Hasta el momento, ninguna rendija permite avizorar un acuerdo verdadero en el conflicto entre el magisterio disidente y el gobierno de Enrique Peña Nieto, obsesionado por imponer a toda costa sus reformas en materia educativa. Éste ha boicoteado el “diálogo” que él mismo organizó y la CNTE no cede en sus pretensiones ni en sus métodos de protesta. Ante el primer informe del mandatario priista y la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la tensión social en la capital del país aumenta a niveles que no se veían desde hacía décadas. Entre tanto, la sed de represión de los grupos fácticos se torna patológica.
La nueva estrategia del gobierno federal para contener la inconformidad de los profesores caminó en dos vías. Una consistió en instalar “mesas de trabajo”, donde se simuló el diálogo. Ahí, los priistas recurrieron a las acusaciones, la distorsión de la realidad y las ambigüedades. En el segundo carril se extendió la mano dura del gobierno: aplicar la fuerza pública y justificarla mediáticamente.
Legisladores participantes en los “diálogos” detallan a este semanario el procedimiento, y los propios integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) explican cómo el gobierno intentó envolverlos de nueva cuenta, “administrar el conflicto” y ganar tiempo para encontrar una salida rumbo al primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La primera vía falló. Y todo indica que la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente –que rechazan los profesores– terminará aprobándose el martes 3 en la Cámara de Diputados, sin incluir las propuestas de los maestros. Al difundirse, la segunda ruta aún puede ser conjurada, considera Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano (MC).
Aún no arrancaban las pláticas con los dirigentes del magisterio disidente cuando los dos hombres más importantes del régimen –Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación– ya habían sentenciado: La reforma educativa “no tiene vuelta atrás”. En medio quedó el Poder Legislativo.
El lunes 26, Peña Nieto adelantó en Xochitepec, Morelos, que “pronto y en breve se habrá de analizar la iniciativa y será sometida a votación, esperando que prospere porque es un tercer pilar muy importante (ya se han modificado otras dos leyes) para materializar y cristalizar el espíritu que inspiró el cambio constitucional”. A unos metros lo escuchaban el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano; el del PAN, Gustavo Madero, y el del PRI, César Camacho.
Ese mismo día, desde el escenario montado por senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista en su reunión plenaria, Osorio Chong habló sobre el uso de la fuerza: “Seguiremos buscando el acuerdo, construir el entendimiento”, pero si no se alcanza “y lastima a terceros, a la mayoría de los mexicanos, el imperio del Estado de derecho es cuando debe actuar. Y esto no lo tomen más que como actuar con toda seriedad y como nos lo exige la mayoría de los mexicanos. No es a partir de amenazas, es a partir de saber que cada quien tiene una responsabilidad, y la nuestra es que el país no se detenga”.
Tres días después de que se instalaran las mesas entre legisladores y los dirigentes Juan José Ortega Madrigal, de la Sección 18 de Michoacán; Rubén Núñez Ginés, de la 22 de Oaxaca; Gonzalo Juárez Ocampo, de la 14 de Guerrero, y Francisco Bravo, de la Sección 9 del Distrito Federal, la diputada federal de Movimiento Ciudadano Nelly Vargas alertó sobre un probable uso de la fuerza por parte del gobierno federal.
En una reunión privada que se efectuó el 29 de agosto en un hotel de avenida Reforma, la legisladora relató que a su partido llegó información de que distintas fuerzas policiacas se habían estado concentrando en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.
A su vez, la diputada perredista Socorro Ceceñas dijo que ya tenían reportes de problemas: maestros de Michoacán que buscaban llegar al Distrito Federal para reforzar la lucha sufrieron percances en las carreteras que no consideran fortuitos.
La diputada Ceceñas propuso la suscripción de un acuerdo en el que el gobierno federal se comprometiera a no emplear la fuerza pública contra los maestros, ni en la Ciudad de México ni en ninguna otra entidad. “Pedimos que lo suscribieran los senadores y diputados del PRI. Pero el diputado del PRI Arnoldo Ochoa González dijo que no se podían comprometer a ello, además de que no era el lugar ni era tema de la mesa de trabajo”.
En entrevista, el diputado Ricardo Monreal asegura que “hay policías en lugares, ya concentrados. Por ejemplo, en el Estado de México están acuartelados para actuar en contra de los maestros”.
Afirma que no está especulando: “Es información otorgada desde adentro del gobierno, de gente preocupada por la reacción y el carácter represivo que se avecina, contemplado por el gobierno como parte de una de sus estrategias. No es un presagio peregrino o desarticulado. Soy un político serio que cuenta con información”.
Monreal –quien en meses pasados fue alertado por el gobierno federal sobre un intento de asesinato en su contra y contra su hermano, el senador David Monreal– dice que en los 30 años que lleva en la política nunca había visto “una situación tan delicada en contra de un movimiento”. Recuerda cómo en la Cámara de Diputados “existen policías del Estado de México custodiando, lo que nunca había ocurrido”.
También, afirma, hay concentraciones de diversas fuerzas policiacas en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. “Hoy existen hombres que aconsejan a Peña Nieto que ésta, la represión, pudiera ser su verdadera toma de posición como presidente de México, al mostrar mano firme ante la inconformidad social de los maestros.”
Añade: “Existe la tentación de endurecer y reprimir, pero al mismo tiempo les asusta que pasen a la historia como grandes violadores de derechos humanos o genocidas. De ahí que ahora, como cortesanos y lambiscones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la del Distrito Federal acompañan a Peña en el reproche al jefe de Gobierno del Distrito Federal (Miguel Ángel Mancera) por su omisión ante marchas y bloqueos. Van a exculpar a los policías en caso de que usen la fuerza pública y van a decir que los maestros son los violentos, como ya lo estamos viendo en diversos medios de información, sobre todo las televisoras.”
Monreal sostiene que “el plan está a la vista de todos, y se ha armado de la siguiente manera: los dirigentes visibles del movimiento serán los primeros aprehendidos, acusados por delitos federales, como sedición, rebelión y motín”.
Coro golpeador
El martes 27, cuando arrancaba el segundo día del encuentro entre legisladores y maestros de la CNTE –quienes bloqueaban las embajadas de Estados Unidos, España y Francia, además de instalaciones de Televisa y TV Azteca– la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal avaló el uso de la fuerza en un pronunciamiento público.
Entre tanto, la CNDH emitió el jueves 29 de agosto un comunicado en el que revela que “está investigando a las diferentes instituciones del gobierno capitalino que no han actuado en situaciones donde el derecho a manifestarse de esta organización (CNTE) se pudo haber desviado”. Y añade: “El ómbudsman nacional busca conocer por qué no se ha brindado la seguridad como es su responsabilidad”.
Entre las voces que piden aplicar la fuerza se encuentra también el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien la tarde del viernes 30 pidió utilizar chorros de agua a presión para disuadir a los manifestantes. Antes, el martes 27, la senadora Mariana Gómez del Campo y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval, ambos panistas, denunciaron ante la Procuraduría General de la República a los maestros de la CNTE por “rebelión, motín, sedición y otros delitos contra funcionarios públicos del Distrito Federal”.
La denuncia está hecha. Ahora sólo falta que la PGR actúe, señala Monreal.
En entrevista, el líder de la Sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, dice que le preocupa que se recurra a la “segunda vía”: la represión. “Éste es un diálogo de sordos. La ley que falta, la del Servicio Profesional Docente, sabemos que va a pasar el martes, pero nosotros vamos a actuar de manera pacífica. La verdadera resistencia y lucha será en los estados”.
Lo que más les angustia, expresa, es el regreso de los profesores a sus entidades. Temen que ahí sean atacados físicamente o mediante denuncias y aprehensiones.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación aceptaron que algunos miembros del gabinete sí consideran usar la fuerza, “pero ya se tiene decidido que no habrá represión”.
Tácticas dilatorias
El pasado viernes 23 (día del bloqueo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), la CNTE llegó a un acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario Luis Miranda Nava: “Cualquier inconformidad sería canalizada de forma pacífica y sin alterar derechos de terceros”.
A pesar de ello, el lunes 26 y martes 27 los maestros bloquearon embajadas y televisoras. Ese mismo día, segunda jornada del diálogo con legisladores, el senador perredista Mario Delgado pidió a los líderes de la CNTE que sus próximas marchas o bloqueos los hicieran de forma pacífica.
Con lo anterior arrancó parte de la segunda estrategia del gobierno federal: meter a la CNTE en una dinámica distinta, acabar con el factor sorpresa, como sucedió con el bloqueo al aeropuerto, las embajadas y las televisoras, e informar a las autoridades capitalinas de cualquier movimiento.
Así, la “gran marcha a Los Pinos” del día siguiente, miércoles 28, se realizó en orden, vigilada por las autoridades y con un anuncio previo de que serían cerradas las estaciones de Metro aledañas a las oficinas presidenciales. Se disminuyó así la presión ejercida por la CNTE.
Las mismas fuentes de Gobernación aseguran a Proceso que el mayor control fue resultado de la advertencia que el gobierno federal hizo al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera: o controlaba los bloqueos o se consideraría la destitución de su secretario de Seguridad Pública.
El mismo miércoles 28, el diputado federal del PRD Fernando Zárate Salgado declaró ante diversos medios de comunicación que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que el uso de la fuerza pública en el Distrito Federal corresponde al presidente de la República. “Por ello es el primer mandatario el que ratifica a quien será secretario capitalino de Seguridad Pública”.
El líder de la Sección 18 de Michoacán aclara que ellos nunca han hablado con Mancera para “bajarle presión al movimiento”. Lo que ocurre, apunta, es que los maestros quieren demostrar a la ciudadanía que no buscan afectar a terceros, sino que sólo se valen de una táctica de lucha.
Como parte de esa misma estrategia, añade Ortega Madrigal, aceptaron dialogar con los legisladores que designó el secretario de Gobernación, pese a saber que no les cumplirían sus demandas. “Queríamos mostrar que es el gobierno el que no tiene voluntad política para tomar en cuenta nuestras propuestas”.
Desde el arranque de los diálogos, el PRI, a través del diputado federal colimense Arnaldo Ochoa, intentó “administrar el conflicto” dilatando las mesas de diálogo. Una prueba de ello, dice el diputado perredista Víctor Nájera –quien participó en el encuentro del pasado martes– es que cuando la CNTE sugirió la agenda de trabajo, el priista propuso discutirla la semana entrante, es decir, una vez ocurrido el primer informe de gobierno. Nájera dice que la CNTE y el PRD se opusieron. Sin embargo, “los propios priistas dijeron que lo tenían que consultar con sus coordinadores parlamentarios, retrasando así un día más la discusión”.
La misma acusación la hace el diputado del MC Ricardo Mejía Berdeja. Asegura que cuando los legisladores priistas fracasaron en su intento de llevar el debate más allá del 1 de septiembre, comenzaron a retrasar el trabajo en las mesas.
De hecho, al cierre de esta edición (viernes 30 de agosto) el gobierno mantenía su negativa de enviar funcionarios federales a negociar, como lo pide la CNTE.
“Si no vienen seguiremos dialogando. (Se verá) que no tienen disposición a resolver el conflicto, que actúan de manera vertical y por consigna”, considera el profesor Gonzalo Juárez Ocampo, de Guerrero.
Agrega: “De ser esta mesa un engaño, los responsables de lo que ocurra serán los legisladores y el gobierno”.
Ortega Madrigal, de Michoacán, lo secunda: “Si el PRI insiste en esta mesa que no hay más tiempo para discutir, significará que habrán administrado el conflicto, que aprobarán la ley el martes y serán los responsables de los desencuentros que se den, porque el conflicto no sólo es en el Distrito Federal; el descontento está en Baja California, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, y allá seguiremos movilizándonos y dando la lucha”.
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