Los monederos electrónicos Monex, de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero, señala una investigación federal.
Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña tricolor en el 2012, provenientes de un entramado de empresas “virtuales” vinculadas a Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En el sexenio de Felipe Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, “carros exóticos” y diamantes, por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico, según un reporte de la UIF del 2 de junio de 2012.
Al ahondar en la pesquisa, las investigaciones encontraron que uno de los principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, indica el oficio 110/H/787/2012.
El documento también establece que otro sujeto que recibió dinero de este grupo delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE el año pasado proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional.
Álvarez Longoria estaba relacionado con Calzada, pues le hizo un depósito a la cuenta 4052982519 de HSBC.
Los recursos que aportaron Álvarez Longoria y Calzada son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex y cuyo destino el PRI no pudo comprobar ante el Instituto Federal Electoral, pese a lo cual este año el tricolor fue absuelto de responsabilidad.
La Secretaría de Hacienda y la PGR también ubicaron vinculadas a Álvarez Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años, sin registro de declaración fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
El caso es parte de lo que el SAT denomina “fraude carrusel”, que son las defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre 2008 y 2012 habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para deducciones fraudulentas.
Entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes “contrataban” cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.
Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza, revelan documentos.
El 28 de junio del año pasado la SEIDO inició la investigación UEIORPIFAM/AP/167/2012 por lavado de dinero, pero 35 días después el Gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos fiscales.
Por ello, el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, que instruye ahora la indagatoria bajo el número UEIDFF/FISM16/265/2012, indican registros judiciales.
Un funcionario dijo que la instrucción de cancelar la pesquisa por lavado vino después de descubrirse que Edicom también estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada Administración.
De hecho, la PGR detectó que la trama empresarial que vendía facturas y blanqueaba activos recibió dinero de la Secretaría de Salud, a través de contratos que nunca fueron comprobados que se cumplieran, según la Auditoría Superior de la Federación.
Pese a que las empresas relacionadas a Edicom no se dedicaban al giro que tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la elección la PGR renunció a indagar el lavado.
“Esta investigación es el seguro de vida de la procuradora Marisela Morales, de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI.
“El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también se descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada”, dijo una fuente conocedora del asunto.
Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña tricolor en el 2012, provenientes de un entramado de empresas “virtuales” vinculadas a Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En el sexenio de Felipe Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, “carros exóticos” y diamantes, por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico, según un reporte de la UIF del 2 de junio de 2012.
Al ahondar en la pesquisa, las investigaciones encontraron que uno de los principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, indica el oficio 110/H/787/2012.
El documento también establece que otro sujeto que recibió dinero de este grupo delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE el año pasado proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional.
Álvarez Longoria estaba relacionado con Calzada, pues le hizo un depósito a la cuenta 4052982519 de HSBC.
Los recursos que aportaron Álvarez Longoria y Calzada son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex y cuyo destino el PRI no pudo comprobar ante el Instituto Federal Electoral, pese a lo cual este año el tricolor fue absuelto de responsabilidad.
La Secretaría de Hacienda y la PGR también ubicaron vinculadas a Álvarez Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años, sin registro de declaración fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
El caso es parte de lo que el SAT denomina “fraude carrusel”, que son las defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre 2008 y 2012 habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para deducciones fraudulentas.
Entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes “contrataban” cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.
Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza, revelan documentos.
El 28 de junio del año pasado la SEIDO inició la investigación UEIORPIFAM/AP/167/2012 por lavado de dinero, pero 35 días después el Gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos fiscales.
Por ello, el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, que instruye ahora la indagatoria bajo el número UEIDFF/FISM16/265/2012, indican registros judiciales.
Un funcionario dijo que la instrucción de cancelar la pesquisa por lavado vino después de descubrirse que Edicom también estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada Administración.
De hecho, la PGR detectó que la trama empresarial que vendía facturas y blanqueaba activos recibió dinero de la Secretaría de Salud, a través de contratos que nunca fueron comprobados que se cumplieran, según la Auditoría Superior de la Federación.
Pese a que las empresas relacionadas a Edicom no se dedicaban al giro que tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la elección la PGR renunció a indagar el lavado.
“Esta investigación es el seguro de vida de la procuradora Marisela Morales, de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI.
“El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también se descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada”, dijo una fuente conocedora del asunto.
Destapa cloaca contador
El 25 de junio de 2012 Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala, coordinador y vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, denunciaron por vez primera que el PRI había sobrepasado por más del doble los gastos de campaña, tan sólo en el rubro de operación electoral, a través de las tarjetas Monex.
Los panistas aseguraron que en los tres meses de campaña 300 delegados distritales del PRI recibirían 54 millones a través de los monederos, y que otros 19 mil 490 representantes generales la suma de 389 millones 800 mil pesos.
La SEIDO dio inicio tres días más tarde a una indagatoria con base en dos elementos: una carta anónima suscrita por un supuesto contador de la empresa Edicom, y el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El autor del texto anónimo decía haber trabajado para Edicom, hasta que le decomisaron dinero y fue amenazado de muerte por sus jefes.
Acusó a Alberto Grande Vidaurre y Raúl Álvarez Longoria, quien fondeó los monederos Monex, de encabezar un organización que lavaba dinero, mediante la compra de vehículos e inmuebles de lujo.
Los panistas aseguraron que en los tres meses de campaña 300 delegados distritales del PRI recibirían 54 millones a través de los monederos, y que otros 19 mil 490 representantes generales la suma de 389 millones 800 mil pesos.
La SEIDO dio inicio tres días más tarde a una indagatoria con base en dos elementos: una carta anónima suscrita por un supuesto contador de la empresa Edicom, y el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El autor del texto anónimo decía haber trabajado para Edicom, hasta que le decomisaron dinero y fue amenazado de muerte por sus jefes.
Acusó a Alberto Grande Vidaurre y Raúl Álvarez Longoria, quien fondeó los monederos Monex, de encabezar un organización que lavaba dinero, mediante la compra de vehículos e inmuebles de lujo.
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