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sábado, 14 de marzo de 2015

La Corte es mía

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- No me importa lo que digan, ni si han juntado más de cincuenta mil firmas. Tampoco su postura frente a los derechos de las mujeres. Ni si es responsable último e impune de graves violaciones a derechos humanos. Si cumplió o no su trabajo en materia de seguridad y procuración de justicia, nada tiene que ver. Que lo perciban bien o mal en el propio poder judicial, que su carrera jurídica sea exitosa o poco menos, no me importa. Cualquier otra cosa que puedan decir, para mí es intrascendente. La Corte es mía y yo hago con ella lo que yo quiera.
Nuestra costumbre es pensar que lo anterior atiende solamente a la determinación del presidente de la República, pero con un poco más de calma, podemos ver con claridad que “el régimen” es el que nos pone en cara esta realidad. No ha sido el presidente solo, su decisión la han secundado 83 integrantes del Senado provenientes de diferentes partidos. Cabe preguntar ¿a quién representan con esos votos? Claramente no a la parte de la sociedad que levantó tanta polémica sobre un nombramiento para la Corte y ni siquiera, por asomo, a cualquier otra parte de la sociedad, puesto que muy escasas voces, si alguna aparte de la del elegido, defendieron la idoneidad del nuevo miembro del máximo tribunal del país.
Podemos seguir pensando que nuestra democracia representativa funciona, sobre todo a la vuelta de las elecciones, pero más allá de ilusiones, lo que me parece más importante es preguntarnos, ¿y ahora qué sigue para la Corte? Bueno, a final del año vienen dos sustituciones. Salen dos personas que en sus más de veinte años en el más alto tribunal han procurado asumir posturas favorables a los derechos humanos. Críticas aparte, ¿a quiénes se va a designar para ocupar sus lugares? “El régimen” lo tiene claro, a quienes se les antoje. Todo indica que hagamos lo que hagamos desde la sociedad, el presidente y los partidos políticos que le siguen nos han demostrado que no representan más que a sus intereses.
Y entonces, la pregunta sigue en pie, ¿Qué hacemos?, ¿Dejamos que la Corte retroceda al lugar que tenía antes de 1995?, condenada desde este año a ser apéndice del “régimen” en el poder, ¿O qué alternativas tenemos?
Quisiera creer que al interior de la Corte, a partir de esta dura realidad, se puede tomar conciencia de que su postura para concentrar poder dentro del poder judicial ya no es viable, que asumirse infalibles en sus decisiones e imponerlas como obligatorias e incuestionables para todos los juzgados y tribunales del país no llevará a nada más que a invitar al “régimen” a que la controle a golpe de nombramientos a modo, para que controlando incluso a una minoría de once, desde ahí, con suma verticalidad, se controle a todo órgano judicial en México.
Lo malo es que por más que quiera creer, no me puedo conformar con tan poco. Por eso pienso que ahora, una parte de nuestra agenda debiera ser buscar que no once, sino once mil, sesenta mil o más, servidoras y servidores públicos responsables de ejercer el poder judicial en todos los estados y la Federación, adquieran verdadera independencia para encarar la encomienda que desde la Constitución de la República se les hace, y que no es otra que asumirse defensoras y defensores de los derechos de la gente.
Cada integrante, titulares y personal, de cada juzgado y tribunal del país, tiene la obligación de ser garante de nuestros derechos humanos. Si “el régimen” nos ha demostrado con toda claridad que puede imponernos a quien quiera en la Corte, mientras sigamos confiando en que en las elecciones podemos de verdad elegir un cambio, no nos queda sino ocuparnos también de mirar a todos esos juzgados y tribunales, a exigirles que nos defiendan frente al “régimen” imperante caso a caso, sentencia tras sentencia. Pedir que la gente que nos juzga, aparte de eso, nos rinda cuentas. Pelear porque esa gente a la que no elegimos, a la que eligen en “nuestra representación”, sin importar su legitimidad de origen, nos demuestren caso a caso, sentencia tras sentencia, que están para servirnos y defendernos. ¿O qué otra opción tenemos?, ¿Qué más nos queda por hacer?

lunes, 2 de marzo de 2015

Proceso, enemigo de Peña Nieto: Nuño

Aurelio Nuño y Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez
Aurelio Nuño y Enrique Peña Nieto en Los Pinos. 
MÉXICO, D.F. (apro).- Corrupción, represión, impunidad e ineptitud marcan el gobierno de Enrique Peña Nieto, expuestos sólidamente en El regreso autoritario del PRI, libro de Arturo Rodríguez García, pero también es nítido ya el sello de su relación con los medios: privilegios para los aliados, represalias para los enemigos.
Esos vicios de la incultura priista que ha infectado casi todo, notoriamente a los principales partidos y a las instituciones nacionales –y ahora Televisa como garante de la justicia–, no desaparecerán obviándolos, sino exponiéndolos para no volvernos cínicos, sobre todo los que somos periodistas.
Lo hace Arturo Rodríguez García con El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis, y lo hace también el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, quien en el prólogo del libro cuenta un episodio emblemático de la relación del gobierno de Peña con el semanario fundado por Julio Scherer García.
En noviembre del 2012, unos días antes de la toma de posesión de Peña, Aurelio Nuño Mayer, miembro del equipo de transición del presidente electo y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, se reunió con el director de Proceso en el restaurante Lipp, del hotel JW Marriot.
“Sin clientela a esa hora, la ríspida conversación no tuvo más testigos que los propios interlocutores”, inicia el relato de Rodríguez Castañeda.
–¿Cómo ven a Proceso? –pregunté para entrar al único tema posible entre ambos.
–Lo vemos como lo que son: enemigos políticos del gobierno que viene… Cada domingo recibimos Proceso sobre el escritorio. Acaso leemos la portada y la hacemos a un lado. Sabemos, sin leer el contenido, lo que dicen. No sorprenden a nadie.
No podía creer el grado de intolerancia que demostraban las palabras de Nuño. ¿Hacer periodismo crítico e independiente lo convierte a uno en enemigo del gobierno?
–No acepto esos términos –le dije–. Somos periodistas, no somos políticos y no aspiramos al poder…
–Son enemigos del presidente Peña Nieto. Hicieron todo lo posible para que no alcanzara el triunfo electoral.
–Puedes decir cualquier cosa –lo interrumpí–. Que nos excedemos, si así lo quieres ver, que somos radicales. ¿Pero enemigos del presidente? Por favor…
–¿Y qué dices de aquella portada de Proceso cuando la muerte de la esposa del entonces gobernador Peña Nieto, “las dudas” a las que se refirieron? El presidente no lo perdona.
–Por eso, Aurelio, pueden llamarnos excesivos, pero no pueden darnos trato de enemigos políticos…
–Para nosotros, eso son. Pero… hasta con los enemigos puede uno entenderse.
Nos retiramos. Su café y mi agua mineral quedaron sin tocar.
Por supuesto, el gobierno de Peña Nieto y Proceso nunca se han entendido.
Hasta ahí el relato de ese encuentro que hace el director de la revista, quien enseguida, luego de un tercio del gobierno de Peña, rubrica:
“Aquel episodio auguraba lo que vendría. Y lo que vino y está presente en el México de hoy es el autoritarismo del que da cuenta el libro de Arturo Rodríguez.”
Apuntes
El mismo sábado 28 de febrero que se presentó el libro de Arturo Rodríguez, en la Feria del Palacio de Minería, se hizo lo propio con Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, de José Gil Olmos, también compañero de Proceso, sobre el infierno que vive esa entidad. En ambos casos, se trata de trabajos periodísticos oportunos: que aparecen cuando deben decirse las cosas, no a toro pasado como el periodismo servil.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

sábado, 21 de febrero de 2015

Diputados del PRI reviven ley para censurar internet

diputados pri

La iniciativa conocida como “Ley Beltrones” promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pretende permitir la censura por parte de autoridades de publicaciones en la red, bajo el argumento de protección a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.
Legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, presentaron una iniciativa para reformar las Leyes de la Propiedad Industrial y Federal del Derecho de Autor, con lo que se busca implementar “medidas preventivas y definitivas que permitan detener o impedir, en el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual”.
Defensores de los derechos digitales alertan que esta iniciativa abre la puerta a la censura y bloqueo de derechos de acceso a la información y cultura.
La iniciativa promovida por el tricolor, pretende sancionar la publicación en Internet de obras protegidas por derecho de autor y propiedad intelectual de obras artísticas, literarias y fonogramas sin la autorización explícita de los titulares de los derechos.
Dicha propuesta dota al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de las facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de Internet.
De acuerdo a la iniciativa, las sanciones irían desde la suspensión de la puesta a disposición del público del contenido, hasta multas de 5,000 hasta 40,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
Activistas y defensores de los derechos digitales aseguran que esta ley se trata de un nuevo intento para regular el internet bajo los argumentos de proteger a la industria de producción, argumentando el combate a la piratería. No sería la primera vez que legisladores del PRI intentan aprobar una ley de esta naturaleza, sin embargo en anteriores ocasiones no han logrado sacarlas adelante debido a la fuerte presión social.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Que minorías políticas se atengan a lo aprobado sobre energía: Lozoya

En los cambios se plasmaron las principales propuestas de la izquierda, asegura

Para el director de la paraestatal, los resultados de la reforma se verán en dos o tres años
Foto
Emilio Lozoya Austin, director general de PemexFoto Francisco Olvera
Israel Rodríguez J. y Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de diciembre de 2013, p. 3
La minoría se atiene a la mayoría. Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura que el proceso legislativo que reformó la semana pasada tres artículos de la Constitución para abrir la industria petrolera al capital privado fue absolutamente apegado a las normas democráticas del país. Afirma: muchos de los planteamientos de la izquierda fueron recogidos. En dos o tres años podremos ver indicios de incrementos importantes en producción, dice en una entrevista con La Jornada.
–¿Cuál es el cambio entre empresa paraestatal, como hasta hoy ha sido Pemex, y empresa productiva del Estado, como la define la reforma constitucional?
–Es un cambio sustancial en un camino que lleva a Pemex a ser una empresa cada vez más eficiente, ágil y transparente. Una empresa productiva del Estado, como se refleja en el texto constitucional y en los transitorios, es una a la que se dota de autonomía presupuestal, financiera, de gestión y técnica, que son muchos de los avances que la izquierda mexicana pedía en sus planteamientos. Le permite competir de una forma más eficiente con las grandes petroleras a escala internacional.
Riesgos compartidos
–La propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto era compartir utilidades. Usted explicó entonces que de esa forma Pemex no sería la única en asumir el riesgo en algunos proyectos. La reforma aprobada incluye, además, las modalidades de producción compartida y licencias, y añade el término entre otros, que algunos críticos identifican con concesiones. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras modalidades de participación privada?
–En el texto constitucional queda estipulado claramente que las concesiones están prohibidas. Se retoma el espíritu en este sentido de la reforma de Lázaro Cárdenas (quien como presidente expropió la industria en 1938). En aquella época se permitían el pago en efectivo o especie por los servicios de las empresas que compartieran el riesgo. Diría que en esencia se está llevando el espíritu cardenista de la ley reglamentaria del artículo 27 al texto constitucional.
–¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de utilidad compartida, uno de producción compartida y una licencia, desde el punto de vista económico?
–Ninguna. Es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista operativo tiene diferencias. Empiezo con el de utilidad compartida: si hay un pozo pequeño en el que entra una empresa asociada con el Estado a compartir riesgo y se generan, por decir, 100 barriles al día, para esa empresa pequeña pagarle en barriles de crudo sería muy complejo. Tendría que transportar cantidades muy pequeñas y perdería competitividad. Esa empresa va a invertir y preferiría que se le pagara en efectivo. Sin embargo, si es un yacimiento más grande y recibe un pago, por decir una cosa, de tres o cuatro barriles por cada 100 extraídos, preferirá que se le pague en barriles de crudo, porque así los podrá comercializar por su lado. Y las licencias son una combinación de esas. La licencia en un permiso para explotar y producir en un yacimiento con base en reglas predeterminadas por el Estado.
Eso no sucedería en una concesión. En una concesión se le da el usufructo de un bien público a un privado, y éste lo desarrolla bajo su libre albedrío. Es decir, en estas tres modalidades que se aprueban: de utilidad, producción compartida y licencias, el Estado mexicano retiene en todo momento la soberanía sobre el subsuelo, la propiedad también de los hidrocarburos y retiene la soberanía sobre el desarrollo de los proyectos, asegura.
–Hay otro tema a discusión desde que el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa en agosto, el de la renta petrolera. No queda claro de qué manera se garantiza que la renta petrolera siga siendo del Estado, si va a haber participantes privados cuyo incentivo es obtener un dividendo.
–Definiría la renta petrolera como los impuestos que cobra el Estado en la industria energética. La totalidad de éstos ronda 70 por ciento de los proyectos y los flujos en países como Noruega o Brasil. Hoy día la renta petrolera en nuestro país es de alrededor de 90 por ciento (los impuestos que paga Pemex sobre sus utilidades operativas). Tanto la izquierda como el centro y la derecha están de acuerdo en que someter a Pemex a una carga tributaria de 90 por ciento no le permite capacidad para reinvertir lo suficiente.
Esa falacia que se viene diciendo de que se está privatizando la renta petrolera está muy lejana de la verdad. Es absolutamente falaz, señala.
–¿Cómo será el régimen de contratación de los trabajadores?
–La relación entre la empresa y el sindicato no se altera. En el artículo segundo transitorio queda claramente plasmado que se respetan los derechos laborales adquiridos.
–En un caso hipotético, llegan las empresas trasnacionales; ¿podrán hacerlo con su propia fuerza de trabajo o van a contratar personal de Pemex con otras condiciones laborales?
–Veremos lo que sucede. Para el sindicato, y no es una opinión que pretenda crear una expectativa, y para la empresa hay un reto de modernizarse. En el caso de la empresa, yo puedo referirme a lo que haremos, pero en el caso del sindicato modernizarse implica también la posibilidad de que emigren de ser un gremio de empresa a ser uno de industria. Ellos lo tendrán que negociar o atraer a las empresas internacionales para que trabajen con ellas.
–Un sector de la población no se siente satisfecho con la reforma. Como director de la empresa, ¿cuál es su mensaje si los tuviera enfrente?
–A la gente que es escéptica de la reforma yo le diría que el proceso fue absolutamente apegado a las normas democráticas de nuestro país, que pasan por elegir a nuestros representantes en las cámaras de Diputados y de Senadores. La ley constitucional obliga a que dos terceras partes del Congreso de la Unión aprueben los cambios constitucionales, y eso sucedió. Habrá otras leyes y otros ámbitos en los cuales las fuerzas políticas que aprobaron esta reforma no van a estar de acuerdo, pero si son la minoría, pues se atienen a lo aprobado por las mayorías.
–¿En qué tiempo se podrán medir los principales resultados tras la instrumentación de la reforma energética?
–Suponiendo que el precio de los hidrocarburos queda igual que hoy, creo que de dos a tres años podemos ver los indicios de incrementos importantes en producción y en algunas de estas variables. En fertilizantes podría decir que en dos años seremos capaces de revertir una parte importante de las importaciones. La restructura a Pemex será en dos años. El impacto en la economía mexicana se sentirá en uno o dos años.

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