Con Javier Duarte de Ochoa prófugo y su administración bajo escrutinio, siguen aflorando más oscuros manejos y casos de corrupción. Ahora, un diputado federal, quien fue colaborador del exmandatario priista, aporta datos a este semanario sobre la relación que tejió el exgobernador con la prensa local y nacional. Algunos de los millonarios pagos que acordaba el anterior gobierno veracruzano con medios y periodistas nunca fueron cubiertos.
XALAPA, VER.- Mientras Javier Duarte de Ochoa cumple más de dos meses prófugo y su defensa legal confirma que el exmandatario veracruzano salió del país en noviembre pasado, en Veracruz siguen brotando evidencias de desvío de recursos, irregularidades diversas y proliferación de empresas fantasma.
Sólo en cuanto a la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) se registran, entre 2012 y 2013, pagos por más de 383 millones de pesos a diversas empresas, por servicios que aparentemente no se realizaron.
Además, en el Anexo Único de Cuentas por pagar, que la Secretaría de Finanzas y Planeación le entregó al Órgano de Fiscalización del estado, aparece un pasivo de más de 378 millones de pesos en adeudos a televisoras, medios nacionales y locales, y también a columnistas, directores de medios, reporteros e incluso a particulares.
Para cubrir estos pagos, Javier Duarte de Ochoa dejó un proyecto de decreto para hacer que dichos pasivos sean cubiertos con 2% de la nómina de la administración estatal, argucia legislativa que el actual Congreso local y el nuevo mandatario ya piensan “echar abajo”, pues eso comprometería las finanzas de Veracruz los próximos cinco años.
Ya el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que no “pagará ni un solo centavo” a medios afines al gobierno de Duarte.
Y en el caso específico de Editorial Sánchez –propiedad de la familia del exdiputado priista Eduardo Sánchez Macías y del suegro de Javier Duarte, Antonio Macías Yazegey–, Yunes confirmó que éstos son “investigados” por haber recibido cerca de 230 millones de pesos durante el sexenio que concluyó.
Esa empresa edita El Heraldo de Xalapa, El Heraldo de Coatzacoalcos y El Martinense, entre otros rotativos que tenían una línea editorial obsecuente al gobierno de Duarte, y cuyos ejemplares se regalaban en las dependencias públicas estatales y en los ayuntamientos.
Yunes afirmó que tampoco se les pagará ni un peso a Diario AZ ni a El Centinela, periódicos hacia los que –según el gobernador– fluyeron inexplicablemente casi 100 millones durante la administración duartista.
A mitad del sexenio de Duarte este reportero solicitó, vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los convenios publicitarios del gobierno estatal con radio, prensa escrita y televisión, así como la contratación de spots en salas de cine, la renta y compra de espectaculares y demás.
La respuesta fue siempre la misma: “El gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘reserva’, la información relativa a la partida 513636100005”.
Dicha partida se destinaba a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales”. En junio de 2013 Duarte publicitó este acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, donde se anexaba el “candado financiero” a los “programas y actividades gubernamentales”, en un documento rubricado por la entonces presidenta del Comité de Información de Acceso Restringido de la Coordinación General de Comunicación Social, Georgina Domínguez Colio.
Prensa fantasma
Con diversos exservidores públicos de Duarte bajo investigación y algunos excolaboradores del exmandatario priista ofreciendo “información” y “servicios” al nuevo gobierno, se volvieron visibles las fracturas de ese equipo.
Una de las más evidentes fue la de la primera vocera de Javier Duarte, Georgina Domínguez Colio –hoy boyante empresaria periodística con la concesión de Quadratín en Veracruz y la tenencia de Conexión Veracruz, una radiodifusora digital– y el segundo jefe de prensa del priista, Alberto Silva, hoy diputado federal.
Silva le hizo llegar a este reportero diversas facturas y una lista resumida de las cuentas que pagó la CGCS a empresas de dudoso origen por un monto de 383 millones de pesos en 2012 y 2013.
Por ejemplo, en las facturas emitidas y pagadas por el área de prensa destacan seis a Publicidad Akira, S. A. de C. V., por más de 59 millones de pesos; las funciones en comunicación de esa empresa se desconocen. Resaltan también tres pagos emitidos a Grupo Balcano, S. A. de C. V., por más de 17 millones de pesos.
O a la empresa Centro de Recursos de Negocios, que facturó a costa del área de prensa casi 1 millón de pesos, pero cuyos servicios nunca conocieron los empleados de comunicación social del estado.
O como exhibió el portal digital Animal Político: la empresa Transacciones, Servicios y Soluciones Globales, que facturó millones de pesos, tiene domicilio fiscal en el número 105 de la calle Flor de Lis, en el fraccionamiento Las Ánimas… que es un lote baldío.
Algunas secretarías del gobierno duartista también ofrecían pagos a medios… aunque no los cumplieran. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo y Cultura le adeuda un millón 740 mil pesos a TV Azteca, según la información proporcionada por el diputado Alberto Silva.
El monto global de la deuda en el área de prensa asciende, hasta la fecha, a 400 millones 146 mil pesos.
Según la misma fuente, destacan los montos por cubrir por 14 millones 790 mil pesos a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil pesos al Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía periodística de El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a Consulver Veracruz, 27 millones al Diario AZ, 25 millones a La Voz del Istmo y 20 millones 592 mil pesos a Eureka Estrategia y Comunicación, empresa desconocida entre el gremio periodístico.
La CGCS también debe a particulares, como a Martín Mendiola Yépez y Froylán Flores, a quienes se les acumulan pasivos por 9 millones de pesos, mientras que al medio nacional Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil pesos; a El Universal, 3 millones 800 mil pesos; 4 millones a Excélsior, así como pequeñas deudas, como la de 600 mil pesos al semanario El Mercurio o 400 mil pesos al columnista Manuel Rosete Chávez.
Al empresario José Luis Oliva Meza, dueño de Radiocentro de Córdoba y Radiocentro de Xalapa, del grupo Oliva, le adeudan 11 millones 108 mil pesos. A Mario Antonio Chama Díaz, director de El Grillo Jarocho y de Seis en Punto, el anterior gobierno le quedó a deber 1 millón 38 mil pesos; mientras que a El Buen Tono, del empresario cordobés José Abella, le dejaron pendientes de facturar 696 mil pesos.
Al director de Proyectos Políticos, revista mensual de Xalapa, no le pagaron 1 millón de pesos, mientras que a Cablemás le dejaron pasivos por 2 millones 320 mil pesos. Al periódico Política (Comunicación en Medios de Veracruz) se le quedaron a deber 3 millones 323 mil pesos.
A Olmeca TV se le deben 2 millones 668 mil pesos, mientras que a Notisur le dejaron sin pagar 4 millones 800 mil pesos; los propietarios de estas dos empresas son priistas del sur de la entidad, los exalcaldes de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel y Marcos Theurel.
En Veracruz, la política –no escrita pero oficial– de prensa marcaba que sostener un contrato publicitario significaba someter la línea editorial con “notas positivas” al gobierno de Duarte; además, que el área administrativa del gobierno “rasurara” de 10 a 20% del convenio, bajo promesa de “agilizar los pagos”.
“¿Qué me vas a pedir?”
En sus primeros tres años de gobierno, Javier Duarte siempre se mostró espléndido con “sus amigos de los medios”.
En enero de 2013 llevó a una comitiva de 15 periodistas a pasear por España. El Tianguis Turístico de Madrid fue el pretexto perfecto para agasajar a la prensa, con un paseo por el Museo del Prado y las tabernas turísticas y para rematar, el partido final de la Copa del Rey, entre Madrid y Barcelona, en un palco.
Periodistas de TV Azteca, Televisa, El Dictamen, Diario AZ, El Centinela y columnistas de Notiver y Prosa Aprisa no tuvieron empacho en subir sus fotografías desde ese lugar privilegiado del estadio Santiago Bernabéu. El equipo de prensa de Duarte fue reprendido por no “controlar” el contenido de las redes sociales de los periodistas invitados.
Era común que Javier Duarte mandara “becados” a periodistas a Inglaterra, España o Estados Unidos. El pretexto que siempre esgrimía la CGCS era que “fueron apoyados” para estudiar algún diplomado de comunicación en el extranjero.
El propio Duarte solía mofarse de los periodistas que lo rodeaban, con la frase: “Ahora, ¿qué me vas a pedir?”
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