En el ocaso del sexenio pasado al menos uno de los mandos militares falsamente señalados de tener vínculos con el crimen organizado –y que ya está libre– fue presionado para inculpar a Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte. Un Ministerio Público federal lo “invitó” a que dijera que ambos estaban implicados con los cárteles de la droga. Querían manchar a la oposición a como diera lugar. El militar se negó, pese a que lo amenazaron con que perdería a su familia.
Durante las campañas electorales del año pasado el entonces presidente Felipe Calderón –en la debacle de su gobierno– quiso que la Procuraduría General de la República (PGR) inventara cargos de narcotráfico y crimen organizado contra el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su contendiente en la elecciones de 2006 y quien competía también en 2012.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.
Tortuoso proceso
Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.
Trato degradante
Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.
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