El INE revela trama ilegal de entrega de recursos durante campaña de Peña en 2012

Ciro Murayama, consejero del INE conocido por su protección al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi seis años de distancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó otra trama de financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2012, a través del reparto de miles de tarjetas bancarias a representantes de casilla, con las que se benefició mayoritariamente a representantes del PRI cuando Enrique Peña Nieto era su candidato presidencial.

Lo anterior fue revelado a partir de una investigación de casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, cuyo presidente, el consejero Ciro Murayama, calificó como una de las indagaciones “más complejas” que ha enfrentado el Instituto sobre una “trama de financiamiento irregular a la política”.

El fraude, expuso Murayama este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, habría quedado al descubierto a raíz de la investigación del caso Monex, que indagaba pagos mediante tarjetas para favorecer al representante de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.

Fue entrevistando representantes de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos de dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través de tarjetas prepagadas de Bancomer.

Al tiempo, el PAN denunció la existencia de otros 16 tipos de tarjetas de otras instituciones bancarias que también habrían sido distribuidas para beneficiar al PRI. Ocho, todas de Bancomer, y todas contratadas por una empresa llamada Logística, Estratégica ASISMEX SA de CV, resultaron sospechosas.

La pesquisa arrojó que ASISMEX se constituyó como comercializadora y distribuidora en 2010. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, en pleno proceso electoral, recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. No se pudo dar con los aportantes y de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el SAT. Más aún, la dirección con la que se registró la empresa resultó ser falsa.

“Una empresa, en suma, que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones de pesos a través del sistema bancario”, dijo Murayama, por la que no dudó en calificarla como empresa “fantasma” o empresa “fachada”.

De la investigación que formalmente nació el 18 de enero de 2013, fue hasta el 1 de diciembre pasado, casi cinco años después, según el relato, que Bancomer entregó al INE –intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante– una base de datos que durante años negó que existiera, con la relación de las personas beneficiarias de las tarjetas y la información de que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la elección, ASISMEX depositó 63.5 millones de pesos en esas tarjetas pertenecientes al mismo lote de las que eran investigadas.

La Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y encontró coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.

De esos, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la coalición PRI-Partido Verde que abanderaba Peña Nieto, a los que se depositó un total de 15 millones 152 mil pesos. Sin embargo, y aunque en cifras lejanas, también se hicieron depósitos a mil 26 representantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano M(C), abanderados por Andrés Manuel López Obrador, por un total de 2 millones 58 mil pesos; y 369 depósitos a representantes del PAN, cuya candidata era Josefina Vázquez Mota.

“Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012 a través de una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción”, sentenció Murayama, quien convino al Consejo General del INE a sancionar a todos los partidos involucrados, a pesar de que las operaciones tuvieron una notable carga a favor del PRI y que en todas las tarjetas fueron fondeadas el mismo día, forman parte de un mismo contrato con ASISMEX y recibieron la misma cantidad.

A propuesta del presidente del órgano de fiscalización, la resolución aprobada por diez de 11 miembros del Consejo General fue sancionar a cada partido con el 200% de la suma que pudo demostrarse que recibieron sus representantes de casilla proveniente de la empresa fantasma.

Así, de un total de 36.9 millones de pesos, 30.3 corresponde que sean pagados por los partidos de la coalición que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, compuesta por el Partido Verde y el PRI.

Sólo la consejera Pamela San Martín votó en contra, proponiendo ahondar en la investigación de manera más exhaustiva para develar el trasfondo del caso.

Tras la revelación, los representantes de PAN y PRD ante el INE rechazaron haber recibido dinero de la empresa fantasma y advirtieron que van a impugnar la sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por tratarse de un “presunto caso de empresas fantasma y lavado de dinero”, el INE aprobó remitir el caso al SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen el caso.

No sólo eso, pues el INE también anunció que va a interponer un recurso para sancionar a Bancomer por negarse a dar la información solicitada durante casi cinco años.

De cara a las próximas elecciones de 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluyó que con esto se pretende “desenmascarar las redes de financiamiento paralelo y las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley, la rendición de cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas”.

Investigan en España a uno de los jefes de la campaña de Peña

Presuntas operaciones ilícitas de Gabino Fraga en el Banco Madrid:El Mundo

Es mencionado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales

Actualmente dirige el despacho GAP, el cual estuvo implicado en el caso Monex

Gabino Antonio Fraga Peña (al micrófono), en imagen captada el 15 de febrero de 2012Foto Cuarto de Guerra Tlaxcala

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Miércoles 18 de marzo de 2015, p. 3

Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de campaña en 2012 del entonces candidato priísta a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por autoridades de España por presuntas operaciones ilícitas en el Banco Madrid, de acuerdo con fuentes policiales.

El diario español El Mundo reveló ayer que Fraga Peña, quien fue coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto en Tlaxcala, es uno de los personajes mencionados en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d‘Andorra (BPA), a quienes se señala de probables operaciones sospechosas.

Fraga Peña es actualmente director general del despacho Grupo de Abogacía Profesional (GAP), el mismo que estuvo implicado en el escándalo de triangulación de recursos, probablemente de procedencia ilícita, a la campaña de Peña Nieto en 2012 a través de Banca Monex, hecho denunciado por el Movimiento Progresista, cuyo candidato presidencial fue Andrés Manuel López Obrador.

Transferencia millonaria

De acuerdo con el diario español, Fraga Peña aparece entre los clientes del Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa antiblanqueo por los directivos de esa entidad financiera.

El informe del Sepblac detectó que el ex colaborador de la campaña del actual Presidente mexicano recibió una trasferencia desde México por 445 mil euros (más de 7 millones 250 mil pesos), razón por la que, de acuerdo con las fuentes consultadas por El Mundo, es investigado, pues ‘‘ese dinero puede corresponder a financiamiento ilegal de partidos’’.

El rotativo español informó que buscó al abogado mexicano para que diera su posición al respecto, pero éste no dio ninguna declaración. La información reportada por el diario revela que Fraga Peña figura en una lista de clientes que, según el Sepblac, debió ser objeto de ‘‘vigilancia especial’’ por parte del Banco Madrid, la cual no se produjo.

De acuerdo con la investigación del servicio ejecutivo, la entidad financiera no sometió al mexicano al examen especial que requería su caso, con lo que cometió una infracción grave a la ley 10/2010, del 28 de abril, referente al blanqueo de capitales.

El Sepblac enfatiza que en este caso el banco debió ‘‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo’’, como establece la ley en su artículo 17.

La investigación –apunta El Mundo– no prejuzga que Fraga Peña haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero se dan indicios suficientes –de acuerdo con el Sepblac– para que su caso sea investigado, así como para sancionar la ‘‘pasividad’’ del Banco Madrid.

Es de destacar que Banca Privat d‘Andorra (BPA) fue intervenida hace unos días por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra, tras una denuncia de Estados Unidos por el presunto delito de blanqueo de capitales (lavado de dinero) procedente del crimen organizado.

En su reporte de este caso, el propio medio de comunicación español recuerda que dos semanas después de los comicios presidenciales de 2012, López Obrador denunció que Peña Nieto ‘‘se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero’’. El 19 de julio de ese año, La Jornada reportó que el Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador como candidato, entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) pruebas supervenientes relacionadas con un entramado de operaciones que vinculaban a Banca Monex y otras empresas en un probable financiamiento irregular a la campaña del entonces abanderado priísta.

Esa coalición entregó también esos elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre las empresas señaladas estaba Importadora y Comercializadora Efra, con domicilio en Calderón de la Barca 78, colonia Polanco, el mismo sitio donde se ubica el bufete GAP, encabezado por Fraga Peña.

El Mundo recuerda que López Obrador acusó al PRI de haber superado por mucho el tope legal de gastos de campaña y demandó la anulación de las elecciones. En contraparte, el tricolor negó las acusaciones y respondió que se trataba de una difamación, pese a que Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, y su hermano Emilio, reconocieron la propiedad de la empresa Efra, pero negaron irregularidades en el llamadoMonexgate.

El 20 de julio de 2012, La Jornadadio a conocer que tanto Importadora y Comercializadora Efra SA de CV como Grupo Comercial Inizzio SA de CV, empresas que habrían usado al Banco Monex para transferir al menos 160 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto, son compañías cuyos objetos sociales van desde ‘‘distribución y comercio en general de toda clase de bienes y servicios’’ hasta la ‘‘distribución de carne y despojos de cerdo’’ o la ‘‘compra y venta de vinos, licores, alcohol y cerveza’’.

En febrero pasado, el TEPJF confirmó la resolución emitida por el IFE –hoy Instituto Nacional Electoral–, que concluyó que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de las tarjetas Monex durante la campaña electoral de 2012.

En julio de ese año, una investigación del equipo de la periodista Carmen Aristegui, ‘‘que fue retomada por La Jornada’’, reveló que la familia Fraga siempre ha estado vinculada al PRI: Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, fue titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la salida de Manuel Camacho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

‘‘Familia ilustre’’

Padre e hijo son miembros de una ‘‘ilustre familia de abogados que siempre ha estado ligada a las altas esferas de la administración pública federal’’, reportó el equipo de Aristegui. El abuelo de la familia, Gabino Fraga Magaña, fue un connotado jurista originario de Morelia, que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la década de los 40 y luego fue funcionario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Otra vez el TEPJF valida el fraude electoral

Partidos lamentan resolución del TEPJF en caso Monex; PRI pide dar vuelta a la página

En 2012, el PAN descubrió la dispersión de millones de pesos a través de las tarjetas. El jueves, el Tribunal determinó que con ellas no se compraron votos

 PAN, PRD y Morena lamentaron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el jueves concluyó -más de 2 años después- que el PRI no compró votos con tarjetas Monex, no obstante que le ordenó al INE aclarar recursos utilizados en dichas tarjetas, días después de la elección presidencial 2012.

El ex candidato presidencial y hoy dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que tanto los magistrados como las instituciones en México están secuestradas y se encuentran al servicio de lo que él llama “la mafia del poder”. “Ando buscando todavía al tonto que se los crea”, comentó respecto a la resolución del TEPJF.

En el mismo sentido, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, dijo que es “un exceso de cinismo y una actitud desvergonzada de parte de todos los miembros del Tribunal. Porque después de 2 años, primero no tiene ningún sentido resolver eso después de 2 años pasada la elección. Y segundo, para exonerar y decir que no pasó nada, frente a lo que todo mundo vio y todo mundo observó, pues es francamente un cinismo y es al final de cuentas una actitud, de los magistrados, de debilitamiento y de deterioro de una institución”.

A su vez, el coordinador del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya, mencionó que “en lo absoluto coincidimos con el fondo de esta resolución aunque respetamos la investidura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que hacemos un llamado a las autoridades electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral, a su unidad de fiscalización, a que refuercen los mecanismos y se garantice que este tipo de asuntos no se repitan, no debe haber recursos públicos en las campañas, nosotros insistimos en que es muy grave lo que ocurrió en su momento y que debemos tomar medidas para que esto no se repita, sería gravísimo que se repitiera”.

En contraste el vicecoordinador jurídico del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez, pidió dar vuelta a la página Monex:

“Para nosotros nunca estuvo cuestionada (la elección presidencial), estuvo cuestionada por un grupo menor y no la legitimación, sino simple y sencillamente lo que ellos argumentaban con relación a algunos recursos por ahí, que fueron manejados por el Partido Revolucionario Institucional. Esto (la resolución del Tribunal) le da definitividad a una resolución y a darle vuelta a la página, este país requiere de muchos acuerdos y de muchas situaciones. Hay algunos que se quedan vuelta y vuelta en el mismo tema”. (Con información de MVS)

Al tribunal federal electoral no le interesa resolver las quejas sobre el PRI y Monex

Es increíble que haya tardado tanto en llegar a una solución: ex consejero del IFE

El INE podría terminar primero la fiscalización de los comicios de este año antes que la de 2012

A unos días de los comicios de 2012, en las tiendas Soriana se registró una gran afluencia de gente que recibió de parte del PRI una tarjeta con saldo. La imagen, en la calzada Ignacio Zaragoza de la capitalFoto Jesús Villaseca

Claudia Herrera y Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Lunes 9 de febrero de 2015, p. 6

Con el proceso electoral 2015 en marcha, en las oficinas de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún permanecen sin resolver los recursos en torno a los gastos de las campañas federales de 2012, y con ello falta dilucidar la legalidad del polémico entramado que montó el PRI para amarrar el triunfo de Enrique Peña Nieto, con Banca Monex como elemento clave de un presunto financiamiento ilícito y que cumple ya dos años sin esclarecerse la queja original sobre las tarjetas utilizadas.

Era una operación financiera que tenía como eje el fondeo de recursos por fuera de las instituciones bancarias mediante empresas de dudosa existencia, un esquema que ahora guarda grandes similitudes con las cuestionadas casas del Presidente y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Si equiparamos a Peña Nieto con toda la campaña del PRI-PVEM, en cuanto a préstamos personales, prácticamente de amigos que van financiando y después ofrecen servicios a los gobiernos que ha encabezado (Abraham Hinojosa era uno de los proveedores de la campaña presidencial), lo que vemos es que en ambos casos se puede equiparar que hay recursos que no están incluidos en el sistema financiero y bancario del país, afirma Alfredo Figueroa, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Unico integrante del IFE que votó en contra de la resolución sobre el caso elaborada por la Unidad de Fiscalización, encabezada por Alfredo Cristalinas, Figueroa cuestiona la dilación en resolver los recursos relacionados con los gastos de las campañas federales en 2012. Me parece increíble que el tribunal haya tardado tanto tiempo en llegar a una solución. Ya cambió la ley antes de que ellos tuvieran una conclusión.

Para el presidente de la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, si bien el TEPJF no tiene plazo para resolver este tipo de impugnaciones, los criterios que emite dan luz a los legisladores para utilizarlos en la reforma electoral, y a las autoridades administrativas para orientar en la resolución de quejas.

Consecuencia directa de la importancia que tuvo el financiamiento de campaña en 2012 fue que la reforma electoral tuvo como uno de sus ejes centrales modificar sustancialmente la forma y los tiempos de fiscalización de los partidos políticos, para que ahora se puedan considerar causa de nulidad de una elección.

A comienzos de 2014 el Congreso concluyó la reforma electoral que ahora obliga al INE a terminar la fiscalización 45 días después de realizadas las elecciones del próximo 7 de junio. Con dicha reforma se podría dar la paradoja de que se resolviera primero la fiscalización de las campañas de 2015 que las de 2012.

La historia

En medio de las críticas que en 2012 realizaban PAN y PRD al elevado financiamiento de la campaña presidencial priísta, el blanquiazuldetectó la utilización de tarjetas Monex presumiblemente para la compra y coacción del voto. Con ello, el centro de la polémica en la elección se concentró en el presunto financiamiento ilegal de la campaña.

Descubierta la operación, eltricolor inició un proceso de control de daños y reconstruyó la historiapara justificar ante el organismo electoral de dónde procedían los recursos. El PRI no reporta que va a contratar un crédito. Se descubre, se sigue la trama y se hace la investigación, y cuando el partido presenta sus informes de campaña señala que contrató un crédito, pero no con ningún banco, sino con empresas mercantiles asociadas (Inizzio, Atama y Alkino), que fueron las que fondearon la cuenta de Monex, explica Figueroa.

El otro punto que el tribunal tiene que definir es si el IFE estuvo en lo correcto al determinar que el dinero de Monex sirvió para fondear gastos de campaña del PRI, lo que fue impugnado por ese partido, señala Nacif.

Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, plantea que el tribunal debe obedecer el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los gastos de estructura electoral de los representantes de los partidos son de campaña.

El IFE dijo que no eran gastos de campaña, o sea Alfredo Cristalinas, porque no le daba la gana, y lo apoyaron los consejeros. Considerando los recursos de campaña, el PRI aparecería en 2012 con un nivel muy alto de gasto con el cual logró la Presidencia de la República, más de lo que la ley permite.

La polémica de la triangulación financiera del tricolor tuvo como consecuencia que la secuela poselectoral se concentrara en el financiamiento de las campañas y el presunto rebase de los topes de gastos. Las posibilidades que entonces confería la ley para el prorrateo motivó un desenlace insólito: el candidato de la coalición de izquierda que denunció (Andrés Manuel López Obrador) los excesivos gastos de Peña Nieto resultó ser el único que rebasó el tope de gastos de campaña presidencial, según la resolución del IFE.

Sin embargo, en lo que concierne al gasto de la coalición Compromiso por México, de la fiscalización realizada entonces por el desaparecido Instituto Federal Electoral se desprendía que al menos 187 candidatos del PRI habían violentado el tope de gastos, la gran mayoría de los cuales están por concluir su encargo sin que públicamente se conozca.

Casi dos años después de la revisión de los gastos de campaña, en vísperas de que los legisladores que llegaron presuntamente violentando la ley concluyan su encargo, aún no hay una resolución del TEPJF. En su momento, 187 candidatos del PRI-PVEM violaron el tope de gastos de campaña para diputados o senadores.

El representante del PRI ante el INE, José Antonio Hernández Fraguas, se declaró confiado en obtener un dictamen favorable, porque la multa original ya se rebajó de 60 millones de pesos a unos 28 millones, al comprobarse la legalidad de algunos contratos.

Se preguntó por qué sólo al PRI se le critica que prorrateó los gastos de Peña Nieto, cuando otros partidos políticos lo han hecho antes y también han rebasado topes de campaña. El problema, señaló, es que al PRD le salieron mal las cuentas.

A la distancia, sin resolverse las quejas sobre Monex que presentaron el PAN y el PRD –el 6 de febrero de 2013, radicadas en la oficina de Constancio Carrasco–, ni los recursos sobre los gastos de campaña, Pablo Gómez externa su desaprobación sobre los tiempos del tribunal y comenta sus acercamientos.

Descartó que el tribunal esté haciendo pesquisas, porque los jueces no investigan. “A varios magistrados les he preguntado lo de Monex y me han dicho: ‘de momento nadie tiene interés en que eso se resuelva’. ‘No es verdad’, les dije. ‘Yo tengo mucho interés’. Se hacen que la virgen les habla”.

Monex, socia de concesionaria del servicio de agua potable en Puebla

GABRIELA HERNÁNDEZ
11 DE AGOSTO DE 2014 
DESTACAD

La página web de Grupo Financiero Monex.

PUEBLA, Pue. (apro).- El Grupo Financiero Monex, el mismo que operó la triangulación de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, resultó ser el socio mayoritario de la empresa Concesiones Integrales, que opera el servicio de agua potable y alcantarillado de la zona conurbada de Puebla.

A partir de la asociación comercial de ambas empresas, los cobros por el servicio del líquido se dispararon desde 300% hasta 2000%, según denuncias de los usarios.

Hasta ahora el gobierno de Rafel Moreno Valle sólo había informado que los socios de Concesiones Integrales eran las empresas Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor).

Sin embargo, de acuerdo con un acta notarial, Monex tiene 75% de las acciones del consorcio, Epccor 24.7%, Aguas de México 0.22% y Ticsa 0.01%.

Según el acta 70619, inscrita en el volumen 1701 de la Notaría Número 1 del Distrito Federal, a cargo de Roberto Núñez y Bandera, firmada el 15 de mayo de 2014, Monex entró a la sociedad en calidad de fiduciaria del fideicomiso irrevocable de inversión F/1810.

De acuerdo con el instrumento notarial, Concesiones Integrales se constituyó el 23 de diciembre de 2013 en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Tres días después obtuvo el contrato de concesión para el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales de los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc por un período de 30 años, el cual se licitó el 26 de diciembre de 2013.

En el acta notarial, se asienta que las empresas no pudieron cumplir con el pago de la contraprestación inicial que se había acordado para el 15 de abril de 2014, por lo que solicitaron una ampliación de un mes. Aunque en el documento no se detalla el monto de la contraprestación que debía pagar Concesiones Integrales al gobierno de Puebla, la prensa local ha manejado que la cantidad ascendía a mil 400 millones de pesos.

Los representantes de las empresas mencionan en el instrumento notarial que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) les autorizó constituirse como una Sociedad Anónima Promotor de Inversión, así como integrar a un nuevo inversionista.

Grupo Monex se convirtió entonces en la intermediaria en la contratación de un financiamiento adquirido por Concesiones Integrales con la banca privada para lograr la solvencia económica que les permitiera cumplir el pago de la contraprestación acordada al obtener la concesión del servicio de agua de la zona conurbada de Puebla.

Esto lleva a una reclasificación del capital, acordado en 445 millones 900 mil pesos, de los cuales 334 millones 422 mil 427 –75%–, aparece como titular Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Desde el 15 de mayo de este año, Concesiones Integrales tomó posesión de la SOAPAP. A consecuencia, se ha desatado una serie de protestas por parte de los usuarios, ya que los cobros por el servicio se dispararon desde 300% hasta 2000%.

Incluso, una de las principales protestas que enarboló la marcha realizada el pasado domingo en esta ciudad en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle, fue en contra de la privatización del servicio de agua potable en esta ciudad.

Empresa relacionada con Monex, involucrada en simulación fiscal

(10 de enero, 2014).- Según una lista publicada este viernes por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre los simuladores fiscales que facturan sin realmente prestar los servicios que dice ofrecer, se haya, Edificaciones Ingeniería Construcciones y Materiales, la cual está implicada en una red de empresas que vendían facturas sin prestar servicios.

En un comunicado, el SAT informó: “Esta unidad administrativa ha detectado que los contribuyentes que se listan en el presente oficio emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, razón por la cual se presume la inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes”, indicó.

El periódico Reforma, dio a conocer que la Secretaría de Hacienda registró al menos ocho operaciones inusuales o sospechosas de ésta, entre el 14 de abril de 2010 y el 8 de junio de 2012. Además, sostiene que, junto a Comercializadora y Distribuidora Suri y otras empresas presuntamente virtuales, forman parte de una variada red de compañías que aportaron fondos a los monederos Monex que usó el PRI en la campaña de 2012.

El SAT a su vez aportó una lista de otras 163 compañías que siguen estas prácticas, mismas que contarán con 15 días para presentar documentos en los que avalen su inocencia con el objeto de desvirtuar los hechos que llevaron a presumir la inexistencia de las operaciones señaladas en la resolución respectiva, o de lo contrario, iniciarán investigaciones en su contra.

Red criminal de lavado de dinero

OFICIO DE PAPEL COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO

Involucra políticos y empresarios
Archivan el expediente en la PGR

Una vez logrado el propósito de alcanzar las reformas energética y política, para lo cual fue instrumentado El Pacto entre los tres principales partidos políticos del país (Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática), el gobierno federal podría revivir algunos de los gruesos expedientes que acumula como averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) y que involucran a funcionarios, políticos, legisladores, empresarios y líderes sindicales en operaciones ilícitas que van desde el lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico, delitos de peculado y tráfico de influencias, abusos de poder y faltas administrativas que, por lo menos, ameritan inhabilitaciones por muchos años para no volver a trabajar en el sector público.

Los responsables de integrar estos expedientes han sido el procurador Jesús Murillo Karam y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz Sacal, quienes han hecho trabajar a sus expertos para que el Ministerio Público Federal pueda consignar las averiguaciones ante la justicia federal. Varios de los expedientes ya fueron concluidos desde hace varios meses, por lo que se esperaría que de un momento a otro varios jueces federales empiecen a conocer dichos procesos.

Sin embargo, fuentes de la PGR sostienen que la próxima salida de Murillo Karam de la Procuraduría por cuestiones de salud podría frenar algunas consignaciones, pero otras de plano han sido enviadas al archivo por órdenes superiores para no proceder en contra de algunos personajes muy públicos del país, en donde se cuentan gobernadores, rectores de universidades, servidores públicos del actual y del anterior gobierno, viejos políticos, líderes sindicales y empresarios corruptos.

Uno de esos espinosos expedientes que está detenido en la PGR es el relacionado con un caso de blanqueo de capitales que la semana pasada revivió el diario Reforma en su primera plana y que apunta a varias empresas, algunas de ellas fantasmas, las cuales habrían sido utilizadas para realizar operaciones de dinero en efectivo y transferirlo a bancos extranjeros y, en otros casos, recursos que fueron utilizados en campañas políticas del pasado proceso electoral para elegir presidente de la República.

El trabajo que hacían esas empresas es recibir recursos en efectivo sin importar su origen, blanquearlo y después transferirlo a cuentas en instituciones financieras de paraísos fiscales o de diversos países europeos, y en otros casos de ahí se financiaban campañas políticas. El periódico Reforma ha centrado su atención en el caso de los monederos electrónicos Monex que fueron utilizados en la campaña presidencial del PRI y sostiene que se trata de “una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero”.

La información de este diario apunta directamente al equipo de campaña de Peña Nieto, en donde participó activamente el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien ahora tiene bajo su control a la UIF, pero al parecer el expediente sobre dicha información de esta área de inteligencia salió antes de que el nuevo gabinete priista asumiera su control, por lo que ante la vulnerabilidad de funcionarios de primer nivel del actual gobierno federal, las órdenes ahora a la PGR son mantener en la reserva dicho expediente, “no moverlo ni un ápice”, dicen por ahí, a pesar de que hay pruebas contundentes que involucran no sólo al equipo de campaña del PRI, sino también a gobiernos de los estados de la República, a Universidades, a políticos, a funcionarios y destacados miembros del sector empresarial mexicano.

Las dos notas del diario Reforma, firmadas como del staff, sostienen que “la punta de la madeja es Raúl Álvarez Longoria (34 años de edad)”. Y que según el expediente de la UIF este sujeto manejó en cinco meses recursos por 240 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Añaden que la investigación viene desde 2011, todavía con el gobierno panista de Felipe Calderón y cuando la UIF la manejaba Balbuena.

Ese periódico menciona algunas de las empresas “virtuales” involucradas, como Edicom, edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales.

Según sostienen funcionarios de la Procuraduría, estas empresas se dedican a lavar dinero de muchas personas de la vida política y privada del país, a quienes les cobran comisiones por mover su dinero para que ellos no enfrenten responsabilidad alguna ni con las autoridades fiscales y menos con las áreas de combate al blanqueo de capitales y persecución de delitos penales.

Las fuentes federales explican que fue en el sexenio pasado cuando un supuesto informante anónimo reportó cuantiosos movimientos de dinero en efectivo que llegaba en camiones de la empresa Panamericana que entraban y salían de una residencia, por lo que desde Los Pinos, en donde despachaba entonces Felipe Calderón, se ordenó un operativo para asegurar la casa y todo lo que allí hubiera.

Como se trataba de una acción urgente y ante la falta de confianza que se tenía en el equipo de Genaro García Luna, pues es conocido que en algunos operativos sus cuerpos policiales se quedaban con parte de los decomisos como una especie de botín de guerra, fue un grupo especial de asalto de la Secretaría de Marina la que se encargó de dicha acción. Dicen que llegaron hasta la residencia y un hombre de edad avanzada los recibió y antes de que ingresaran les advirtió: “Saben ustedes a quiénes pertenece todo este dinero”, y añadió: “Porque mejor no preguntan a sus jefes, porque creo que hay una equivocación”.

Desconcertados, los responsables del comando de la Marina reportaron de inmediato lo que les decían y se optó por involucrar al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien sin miramientos sustrajo el dinero y todo el equipo de computo, el cual antes de reportarlo a la PGR lo mantuvo por doce horas en su poder y guardó una copia de todos los archivos que había en las decenas de computadoras que había en el lugar.

Se sabe que a García Luna le apodan El Intocable, porque toda la información que acumuló mediante intercepciones telefónicas, grabaciones en vídeo y documentos le ha servido como un pasaporte a la impunidad y de las tres averiguaciones previas que estaban abiertas en su contra en las oficinas que hasta ahora ocupa Murillo Karam, ninguna ha procedido y todas se mantienen en la reserva, sin posibilidad de actuar ni consignarlas ante la justicia federal.

Con las computadoras en su poder, García Luna copió la información y posteriormente dio parte al Ministerio Público Federal, en donde también abrieron los archivos y descubrieron nombres de muchas personas involucradas con los tres principales partidos políticos del país. PRI, PAMN y PRD. Esto explica porque esa averiguación previa a pesar de estar lista para su consignación desde el sexenio pasado, simplemente un nca vio la luz y por ello el trabajo investigativo del diario Reforma resulta relevante para conocer la verdad sobre una “red criminal” de blanqueo de capitales de dinero público, de políticos, de delincuentes, del narcotráfico y del sector empresarial. Por ahí dicen que hasta recursos del todavía líder del sindicato petrolero se manejaron.

Periodistas en riesgo

Información investigada por la reportera Elva Mendoza de la revista Contralínea, revela que en el primer año del actual gobierno, seis periodistas fueron asesinados, tres desaparecidos y por lo menos se cometieron 124 agresiones en contra del gremio. Con respecto de 2012, las agresiones aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios de comunicación de incrementaron en 300 por ciento, según reveló La Casa de los Derechos de Periodistas. Las zonas más conflictivas para la prensa fueron Veracruz, Distrito Federal y Oaxaca.

De acuerdo con el Informe Mundial México, de Reporteros sin Fronteras, la elección de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional—no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país.

“México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”, sostiene el informe de Reporteros sin Fronteras, y añade que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas mexicanos y 17 desaparecidos.

La información de Elva Mendoza da cuenta de un monitoreo realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas, que comprendió de enero a noviembre de 2013, e identifica a Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca como las entidades con mayor incidencia de agresiones y agravios en contra de la prensa.

De los 124 hechos en que fueron agredidas personas trabajadoras de medos de comunicación, 66 ocurrieron en Veracruz, 52 en el DF y 42 en Puebla. Le siguen Chiapas con 21, Puebla con 16, Guerrero y Baja California con 12 cada uno, Hidalgo con 11, Sonora con 10, Coahuila con 9, el Estado de México 5, Tamaulipas y Nuevo León con 4, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua con 3, Nayarit 2, y Tabasco, Durango y Aguascalientes con uno.

El clima de miedo e impunidad, aunado a la falta de confianza en las instituciones, mantienen en el anonimato y fuera de las estadísticas una gran cantidad de agravios. “En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 periodistas están amenazados” y no se atreven a denunciar porque no hay una autoridad confiable a dónde ir, sostiene Martha Olivia López, directora de la Casa de los Derechos de Periodistas.

Refiere que en la organización que dirige han documentado casos donde los periodistas viajan hasta el Distrito Federal para pedir el acompañamiento y la exposición de su caso, pero se niegan a presentar denuncias formales por miedo.

En el marco del segundo encuentro nacional de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación de todo el país coinciden en que el miedo y la impunidad, la lentitud de las instituciones e incluso la falta de acción de éstas ha generado que pese a la alta incidencia de agravios, los hechos no se denuncien jurídicamente.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

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Usan red de lavado los partidos

Los monederos electrónicos Monex, de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero, señala una investigación federal.

Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña tricolor en el 2012, provenientes de un entramado de empresas “virtuales” vinculadas a Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.

En el sexenio de Felipe Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, “carros exóticos” y diamantes, por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico, según un reporte de la UIF del 2 de junio de 2012.

Al ahondar en la pesquisa, las investigaciones encontraron que uno de los principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, indica el oficio 110/H/787/2012.

El documento también establece que otro sujeto que recibió dinero de este grupo delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE el año pasado proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional.

Álvarez Longoria estaba relacionado con Calzada, pues le hizo un depósito a la cuenta 4052982519 de HSBC.

Los recursos que aportaron Álvarez Longoria y Calzada son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex y cuyo destino el PRI no pudo comprobar ante el Instituto Federal Electoral, pese a lo cual este año el tricolor fue absuelto de responsabilidad.

La Secretaría de Hacienda y la PGR también ubicaron vinculadas a Álvarez Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años, sin registro de declaración fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.

El caso es parte de lo que el SAT denomina “fraude carrusel”, que son las defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre 2008 y 2012 habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para deducciones fraudulentas.

Entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes “contrataban” cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.

Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza, revelan documentos.

El 28 de junio del año pasado la SEIDO inició la investigación UEIORPIFAM/AP/167/2012 por lavado de dinero, pero 35 días después el Gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos fiscales.

Por ello, el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, que instruye ahora la indagatoria bajo el número UEIDFF/FISM16/265/2012, indican registros judiciales.

Un funcionario dijo que la instrucción de cancelar la pesquisa por lavado vino después de descubrirse que Edicom también estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada Administración.

De hecho, la PGR detectó que la trama empresarial que vendía facturas y blanqueaba activos recibió dinero de la Secretaría de Salud, a través de contratos que nunca fueron comprobados que se cumplieran, según la Auditoría Superior de la Federación.

Pese a que las empresas relacionadas a Edicom no se dedicaban al giro que tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la elección la PGR renunció a indagar el lavado.

“Esta investigación es el seguro de vida de la procuradora Marisela Morales, de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI.

“El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también se descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada”, dijo una fuente conocedora del asunto.

Destapa cloaca contador

El 25 de junio de 2012 Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala, coordinador y vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, denunciaron por vez primera que el PRI había sobrepasado por más del doble los gastos de campaña, tan sólo en el rubro de operación electoral, a través de las tarjetas Monex.

Los panistas aseguraron que en los tres meses de campaña 300 delegados distritales del PRI recibirían 54 millones a través de los monederos, y que otros 19 mil 490 representantes generales la suma de 389 millones 800 mil pesos.

La SEIDO dio inicio tres días más tarde a una indagatoria con base en dos elementos: una carta anónima suscrita por un supuesto contador de la empresa Edicom, y el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El autor del texto anónimo decía haber trabajado para Edicom, hasta que le decomisaron dinero y fue amenazado de muerte por sus jefes.

Acusó a Alberto Grande Vidaurre y Raúl Álvarez Longoria, quien fondeó los monederos Monex, de encabezar un organización que lavaba dinero, mediante la compra de vehículos e inmuebles de lujo.

¿ Se acuerdan que la parentela de Graco Ramírez estaba metida en lo de Monex ?

Traicionando a AMLO: Sale más del caso Monex incluyendo a seudo izquierdistas o parientes de éstos

POR POK

Ya mucha gente sabe de los famosos chuchos del PRD pero no son los únicos, hay otros que tienen tratos con el PRI y con el PAN. La izquierda política está infiltrada y ésta es otra de las formas de impedir que un verdadero gobierno de izquierda llegue a la presidencia de México:

Más información del caso Monex en MVS Noticias:

Hugo Viguez, (Ugo Wiechers), metido en el caso Monex es yerno de la esposa de Graco Ramírez(gobernador electo de Morelos por el PRD), Elena Cepeda (ex secretaria de Cultura del DF con Marcelo Ebrard).

Parte 1

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Parte 2

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Noticias MVS

#VigilaTuEleccion Compra de votos endeuda a estados

Ante los cuestionamientos y pruebas existentes en torno a la participación de Monex como operador financiero en la compra masiva de voto, realizada en la elección presidencial del 2012 por el PRI y su entonces candidato Enrique Peña Nieto, es natural y exigible que se aclare la contratación por parte del gobierno del estado de Michoacán, respecto de un fideicomiso concertado con ese Banco, como garantía de pago por 7 mil millones de pesos de la nueva deuda contratada por la actual administración.

“En marzo de este año el gobierno priísta firmó un contrato de fideicomiso con Monex, en el que el estado entrega el 13.5% de las participaciones federales correspondientes a Michoacán a dicha institución financiera para garantizar la nueva deuda estatal, resultando ese porcentaje por la cantidad de 3 mil 270 millones de pesos anuales, es decir, los recursos de los michoacanos están hipotecados con ese Banco”, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, secretario de Economía Solidaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

El pueblo de Michoacán no tiene la obligación de pagar los compromisos político-electorales de Enrique Peña Nieto, la entidad sufre una crisis severa de empleo, desarrollo económico, inseguridad y abandono del campo, pero la administración estatal prefiere pagar las deudas del administrador de Los Pinos que atender las necesidades de los michoacanos. Michoacán merece respeto, no merece el abandono del gobierno estatal, ni que la federación use recursos estatales para pagar sus compromisos fraudulentos.

Asimismo, mencionó el integrante del Morena, “se debe aclarar la contratación con Monex, pero también existe la imperante necesidad de revisar, aclarar y sancionar el tema del ignominioso pago de 1500 millones de pesos al SAT por parte de la actual administración estatal por concepto de ISR retenido a los trabajadores estatales, el cual no se debió enterar por así determinarlo la Cámara de Diputados, sin embargo, al enterarse indebidamente ese recurso gracias a la ignorancia en materia fiscal y a las ansias de evidenciar al anterior gobierno, se causó un severo daño patrimonial al estado, dejando de realizarse obras con ese recurso, que hubieran impactado positivamente en el desarrollo económico”.

Se debe conocer también el destino de los 1462 millones de pesos por el subejercicio en la secretaría de Salud en 2012, el cual es completamente obsceno y ofensivo para los michoacanos, ya que mientras los hospitales y centros de salud carecen de medicamentos, el gobierno del estado tiene irresponsablemente subejercicios, debiendo en este caso también indagar y sancionar tal irresponsabilidad.

Finalmente, señaló Ramírez Bedolla que “el gobierno estatal no puede ocultarle información a los michoacanos, tiene la obligación de cumplir con el principio constitucional de máxima publicidad para la transparencia de cualquier asunto de carácter público, por lo que se deben revelar en su totalidad los contratos y condiciones con Monex, el pago de los 1500 millones por ISR y el subejercicio de 1462 millones en salud. El pueblo de Michoacán merece la verdad, ya no puede, ni debe prevalecer la opacidad con la que se ha conducido la administración estatal”.

Videgaray y Murillo Karam se investigarían a sí mismos por caso Monex

El Consejo general del IFE acordó entregar los expedientes de la Unidad de Fiscalización, sobre la triangulación de recursos en la campaña del PRI, a Hacienda y la Fepade... que actualmente coordinan dos priistas, aliados de EPN.

Murillo Karam y Videgaray podrían darle seguimiento a las investigaciones del IFE sobre la campaña en la que participaron. (Fotos: Archivo/Cuartoscuro)

Las investigaciones del caso Monex estarán a cargo de dos priistas que formaron parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto: Jesús Murillo Karam y Luis Videgaray.
El consejo general del IFE aprobó el miércoles “dar vista” de los expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el ex procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de la que es titular Videgaray Caso.
También será notificada la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que forma parte de la estructura de la PGR, encabezada por Murillo Karam.
Los consejeros enviarán los expedientes de la distribución de tarjetas para que, según las facultades de esas unidades o instituciones, se inicie una investigación por presuntos actos que pudieran constituir un delito que no corresponde a lo electoral, que en este caso se vincula al lavado de dinero.
El IFE también entregará copias de la investigación de su Unidad de Fiscalización a laComisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la secretaría Ejecutiva del IFE.
Al respecto, el consejero legislativo del PRD ante el instituto, Fernando Belaunzarán, comentó que se trata de una “coartada sin pies ni cabeza”, porque, señaló, las investigaciones recaerán en el ex coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, y en el “encargado de la defensa jurídica del voto de las elecciones del 1 de julio del PRI”, Murillo Karam.

“Una burla”, el relevo en la Comisión Monex: López Obrador

PEDRO ZAMORA BRISEÑO
11 DE ABRIL DE 2013 · 6 COMENTARIOS
DESTACADO

El edificio de Monex en la ciudad de México.
Foto: Miguel Dimayuga

COLIMA, Col. (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador calificó como “una burla” lo ocurrido dentro de la comisión legislativa que investiga el caso de las tarjetas Monex, cuyo presidente, el diputado perredista Roberto López Suárez, fue sustituido por el priista José Rangel Espinosa.

“Son unos cínicos”, comentó el líder opositor al hacer notar que el nuevo titular de la comisión pertenece al mismo partido del presidente Enrique Peña Nieto, en cuya campaña se cometieron las presuntas anomalías con las tarjetas.

Entrevistado esta tarde en el marco de su visita a esta ciudad para tomar protesta al comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), López Obrador consideró que en las condiciones actuales la Comisión Monex ya no funcionará.

Al respecto, el político tabasqueño cuestionó: “¿Cómo va a investigar el mismo Peña Nieto sobre su ilegalidad de utilizar dinero de procedencia ilícita? Es como si se juzgara a sí misma la maestra Elba Esther. Peña Nieto ahora se está investigando, pues entonces ya sabemos cuál será el resultado.”

Definió como “una telenovela, o una tragicomedia convertida en telenovela con capítulos” lo que ha ocurrido actualmente en México con Enrique Peña Nieto como actor.

“Ahí lo maquillan, lo peinan, se tardan como una hora haciéndole la raya, el copete, le ponen moco de gorila, lo presentan en la televisión y lo ponen a leer en un teleprompter porque no es capaz de improvisar”.

Uno de los capítulos, refirió, fue el de “La traición”, que tuvo que ver con el encarcelamiento de la expresidenta del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, “haciendo creer que ahora sí las cosas van a cambiar, que ahora sí se va a combatir la corrupción, pero todo es un espectáculo, un circo”.

Sin embargo, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal sostuvo que “Peña Nieto es igual de corrupto que Elba Esther”, pues también tiene grandes mansiones como ella, ambos viajaban en avión particular y compraban en tiendas de gran lujo del extranjero.

Además, sobre la acusación de que Elba Esther Gordillo lavó dinero, “Peña también, utilizó miles de millones de procedencia ilícita para comprar votos”, fustigó López Obrador.

En relación con el movimiento magisterial de Guerrero en contra de la reforma educativa, el tabasqueño dijo que el gobierno no debe enfrentar este asunto con difamación en los medios, con amenazas y mucho menos con represión.

“Tiene que haber diálogo y compromisos, porque no se resuelve nada con el uso de la fuerza o con mano dura, tienen que abrirse las negociaciones, no imponer nada ni utilizar los medios de comunicación, sobre todo la televisión, para denigrar a los maestros”, estimó.

De acuerdo con el fundador de Morena, hasta ahora el gobierno federal no ha mostrado voluntad de diálogo con los maestros de Guerrero, sino que “hay mucha cerrazón” porque Peña Nieto tiene mucha influencia del fallecido expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“Deberían entender que se trata de un conflicto social y tratarlo de otra forma, buscando el entendimiento; hay que saber rectificar, informar a los maestros de qué se trata porque hablan de una reforma educativa, pero realmente es una reforma laboral que quieren aplicar; yo no veo dónde esté el planteamiento para mejorar la calidad de la enseñanza, para que no haya rechazados, no veo eso”.

López Obrador descartó que exista un riesgo de estallido social en el país porque a su juicio la gente no quiere violencia, busca el diálogo, aunque el gobierno no está haciendo su trabajo.

A su vez, reiteró que Morena no entrará al Pacto por México, porque “es una simulación, una tomadura de pelo”, pues significa mantener la misma política económica que ha provocado la inseguridad y la violencia. “No vamos a formar parte de la comparsa, Morena no es un partido palero”.

Si continúa la misma política económica, advirtió, no se resolverán los problemas y, por el contrario, se agravará la situación, se complicará la crisis económica, la crisis de bienestar social, de inseguridad y de violencia.

A la mayoría de los mexicanos, advirtió, “ya le llegó el agua al cuello: no hay trabajo, al que tiene un empleo sus ingresos no le alcanzan para lo más indispensable y, encima de todo, estos irresponsables de la banda de delincuentes que malgobierna al país están aumentando los precios de los combustibles, la gasolina, el diesel, el gas y la luz”.