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| Plantón de maestros de la CNTE en el Zócalo. Foto: Germán Canseco. |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La urgencia de emprender una verdadera reforma educativa en el país contrasta con las limitadas y obtusas iniciativas de reforma a los artículos 3° y 73° constitucionales, así como con las propuestas de leyes secundarias que ha presentado el actual gobierno del PRI a través de la SEP, con el respaldo del PAN, del Panal y del Partido Verde.
En lugar de impulsar una reforma orientada a los contenidos, métodos, lenguajes y procedimientos pedagógicos y didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el gobierno quiere controlar y amenazar la vigencia del trabajo de los maestros; en lugar de propiciar la calidad educativa mediante un programa que articule el conjunto de los componentes de la misma, decidió hacer exámenes y pruebas; en vez de redefinir los contenidos de la formación de los maestros, ha puesto al magisterio en el banquillo de los acusados, y en lugar de controlar el drenaje millonario que sigue manejando a su arbitrio la cúpula del SNTE (aun sin Elba Esther Gordillo), ha dejado intacta la red de complicidades para que las cuotas sindicales lleguen sin pesar a los nuevos dueños del sindicato magisterial.
Así, ha optado por la peor salida y por el esquema de una supuesta reforma, mal denominada educativa, no una moderna, participativa, que lleve a mejoras sustanciales determinadas por cada centro o colectivo escolar, y una que busque el cambio en lo esencial y no en la forma. Ha procedido bajo la consigna de ir alcanzando un mayor dominio sobre el magisterio disidente, por la vía de mantener bajo amenaza de despido o remoción a los que se opongan a los dictados de la SEP, por encima y a pesar de la buena voluntad de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Sin reparar en el daño que se está causando a los estudiantes con lecturas llenas de faltas de ortografía y de errores conceptuales en los libros de texto gratuitos; sin que se atine a conocer de forma explícita qué es lo que quiere lograrse con la reproducción de un modelo empresarial, mercantilista y obsoleto reproducido día con día en las escuelas, públicas y privadas del país, la SEP y el gobierno federal se han dispuesto a hacer pasar los reglamentos de leyes superficiales para el sector no obstante la crispación de legisladores de oposición, de los maestros y de las consecuencias que todo esto está provocando en contra de la educación de millones de niños y jóvenes. Ni autocrítica ni responsabilidad ante nada ni ante nadie.
Se acordaron foros abiertos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la Secretaría de Gobernación; fueron enviadas sendas propuestas reglamentarias hacia Congresos locales, como en Guerrero; se acordaron mecanismos de participación y consulta en otros estados de la República, y la misma Comisión de Educación de la Cámara de Diputados organizó y discutió de forma abierta con el magisterio, con expertos, académicos y otros actores, los temas candentes de una reforma educativa y… al final, la SEP y el gobierno decidieron enviar al periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, en su esencia y sin cambios importantes, las mismas leyes secundarias que habían sido conocidas desde los inicios de este año. Esto que parece una burla, lo fue.
Con lo anterior, el PRI y la SEP pretenden echar por la borda todo lo que se había acordado con los maestros, o lo que pudiera haberse propuesto en cualquier foro o instancia, porque el interés demostrado era parte de un escenario de oropel, como para burlarse de los que ingenuamente contribuyeron a formular iniciativas dirigidas a la calidad o a la equidad de la educación nacional, porque al final el PRI y sus aliados ya habían decidido imponer sus muy cuestionados mecanismos de control sobre el trabajo magisterial, al igual que su caricatura de reforma.
Ante tal cinismo y arrogancia, no podrá haber acuerdo posible en los términos en los que se han presentado las iniciativas de leyes secundarias respecto de las reformas en el 3º y 73º constitucionales, porque muy poco tienen que ver con lo que significa una reforma educativa en serio y de altura. No podrá elevarse la calidad de la educación aplicando exámenes y pruebas una, dos o tres veces a los maestros, como tampoco con la mera aplicación de exámenes a los estudiantes. El asunto es bastante más complicado que el reduccionismo con el que se quiere ver el problema educativo en el país.
Tampoco podrá avanzarse si se alarga y polariza este conflicto de forma innecesaria y, peor aún, si se toma la decisión de encapricharse para imponer las leyes secundarias a través de un albazo legislativo. Si esto ocurre, habrán ganado, pero a la mala; se impondrán, pero por efecto de su negligencia y de su ignorancia; reprimirán si hasta eso llegan, pero no podrán hacer avanzar, de un modo que beneficie a todos, a favor de una educación con equidad y justicia. Allá ellos.
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