Distrito Federal– En el sórdido ambiente del futbol mercantil, el que fuera de las canchas decide la suerte de los jugadores y directores técnicos, está ocurriendo un sainete, divertido por la exhibición de hipocresía y autoritarismo, y del que puede, aunque la posibilidad sea remota, surgir la dignificación de un negocio que se parece demasiado a la trata de personas.
El 8 de septiembre, después del juego amistoso de la selección mexicana contra la de Colombia, en Monterrey, los jugadores mexicanos organizaron una juerga en el hotel donde habían estado concentrados. Estaban ya liberados de su compromiso y pudieron comportarse como adultos que festejan hasta el límite que cada quien se impone. Supongo que el desfogue que sucede a un encuentro adquiere más de una vez las dimensiones de una parranda entre amigos o compañeros de equipo. Pero esta vez, probablemente por delación de un miembro de la Federación Mexicana de Futbol, la banacal trascendió a los medios y se generó un escándalo, artificialmente azuzado porque de la pachanga no se derivaron daños y perjuicios para el equipo, como hubiera ocurrido si el convivio se hubiera realizado antes de un encuentro.
Ante el escándalo fabricado, la Federación Mexicana de Futbol, una asociación civil que actúa como si fuera un poder autónomo dentro del Estado mexicano, resolvió sancionar a los juerguistas, atribuyéndoles faltas a la disciplina. En proceso oscuro, que juzgó en bloque a los deportistas pero produjo sanciones diferenciadas, a dos de ellos, Carlos Véla y Efraín Juárez, los echó fuera de la selección durante seis meses, y al resto de los acusados (Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido. Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Enrique Esqueda y Héctor Moreno) se les multó con cincuenta mil pesos a cada uno. En un acto de falsa filantropía, la Federación dispuso que el monto, los 550 mil pesos resultantes fueran donados a una obra en Ciudad Juárez (donde se realizará el próximo partido de la selección, contra Venezuela) o a los damnificados de Veracruz. No quedó claro cómo se haría efectivo el pago de la sanción. Salvo tres de los afectados (Ochoa, Torrado y Esqueda) todos los demás juegan en Europa, en las ligas de Gran Bretaña, Holanda y España.
Organizados por Márquez, capitán del equipo en la cancha, los afectados reaccionaron vivamente contra la sanción, o por lo menos el modo de darla a conocer. En una carta, sin firmas, enviada por correo electrónico a Justino Compeán y Decio de María, presidente y secretario general de la Federación, solicitan no ser convocados a próximos juegos de la selección (es decir, anuncian que no acudirán al llamado) en tanto permanezca a cargo de los equipos nacionales el señor Néstor de la Torre. Contra él personalmente dirigen su argumentación los jugadores, y le imputan no pocos defectos e insuficiencias en el desempeño de su responsabilidad.
En congruencia con varios juicios severos y aun agrios contra la prensa deportiva, los no firmantes pero presuntamente autores de la comunicación, pidieron a los destinatarios que esa carta no fuera dada a conocer a los medios. Pero el documento, fechado al día siguiente de anunciadas las sanciones en su contra, apareció el martes en el diario deportivo Record. Se percibe en él enojo y molestia no tanto por las sanciones que, por otra parte, consideran injustificadas, sino porque se les expuso al escarnio público, a diferencia de otras veces en que, dicen, la ropa sucia se ha lavado en casa.
Será hasta octubre, cuando se reúnan los dueños de lo clubes de futbol cuando se adopte una decisión sobre la actitud de los jugadores, que en general han sido condenados en la prensa especializada, que los acusa de soberbia. Al contrario, me parece que entre los tufos que suele despedir el ambiente del negocio futbolero, la carta de los trece es una bocanada de aire fresco, un rapto de dignidad de los jugadores lastimados en su reputación, que por primera vez rehúsan ser tratados como cosas. Habrá que esperar cuántos se sostienen en esa posición. Es posible que más de uno cambie de opinión, ante las presiones que su conducta ha suscitado, y alegue no haber suscrito la carta. Sería una lástima que dejaran en la estacada a Márquez y abandonaran la defensa de su buen nombre, lastimado por una organización que se arroga capacidades que el derecho nacional no puede admitir.
El régimen autoritario de la FMF está a prueba en estos días en los tribunales de amparo. Está por dilucidarse el caso de Salvador Carmona, un jugador que fue declarado reincidente por el uso de tóxicos y al que se le vedó de por vida participar en equipos de futbol profesional. Carmona ha pretendido defenderse demandando por daño moral a la Federación, que no únicamente lo exhibió como vicioso ante la opinión pública, sin pruebas adicionales a las internas de la Federación, sino que también contrarió la libertad de trabajo estipulada en el artículo quinto de la Constitución.
En un caso más la Federación se comporta al margen del derecho, esta vez del derecho mercantil, o corporativo como se le llama ahora. El señor Ricardo Henaine, castigado por un año por un ex abrupto contra un árbitro, adquirió la mayoría de acciones del club Puebla, pero debe esperar ser reconocido como titular de la propiedad del equipo angelopolitano por el poderoso club de dueños, el verdadero foco de decisiones de una Federación que actúa como mampara de sus intereses, no sólo futboleros.
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