y logró su liberación por violaciones al debido proceso–, para denunciar penalmente a la juez Rosey por concederle una “ventaja indebida” a Grupo Elektra, toda vez que el asunto es competencia del fuero federal y la medida cautelar otorgada –eximir a Elektra del uso de la metodología del IPC– “no tiene fundamento en precepto legal”, según consta en la demanda.
La juez contestó a la demanda penal interpuesta ante el Ministerio Público Federal y exhibió en su respuesta un escrito que resultó ser idéntico en tres párrafos al del amparo interpuesto por Grupo Elektra ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra la resolución de turnar el caso a tribunales federales, el 13 de mayo de 2013.
Como si se tratara de un copy-paste, tanto la juez como Grupo Elektra usaron las mismas palabras para justificar cómo debe tomarse en cuenta el IPC de la BMV.
Los tres párrafos idénticos dicen:
“En otras palabras, debe decirse que el IPC no es más que un termómetro del mercado bursátil, esto es, un simple indicador del dinamismo del que participa la actividad bursátil nacional, pero ajeno a los servicios de intermediación financiera, es decir, jamás pone en contacto oferta y demanda de valores centralizando posturas… Su único fin es permitir a los intermediarios y gran público inversionista leer la actividad del mercado bursátil.
“De acuerdo con el libro Para Entender la Bolsa, Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores del maestro Arturo Rueda, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones refiere, a simple vista, un índice de precios o benchmark que es sólo una cantidad, un parámetro que resume la actividad general del mercado accionario.
“En ese tenor, pues, resulta claro que la emisión y el propio Índice de Precios y Cotizaciones no constituyen en ningún momento servicios de intermediación que pongan en contacto oferta y demanda de valores centralizando postura; la emisión del índice constituye simplemente una actividad auxiliar realizada por un particular para poder ofrecer un parámetro de la actividad del mercado bursátil; tan es así que el IPC no es el único existente, es un índice más emitido por un particular para ofrecer una lectura del panorama bursátil.”
Así consta en la declaración de la juez, como en el amparo de Grupo Elektra interpuesto por Ángel Fabricio Escalante Sánchez, cuyas copias tiene Proceso.
El pasado lunes 24 el abogado Riquelme Rodríguez, en representación de la BMV, interpuso una ampliación de la demanda ante la Dirección General de Asuntos Especiales de la PGR, argumentando que la juez “presumiblemente ha compartido información confidencial vinculada directamente con los hechos que se investigan.
“Por el orden cronológico en que se presentaron la declaración de Josefina Rosey González y la demanda de amparo de Elektra puede inferirse una violación al deber de imparcialidad que debió guardar la indiciada.
“La juez sexto de lo Civil en el Distrito Federal, Josefina Rosey González, probablemente ha dirigido o aconsejado a una persona jurídica que litiga ante ella; es decir, ha aconsejado a Elektra o compartido información confidencial sobre argumentos relacionados con los hechos del juicio ordinario mercantil 786/2012 y los de la presente indagatoria, al tiempo que dicha sociedad es parte actora en el juicio ordinario mercantil 786/2012 que se sigue ante el órgano jurisdiccional a cargo de la indiciada”, afirma Riquelme Rodríguez en la ampliación de la demanda.
Por ley, Grupo Elektra no debe tener acceso a la demanda contra la juez y menos a la declaración de ésta en respuesta a la denuncia por “ventaja indebida”.
