Ciudad de México, 12 de agosto (Sin Embargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la sanción más drástica de la legislación electoral como lo es la cancelación del registro como partido político, por considerar que no violó la ley de forma grave y sistemática, a pesar de todas las pruebas y argumentos presentados.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la mayoría de los consejeros electorales resolvieron no avalar la solicitud ciudadana que exigía una sanción ejemplar para el Partido Verde por las reiteradas y sistemáticas violaciones a la legislación electoral.
“Las conductas antijurídicas cometidas por el Partido Verde Ecologista de México no tienen como consecuencia la pérdida de su registro, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, inciso e de la Ley General de Partido Políticos ya que si bien están considerando que son sistemáticas no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición”, sostuvo la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra del proyecto, sintetizó en una frase los alcances de la resolución la sesión del Consejo General, que según destacados ciudadanos avala la impunidad.
“Hoy un partido político permanecerá, una institución perderá, la consolidación de la democracia retrocederá, y los ciudadanos nos juzgarán”, afirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Este día, el Consejo General del INE debatió el proyecto que determina que no hay elementos suficientes para la cancelación o pérdida de registro del PVEM, a pesar de que el mismo sostiene que en un periodo corto, este partido político transgredió gravemente diversas disposiciones.
Durante la discusión, los consejeros a favor de la sanción al Verde argumentaron que el tema central de la discusión es si la autoridad electoral va a tolerar una estrategia de violación de normas como una vía para obtener beneficios electorales.
Quienes se pronuncian por no castigar al Verde señalaron que si bien existen diversas violaciones a la legislación, esos agravios ya fueron analizados y resueltos en contra de este partido político, con lo cual ya han sido subsanados.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral, reconoció que el partido del tucán violó la Ley gravemente, pero no puso en riesgo la elección y sus conductas ilegales ya fueron sancionadas.
“El Partido Verde Ecologista de México violó la ley y por eso fue sancionado, lo hizo de manera grave y por eso fue sancionado gravemente, pero el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses no pudo en riesgo no al sistema democrático, ni al Estado constitucional”, dijo.
Córdova rechazó que al mantener el registro al Verde se avale la impunidad. “Es una falacia hablar como algunos lo hacen de impunidad, que literalmente significa falta de castigo para dichas conductas”, indicó.
“La pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido político, es una sanción radical en suma y en los hechos trascendente pues sus efectos no se circunscriben al partido o a su dirigencia, sino que alcanzan a sus militantes o simpatizantes”.
Algunos de los ilícitos mencionados en el propio dictamen son los relativos a la violación al modelo de comunicación política, el dictado de medidas cautelares, la prohibición de entrega de dádivas, la portación de entes prohibidos, menoscabó el principio de equidad, entre otras conductas.
El cúmulo de incumplimientos no estuvo a debate en la sesión del Consejo General. Durante sus exposiciones, los propios consejeros y los representantes de los partidos políticos señalaron que es más que evidente la gravedad de las contravenciones a las normas electorales.
“Sostengo que hay elementos y está acreditado, que el Partido Verde incumplió obligaciones que señalan las normas electorales de forma grave y sistemática, por lo cual esta autoridad debiera determinar la pérdida de su registro”, afirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Es por ello que los consejeros Pamela San Martín, Arturo Sánchez y Javier Santiago cuestionaron ¿Qué se necesita para castigar a un partido político con la máxima sanción? o ¿cómo evitar que un partido político se beneficie tras hacer una evaluación de costo beneficio, y decida pagar con dinero las violaciones a la ley?
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