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El asesor jurídico en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, Javier Guízar, pide no desestimar la grave ignorancia del jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, cada vez que elude su responsabilidad en el tema de las obras irregulares. Cada mentira –como aquel sonsonete de que todo es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o cómo esquivó su obligación de detener la obra de demolición de la Octava Delegación, en Narvarte, inmueble protegido por el INBA dado su valor artístico-- es desenmarañada y puesta al descubierto en el siguiente artículo que el especialista entregó a Libre en el Sur.
Javier Guízar
La ruta de la ilegalidad con la que se conduce la voracidad inmobiliaria goza total y absolutamente de la complacencia de las autoridades delegacionales, al asumir éstas una actitud pasiva u omisa, convirtiéndose en los mejores abogados y defensores de los desarrolladores. Es el caso del jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, de quien se ha subestimado su ignorancia; cada que se le exigen acciones en contra de las obras irregulares, argumenta que no le toca, que no está es sus facultades, que corresponde al INVEA, o bien que él no expide permisos, especificando que es la Seduvi la que autoriza.
Incluso durante su reciente comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Romero llegó al grado de ofrecer su renuncia si le demuestran que le toca verificar en materia de uso de suelo o que expide permisos de construcción; otro hecho que demuestra la inopia de quien fue electo para defender y proteger a los juarenses, desconoce que los cargos de elección popular son irrenunciables.
Un argumento que resulta ofensivo para la inteligencia de quienes reclaman acciones en contra de la voracidad inmobiliaria, fue el esgrimido por la administración a cargo de Jorge Romero en el caso de la demolición del inmueble que ocupaba la Octava Delegación de Policía, ubicado en Avenida Cuauhtémoc s/n esq. Obrero Mundial, el cual dicho sea de paso, se encontraba catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde la excusa para no ejercer sus facultades fue “que no encontraron el predio”.
Cómo no recordar la puntada del rábula de Romero Herrera en relación al derrumbe en la subestación de electricidad de la CFE, en la que falleció un trabajador de la construcción, indicó que se trataba de “un caso sui géneris que no requiere Manifestación de Construcción por tratarse de una obra a cargo de la Administración”, sin duda la ignorancia es muy atrevida, argumento que desmentimos e ilustramos en la publicación de Libre en el Sur y en redes sociales (twitter), sin obtener replica o aclaración de Romero.
Sé que no cumplirá su palabra de dejar el cargo, lo cual tendría que hacer a través de solicitar licencia, y no quiero provocar su ingenio para que salga con la gracejada que la ley no hace prueba, lo que quiero es atajar su discurso lleno de verdades a medias que no son más que mentiras completas, encubiertas en el fraseo engañoso, para justificar la omisión del gobierno que encabeza para no poner un alto a las obras irregulares y cortar de tajo el nicho de corrupción que ofrece el desarrollo inmobiliario voraz.
Romero desconoce y/o pretende engañar a la ciudadanía con su argumento basado en “no otorgo permisos de construcción”; al respecto, le aclaro a Romero que nadie, absolutamente nadie tiene facultades para expedir permisos de construcción, ya que éstos no existen. Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF), quienes pretendan construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, previo al inicio de los trabajos, deben registrar la manifestación de construcción correspondiente, ante la Delegación en donde se localice la obra o proyecto.
La autoridad delegacional registrará la manifestación de construcción siempre que se cumpla con la entrega de los documentos y se proporcionen los datos requeridos en el formato respectivo. Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.
Cabe puntualizarle que, de conformidad con el artículo 5 del RCDF, las áreas competentes en las Delegaciones para registrar manifestaciones de construcción deben contar con un profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de Obra. Adicionalmente, finalizada la obra, los propietarios están obligados a dar aviso a la Delegación, a fin de que, a través de una visita al inmueble y del cotejo de la documentación correspondiente, la autoridad constate que la obra se ejecutó conforme a lo manifestado y en apego a las disposiciones jurídicas de la materia. En caso de que la obra no se ajuste a la manifestación de construcción registrada se ordenará al propietario efectuar las modificaciones necesarias y, en tanto no se ejecuten la Delegación no autorizará el uso y ocupación de la obra.
Aclarado el tema referente a “no doy permisos de construcción”, en forma breve atenderemos el argumento del “no me corresponde verificar en materia de uso de suelo –“es facultad del INVEA”--, para justificar la omisión y reticencia para realizar acciones de verificación en contra de obras irregulares.
Si bien, como lo menciona Romero, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal establece que es competencia de dicha Entidad Administrativa realizar visitas de verificación en materia de Desarrollo Urbano y Uso de Suelo, lo que parece ignorar el Delegado en Benito Juárez, por así convenir a sus propios intereses, es que dicho ordenamiento legal mandata que las Delegaciones tienen atribuciones para ordenar visitas de verificación a Construcciones y Edificaciones; sumado a las atribuciones conferidas a los Órganos Político Administrativos en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, relacionadas con practicar visitas de verificación, desde el posterior registro de la manifestación de construcción y una vez concluidas las obras, para determinar su realización en apego a las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a lo consignado en el registro de manifestación de construcción.
A Jorge Romero parece que cuando le conviene no le toca, y si le toca no encuentra el predio en el que se realizan las obras, o más aún las clasifica de motu proprio como casos sui géneris para exentarlas del Registro de Manifestación de Construcción; lo que es claro es que la gente hoy en día sabe y conoce sus derechos y por ende los exige, lo que lleva a que a Romero se le agoten las escusas y a los Juarenses la paciencia. Reitero, no espero que cumpla su palabra de dejar el cargo ante estas demostraciones, sin embargo, exijo que aplique las atribuciones que el imperio de la ley le confiere.
Twitter: @javier_guizar
Email: jjguizar@gmail.com
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