Ante los cuestionamientos y pruebas existentes en torno a la participación de Monex como operador financiero en la compra masiva de voto, realizada en la elección presidencial del 2012 por el PRI y su entonces candidato Enrique Peña Nieto, es natural y exigible que se aclare la contratación por parte del gobierno del estado de Michoacán, respecto de un fideicomiso concertado con ese Banco, como garantía de pago por 7 mil millones de pesos de la nueva deuda contratada por la actual administración.
“En marzo de este año el gobierno priísta firmó un contrato de fideicomiso con Monex, en el que el estado entrega el 13.5% de las participaciones federales correspondientes a Michoacán a dicha institución financiera para garantizar la nueva deuda estatal, resultando ese porcentaje por la cantidad de 3 mil 270 millones de pesos anuales, es decir, los recursos de los michoacanos están hipotecados con ese Banco”, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, secretario de Economía Solidaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
El pueblo de Michoacán no tiene la obligación de pagar los compromisos político-electorales de Enrique Peña Nieto, la entidad sufre una crisis severa de empleo, desarrollo económico, inseguridad y abandono del campo, pero la administración estatal prefiere pagar las deudas del administrador de Los Pinos que atender las necesidades de los michoacanos. Michoacán merece respeto, no merece el abandono del gobierno estatal, ni que la federación use recursos estatales para pagar sus compromisos fraudulentos.
Asimismo, mencionó el integrante del Morena, “se debe aclarar la contratación con Monex, pero también existe la imperante necesidad de revisar, aclarar y sancionar el tema del ignominioso pago de 1500 millones de pesos al SAT por parte de la actual administración estatal por concepto de ISR retenido a los trabajadores estatales, el cual no se debió enterar por así determinarlo la Cámara de Diputados, sin embargo, al enterarse indebidamente ese recurso gracias a la ignorancia en materia fiscal y a las ansias de evidenciar al anterior gobierno, se causó un severo daño patrimonial al estado, dejando de realizarse obras con ese recurso, que hubieran impactado positivamente en el desarrollo económico”.
Se debe conocer también el destino de los 1462 millones de pesos por el subejercicio en la secretaría de Salud en 2012, el cual es completamente obsceno y ofensivo para los michoacanos, ya que mientras los hospitales y centros de salud carecen de medicamentos, el gobierno del estado tiene irresponsablemente subejercicios, debiendo en este caso también indagar y sancionar tal irresponsabilidad.
Finalmente, señaló Ramírez Bedolla que “el gobierno estatal no puede ocultarle información a los michoacanos, tiene la obligación de cumplir con el principio constitucional de máxima publicidad para la transparencia de cualquier asunto de carácter público, por lo que se deben revelar en su totalidad los contratos y condiciones con Monex, el pago de los 1500 millones por ISR y el subejercicio de 1462 millones en salud. El pueblo de Michoacán merece la verdad, ya no puede, ni debe prevalecer la opacidad con la que se ha conducido la administración estatal”.
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