Que minorías políticas se atengan a lo aprobado sobre energía: Lozoya

En los cambios se plasmaron las principales propuestas de la izquierda, asegura

Para el director de la paraestatal, los resultados de la reforma se verán en dos o tres años

Emilio Lozoya Austin, director general de PemexFoto Francisco Olvera

Israel Rodríguez J. y Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Lunes 16 de diciembre de 2013, p. 3

La minoría se atiene a la mayoría. Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura que el proceso legislativo que reformó la semana pasada tres artículos de la Constitución para abrir la industria petrolera al capital privado fue absolutamente apegado a las normas democráticas del país. Afirma: muchos de los planteamientos de la izquierda fueron recogidos. En dos o tres años podremos ver indicios de incrementos importantes en producción, dice en una entrevista con La Jornada.

–¿Cuál es el cambio entre empresa paraestatal, como hasta hoy ha sido Pemex, y empresa productiva del Estado, como la define la reforma constitucional?

–Es un cambio sustancial en un camino que lleva a Pemex a ser una empresa cada vez más eficiente, ágil y transparente. Una empresa productiva del Estado, como se refleja en el texto constitucional y en los transitorios, es una a la que se dota de autonomía presupuestal, financiera, de gestión y técnica, que son muchos de los avances que la izquierda mexicana pedía en sus planteamientos. Le permite competir de una forma más eficiente con las grandes petroleras a escala internacional.

Riesgos compartidos

–La propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto era compartir utilidades. Usted explicó entonces que de esa forma Pemex no sería la única en asumir el riesgo en algunos proyectos. La reforma aprobada incluye, además, las modalidades de producción compartida y licencias, y añade el término entre otros, que algunos críticos identifican con concesiones. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras modalidades de participación privada?

–En el texto constitucional queda estipulado claramente que las concesiones están prohibidas. Se retoma el espíritu en este sentido de la reforma de Lázaro Cárdenas (quien como presidente expropió la industria en 1938). En aquella época se permitían el pago en efectivo o especie por los servicios de las empresas que compartieran el riesgo. Diría que en esencia se está llevando el espíritu cardenista de la ley reglamentaria del artículo 27 al texto constitucional.

–¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de utilidad compartida, uno de producción compartida y una licencia, desde el punto de vista económico?

–Ninguna. Es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista operativo tiene diferencias. Empiezo con el de utilidad compartida: si hay un pozo pequeño en el que entra una empresa asociada con el Estado a compartir riesgo y se generan, por decir, 100 barriles al día, para esa empresa pequeña pagarle en barriles de crudo sería muy complejo. Tendría que transportar cantidades muy pequeñas y perdería competitividad. Esa empresa va a invertir y preferiría que se le pagara en efectivo. Sin embargo, si es un yacimiento más grande y recibe un pago, por decir una cosa, de tres o cuatro barriles por cada 100 extraídos, preferirá que se le pague en barriles de crudo, porque así los podrá comercializar por su lado. Y las licencias son una combinación de esas. La licencia en un permiso para explotar y producir en un yacimiento con base en reglas predeterminadas por el Estado.

Eso no sucedería en una concesión. En una concesión se le da el usufructo de un bien público a un privado, y éste lo desarrolla bajo su libre albedrío. Es decir, en estas tres modalidades que se aprueban: de utilidad, producción compartida y licencias, el Estado mexicano retiene en todo momento la soberanía sobre el subsuelo, la propiedad también de los hidrocarburos y retiene la soberanía sobre el desarrollo de los proyectos, asegura.

–Hay otro tema a discusión desde que el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa en agosto, el de la renta petrolera. No queda claro de qué manera se garantiza que la renta petrolera siga siendo del Estado, si va a haber participantes privados cuyo incentivo es obtener un dividendo.

–Definiría la renta petrolera como los impuestos que cobra el Estado en la industria energética. La totalidad de éstos ronda 70 por ciento de los proyectos y los flujos en países como Noruega o Brasil. Hoy día la renta petrolera en nuestro país es de alrededor de 90 por ciento (los impuestos que paga Pemex sobre sus utilidades operativas). Tanto la izquierda como el centro y la derecha están de acuerdo en que someter a Pemex a una carga tributaria de 90 por ciento no le permite capacidad para reinvertir lo suficiente.

Esa falacia que se viene diciendo de que se está privatizando la renta petrolera está muy lejana de la verdad. Es absolutamente falaz, señala.

–¿Cómo será el régimen de contratación de los trabajadores?

–La relación entre la empresa y el sindicato no se altera. En el artículo segundo transitorio queda claramente plasmado que se respetan los derechos laborales adquiridos.

–En un caso hipotético, llegan las empresas trasnacionales; ¿podrán hacerlo con su propia fuerza de trabajo o van a contratar personal de Pemex con otras condiciones laborales?

–Veremos lo que sucede. Para el sindicato, y no es una opinión que pretenda crear una expectativa, y para la empresa hay un reto de modernizarse. En el caso de la empresa, yo puedo referirme a lo que haremos, pero en el caso del sindicato modernizarse implica también la posibilidad de que emigren de ser un gremio de empresa a ser uno de industria. Ellos lo tendrán que negociar o atraer a las empresas internacionales para que trabajen con ellas.

–Un sector de la población no se siente satisfecho con la reforma. Como director de la empresa, ¿cuál es su mensaje si los tuviera enfrente?

–A la gente que es escéptica de la reforma yo le diría que el proceso fue absolutamente apegado a las normas democráticas de nuestro país, que pasan por elegir a nuestros representantes en las cámaras de Diputados y de Senadores. La ley constitucional obliga a que dos terceras partes del Congreso de la Unión aprueben los cambios constitucionales, y eso sucedió. Habrá otras leyes y otros ámbitos en los cuales las fuerzas políticas que aprobaron esta reforma no van a estar de acuerdo, pero si son la minoría, pues se atienen a lo aprobado por las mayorías.

–¿En qué tiempo se podrán medir los principales resultados tras la instrumentación de la reforma energética?

–Suponiendo que el precio de los hidrocarburos queda igual que hoy, creo que de dos a tres años podemos ver los indicios de incrementos importantes en producción y en algunas de estas variables. En fertilizantes podría decir que en dos años seremos capaces de revertir una parte importante de las importaciones. La restructura a Pemex será en dos años. El impacto en la economía mexicana se sentirá en uno o dos años.