Juez federal concede suspensión indefinida a Romero Deschamps, y no podrá ser detenido por la FGR

Carlos Romero Deschamps, quien está acusado de administración fraudulenta y por no transparentar los dineros que le ha dado Pemex a los dirigentes sindicales, no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) porque un juez federal, con sede en el Estado de México, le concedió una suspensión definitiva.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Un juez federal, con sede en el Estado de México, otorgó una suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana(STPRM), por lo que no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República(FGR).

La semana pasada, el Frente Nacional Petrolero presentó ante la FGR una serie de pruebas en contra Romero Deschamps que validan las acusaciones por fraude millonario en la administración de recursos del gremio.

También se solicitó a la Fiscalía que cite a Romero Deschamps para que responda por los delitos que se le acusa, así lo informó Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador general del Frente Nacional Petrolero.

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Sin embargo, el líder petrolero consiguió este martes una suspensión definitiva por parte del Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, para cualquier orden de arresto en su contra.

Carlos Romero, quien lleva 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, está acusado de administración fraudulenta, fraude y por no transparentar los dineros que le ha dado Pemex a los dirigentes sindicales.

El líder petrolero ha sido señalado de corrupción durante años, y ni los gobiernos de Acción Nacional (PAN) ni los del Revolucionario Institucional (PRI) han actuado contra él. Todo lo contrario, Vicente Fox le perdonó desvíos por mil millones de pesos en el proceso electoral 1999-2000 y con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ganó el mote del “jeque mexicano”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina sobre los abusos que comete Romero Deschamps en el sindicato de Pemex. El Ejecutivo señaló que no se permitirá “ningún privilegio para dirigentes. No puede haber tanto dinero en eso (viáticos). Ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes”.

El ex Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con senadores del PRI durante su novena reunión Plenaria, lo acompañan los senadores Emilio Gamboa, Miguel Romo, Carlos Romero Deschamps, Isaías González, Miguel Ángel Chico, Joel Ayala, Armando Neyra, Agustín Trujillo y Tereso Medina. Foto: Cuartoscuro

LA DENUNCIA

El 28 de marzo el Frente Nacional Petrolero ratificó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del líder petrolero, la cual fue presentada por el líder de la organización disidente, Sergio Morales Quintana, el 27 de febrero.

Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, saluda al líder sindical del Pemex, Carlos Romero Deschamps, durante la celebración del 78 Aniversario de la Expropiación Petrolera en 2016. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

El nombre de Carlos Romero Deschamps ha estado en el ojo público recientemente y no sólo por las las pruebas que este lunes presentaron los disidentes en su contra.

La semana pasada elementos de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en contra de su abogado, Javier Collado Mocelo, con quien estaba comiendo en un restaurante de la Ciudad de México en el momento de su detención.

El Presidente durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró esta mañana que no tiene información sobre ninguna denuncia en contra de Romero Deschamps, sin embargo, recordó que él dio la instrucción de que todo lo vinculado con un delito, se debe denunciar.

“Acerca de la denuncia no tengo información, pero es un poco lo que pasó ayer. Tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito, se denuncia, sea quien sea. Ayer tuve una reunión con Santiago Nieto”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Cuando un reportero lo cuestionó sobre la presunta relación de Arturo Alcalde Romero, padre de Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el mandatario rechazó que el hombre sea supuestamente el abogado del líder petrolero.

“A reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero Deschamps. Pero no creo que sea el abogado. Lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios para nadie. Se acabó la impunidad. Existen contratos que se tienen que respetar”, aseveró desde Palacio Nacional.

El poder judicial, refugio de delincuentes

No existen declaraciones patrimoniales de juzgador investigado por la FGR

Gustavo Castillo García y César Arellano

 

Periódico La Jornada
Viernes 24 de mayo de 2019, p. 7

Públicamente son inexistentes las declaraciones patrimoniales del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien es investigado por autoridades federales tanto en el ámbito financiero como penal por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La información patrimonial del juzgador no existe, según los registros del Consejo de la Judicatura Federal que se pueden consultar a través del Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (Sipot).

En días pasados la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con este magistrado, al ser incluido en una lista de personas vinculadas a grupos delictivos, que es elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Presuntamente Avelar Gutiérrez, quien es investigado por la Fiscalía General de la República, colaboró con el cártel Jalisco Nueva Generación para que al menos 10 de sus principales integrantes fueran dejados en libertad y ya no se les siguieran los procesos penales iniciados por diversos delitos.

La Jornada consultó la base de datos del Sipot, donde existe un sitio para revisar las declaraciones patrimoniales de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 2015 a 2017, para el ejercicio 2018 y el primer trimestre de 2019, y en todos los casos la respuesta fue no existen registros.

En ese contexto, el magistrado Avelar Gutiérrez promovió un amparo contra cualquier orden de captura en su contra, y un juzgado federal con sede en Zapopan, Jalisco, le concedió una suspensión provisional para que no se ejecute algún mandamiento judicial, aunque esta medida no tiene efectos si se le acusa por delito graves como delincuencia organizada.

Invierte 450 mil pesos y serás juez ¡ Qué vergüenza !

De acuerdo con la versión de integrantes del Poder Judicial de la Federación quienes han participado en procesos de selección para acceder a una plaza de juez federal, en México el costo podría acceder a los 450 mil pesos.

Dentro de los testimonios que cuentan con resguardo de identidad, al ser cuestionados sobre los factores de los cuales depende el monto, expresaron que dependía de las exhibiciones en las que se realiza el pago, que puede extenderse hasta tres meses de sueldo ya como juez.

“Algunos logran negociar un pago directo que va de 100 a 150 mil pesos, porque ya se saben la jugada, pero otros aceptan ceder hasta los primeros tres meses de su sueldo ya como jueces, que son más de 450 mil pesos”.

El examen para ser juez consiste en dos etapas: La primera que comprende la resolución de un cuestionario de 100 reactivos elegidos por un comité técnico. Y la segunda que consiste en la elaboración de uno o dos proyectos de sentencia y un examen oral sobre un tema insaculado.

Cancelan exámenes para jueces federales… porque se robaron las respuestas

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anuló el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, al descubrir que la prueba fue robada y estaba a la venta.

En un informe elaborado por el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del Instituto de la Judicatura Federal se alertó al pleno del CJF sobre “la obtención ilegal” (robo) de algunos de los exámenes aplicados a los futuros jueces.

“Dado que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar la determinación de suspender el concurso”, aseguró ayer el CJF.

Señaló que el mencionado informe advierte de indicios “de un lucro” de los exámenes sustraídos ilegalmente, “por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”.

Dicho concurso de oposición inicio el 4 de octubre de 2017 cuando el pleno del CJF aprobó las reglas y lineamientos generales para acceder al cargo de juez de Distrito.

De acuerdo con los registros del propio organismo judicial, a dicha oposición se inscribieron 2 mil 628 aspirantes quienes realizaron un primer examen como parte de una primera depuración.

Tras una evaluación automatizado, elaborada el 8 de enero pasado, del total de aspirantes se seleccionó sólo a 91 aspirantes como finalistas del concurso, quienes fueron sometidos a una segunda prueba de evaluación.

Los finalistas elaboraron el examen el 8 de febrero pasado, en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, ubicado en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

Fue en esta etapa del proceso cuando se descubrió, a través de denuncias anónimas, el robo de las pruebas aplicadas a los aspirantes, las cuales se ofertaron entre los candidatos. Se presume que las pruebas aplicadas en las dos etapas de exámenes fueron robadas previó a su aplicación y ofertadas entre aspirantes.

Por ello, se inició una investigación interna a todo el personal que de alguna manera pudo tener acceso a los exámenes o al sistema de cómputo del propio Instituto para deslindar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes obtuvieron de forma ilegal la prueba.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, aunque el CJF reúne las pruebas para que, además de la investigación interna, se formule una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del o los responsables de este hecho ilícito.

Al reconocer este acto de corrupción, el CJF se dijo comprometido con la transparencia y destacó que dejará constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales.

Familiares de 500 jueces y magistrados, en la nómina de la SCJ

El consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada y el ministro Luis Maria Aguilar en la Corte. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la propia Corte.

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

PRI-PAN: Impúdico reparto de jueces; al PRD, migajas

El Sistema Anticorrupción, otra mascarada

–No combaten corrupción, sino escándalos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debería ser un escándalo, pero se ha impuesto el silencio: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han concluido una década de su opulenta gestión –los mejor pagados de México– con la aberrante sentencia que exonera al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de todos sus abusos. Pero los nuevos jueces no actuarán distinto por una razón: Tienen dueños, como sus antecesores.

Una vez más, como ha sucedido desde el sexenio de Vicente Fox –la alternancia que aniquiló la transición democrática–, en el Senado se exhibió el cínico mercadeo para integrar, de manera facciosa –por el método de las cuotas partidistas–, la institución que tiene la última palabra en los procesos electorales y que declarará válida o no la elección presidencial de 2018.

Este tribunal no sólo exoneró las insolentes y sistemáticas violaciones a la Constitución y a las leyes del PVEM, sino que abonó el camino a Enrique Peña Nieto cuando la entonces presidenta del órgano, María del Carmen Alanís, propuso y logró perdonarlo de violar la Constitución por difundir en 2010 un total de 3 mil 528 promocionales en todos los estados del país, incluidos los que tendrían elecciones, como acreditó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

La exoneración de Peña se produjo luego de que Alanís fue anfitriona de una comida en su penthouse, el 9 de marzo, a la que asistieron Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, actual presidente del PRI y quien era asesor de la magistrada, amiga íntima por cierto de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

Ahora, igual que en octubre de 2006, justo tras la elección presidencial, el PRI se quedó con tres magistrados, tres el PAN y uno –el bofe– del PRD, en un proceso que, en lo formal, involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con su propia integración facciosa–, pero en los hechos hizo partícipes sólo a las cúpulas y grupos de cada uno de los tres principales partidos.

Y si a esto se añade que también está partidizado el Instituto Nacional Electoral (INE) –creación con esa denominación del PAN–, con consejeros que actúan más como correas de transmisión de los intereses que los impusieron que como árbitros imparciales –en un método que se inició en 2003–, entonces el panorama es sombrío.

Sólo los ciegos, obtusos o beneficiarios niegan la ampliamente documentada integración facciosa de las instituciones electorales a nivel federal que, a su vez, se replican en cada uno de los estados de la República, aun y cuando el objetivo de la reforma que transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en INE, en 2014, pretendía quitar a los gobernadores el control de los órganos locales en la materia.

Pero este mismo fenómeno se ha materializado en uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se ha ofrecido a los mexicanos como la panacea contra el saqueo del patrimonio nacional: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esta institución, que en el mejor de los casos sancionará por la vía administrativa a los servidores públicos deshonestos, padece el mismo mal que el TEPJF, el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la SCJN, el Instituto Nacional de Competencia, de Telecomunicaciones: Está, todo, partidizado.

Los magistrados actuales responden a intereses políticos muy específicos: Víctor Orduña, por ejemplo, es un panista incondicional del panista Diego Fernández de Cevallos; el exsenador Carlos Chaurand, quien no cumplía ni siquiera con los requisitos para el cargo, es allegado al priista Manlio Fabio Beltrones; Julián Olivas fue el primer secretario de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, y Rafael Estrada Sámano es amigo desde la juventud de Felipe Calderón.

Está en curso el nombramiento del fiscal anticorrupción, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta donde se sabe recaerá a un personaje que sea capaz, no de tener independencia y arrojo para perseguir la corrupción, sino de conciliar los intereses de PRI y PAN.

El año pasado, por ejemplo, el PAN cabildeaba por Rafael Estrada Michel, hijo de Estrada Sámano, nieto e hijo de Rafael Estrada Iturbide, fundador de ese partido y descendiente del emperador Agustín de Iturbide.

¿Alguien puede dudar que las instituciones son botín para la élite de PRI y PAN, y que las leyes son una arquitectura para la impunidad? No le importa combatir la corrupción, sino los escándalos de corrupción…

Apuntes

Este martes 25 será presentado mi libro “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias a la organización de los colegas Armando Rojas Arévalo y Jorge Meléndez Preciado. El miércoles estaré en Oaxaca, con el mismo propósito…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Exigen investigar a magistrado que revocó clausura de tienda Chedraui

Encabeza protesta frente a tribunal el delegado de Xochimilco

Arturo González no tiene facultades para contravenir al pleno, señala

Pobladores de Tulyehualco, Xochimilco, se manifestaron afuera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la decisión de un magistrado de revocar la clausura de una tienda ChedaruiFoto Rocío González Alvarado

Rocío González Alvarado y Alejandro Cruz Flores

 

Periódico La Jornada
Viernes 20 de mayo de 2016, p. 30

Habitantes de Xochimilco, encabezados por el jefe delegacional Avelino Méndez Rangel, se manifestaron frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de la Ciudad de México para exigir que se investigue al magistrado Arturo González Jiménez, quien mandó revertir la clausura de una tienda Chedraui, ubicada en el pueblo de Tulyehualco.

Luego de entregar la solicitud por escrito en la oficialía de partes, el delegado afirmó que la sentencia va en contra el debido proceso, pues se emitió 72 horas después de que la sala quinta de órgano ordenara la reposición de sellos para mantener el cierre del establecimiento mercantil.

En principio, en este caso concreto, el magistrado no tiene facultades para revocar la resolución del pleno del tribunal, por lo que pedimos que la presidenta Yasmín Esquivel no ampare este tipo de conductas, expresó.

Detalló que este es uno de los cinco megaproyectos, autorizados desde el gobierno central, que atentan contra la sustentabilidad de Xochimilco y de la ciudad de México, por lo que mantendrán la batalla jurídica para evitar que avancen.

En tanto, el presidente local de Morena, Martí Batres, exigió al gobierno de la ciudad cancelar la construcción de una torre de más de 40 niveles como parte de los trabajos en el Centro de Transferencia Modal Chapultepec, así como los complejos inmobiliarios Casablanca, en la zona boscosa de Álvaro Obregón, y de la calle Aztecas 215, en Coyoacán, pues representan una fuerte afectación al medio ambiente.

En conferencia de prensa, dijo que en el caso de la primera se pretende eliminar mil 500 metros cuadrados de la parte oriente del bosque de Chapultepec, mientras que los otros dos megaproyectos se edifican en zonas de filtración y depósito de agua de los mantos freáticos.

Morena apoyará a inconformes

Lo anterior, dijo, resulta preocupante ante la crisis ambiental que vive la capital del país, ya que además este tipo obras, así como las que el mismo gobierno realiza, implica el derribo de árboles, al grado de que, afirmó, diariamente se talan 15 en la ciudad, por lo que en la última década el número asciende a 50 mil individuos arbóreos retirados, 60 por ciento de ellos en la actual administración.

Al señalar que Morena apoyará a los vecinos que se inconforman contra estos megaproyectos, Batres Guadarama, señaló que se buscará que la constitución de la ciudad incluya la prohibición de cambiar el uso de suelo agrícola a urbano y que toda obra de alto impacto sea puesta a consulta pública y vinculante.

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En la Corte y el TSJDF, la justicia secuestrada

El ministro Juan Silva Meza en la Corte. 

MÉXICO, D.F. (apro).- Un indicador de la calidad democrática de México es lo que pasa en su sistema judicial. El Poder Ejecutivo ve al Judicial no como un poder más del Estado, sino como un instrumento de castigo y control.

Tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores se empeñan en mantener al Poder Judicial como un poder de tercera, en lugar de ser el verdadero tercer poder del Estado, además del Legislativo.

Los jueces y magistrados federales ahora mismo se encuentran en una campaña, tal vez inútil, para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto anteponga el cálculo político en la conformación de las ternas de las que habrán de salir los sustitutos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes el 30 de noviembre próximo pasan a retiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El objetivo es impedir la llegada de Raúl Cervantes, un operador del PRI que fue asesor jurídico en la campaña presidencial y ahora es senador con licencia. Los jueces y magistrados se sienten desplazados y agraviados desde que Peña propuso al expolicía y exembajador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.

En los gobiernos de los estados, el control del Poder Judicial es aún más burdo. Con la farsa de la intervención de los congresos, el control de los tribunales termina en manos de amigos y compadres de los gobernadores. La justicia aplica así sólo para los desafectos.

La capital del país no es la excepción en el afán de control. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, enfrenta una rebelión de jueces y magistrados que se oponen a su segunda reelección.

Con miras a la sucesión en el órgano de justicia del Distrito Federal, también en noviembre próximo, un grupo de magistrados le han reprochado directamente a Elías Azar su pretensión de ocupar por tercera vez consecutiva la presidencia del Tribunal, con lo que llegaría a casi una década de control del aparato del Poder Judicial de la capital del país.

Uno de sus principales opositores es el anterior presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, con quien mantiene ya una larga confrontación.

Carrera Domínguez, ponente de la Octava Sala Penal del TSJDF, de plano lo acusa de ejercer un control vertical del aparato de justicia y, peor aún, de intervenir en resoluciones judiciales de jueces y magistrados.

“Usted es el primero en violar la autonomía del tribunal”, le dijo Carrera en una sesión privada de pleno el pasado 21 de septiembre. Puso el caso de una resolución en la que se decretó la formal prisión a un ciudadano inocente acusado de secuestro.

En ese mismo encuentro, algunos otros magistrados apelaron a que la propia normativa del TSJDF impide la reelección, como ocurre a nivel nacional.

Edgar Elías aseguró que no respondería desde su posición como presidente en el pleno, sino que fuera de ese foro respondería a las “acusaciones y ataques que sufrí en este momento”.

Pero además dijo que ya había sido objeto de amenazas contra él y su familia.

Ese día, según relataron testigos, se discutieron las bases para la próxima elección del presidente del TSJDF. Elías Azar quiere mantenerse tres años más y hasta posiblemente buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Elías llegó al TSJDF en 2006 y gracias a una reforma de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado el escenario está puesto para que se reelija.

La reforma alargó de los 70 a los 75 años la edad de retiro de los jueces y magistrados capitalinos. Sin ella, el magistrado Edgar Elías pasaría de la presidencia casi al retiro, pues en agosto próximo Elías Azar, descendiente de inmigrantes sirios, cumple los 70 años de edad.

Es conocida la confrontación entre Elías Azar y Carrera Domínguez. El propio presidente del TSJDF la ventiló al responsabilizar a Carrera Domínguez de haber propiciado que se exhibiera al sistema de justicia del DF en el documental Presunto Culpable, en 2011.

Pero más allá de este conflicto, la disputa por el control del aparato de justicia en la capital, así como la designación de los próximos ministros de la Corte, explica por qué la justicia es y ha sido sólo una aspiración de los mexicanos.

Twitter: @jorgecarrascoa

Escándalos por doquier en el Poder Judicial

Desestima la justicia acoso sexual y laboral

Presentan denuncias ante relatora de la ONU

La autoridad no atiende las quejas, afirman empleadas de la Corte, CJF y PF

Exponen varios casos durante una conferencia de la funcionaria

Al escuchar a las empleadas federales que afirmaron ser víctimas de abuso laboral y sexual, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, sostuvo que es obligación del Estado investigar y sancionar a los responsables. En la imagen, con el coordinador de Derechos Humanos de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Pérez VázquezFoto Guillermo Sologuren

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Viernes 11 de julio de 2014, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal (PF) quedaron en evidencia por su falta de compromiso en el combate al acoso laboral y sexual, luego de que trabajadoras de estas instituciones denunciaron ser víctimas de abuso ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, quien, asombrada, escuchó los testimonios.

Haciendo acopio de valentía, las mujeres tomaron la palabra en el auditorio José María Iglesias de la sede del máximo tribunal para denunciar que las autoridades no atienden las demandas de acoso laboral o sexual, ignoran las quejas, llaman chismosas a las denunciantes o las censuran porque, dicen, sólo pretenden afectar a sus superiores.

Admiten funcionarios que sí existen denuncias

Después de lo sucedido, funcionarios judiciales reconocieron la existencia de denuncias por acoso sexual y laboral ante las Comisiones de Equidad de Género de la SCJN y del CJF que han derivado, incluso, en la no ratificación de un magistrado y un juez que fueron denunciados por acosar a mujeres que laboraban en los órganos jurisdiccionales que encabezaban.

Además, hubo quien comentó que las denuncias presentadas ante la relatora de la ONU no fueron más que la punta del iceberg de un problema que está lejos de solucionarse.

Invitada a ofrecer una conferencia magistral sobre Violencia contra las mujeres, la funcionaria de la ONU dijo, después de escuchar a las denunciantes –quienes aprovecharon el tiempo de preguntas y respuestas para dar su testimonio–, que no podía responder concretamente sobre lo dicho por las quejosas, pero recordó que el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones; la responsabilidad es dual, debe proteger los derechos de las víctimas.

Asimismo debe castigar a los perpetradores, no sólo a quienes directamente violan los derechos, sino también a los oficiales que no cumplen con su deber de proteger a la víctima. Aseveró que “no deberían presentarse casos de acoso sexual, si los estados y las instituciones estuvieran actuando con la debida diligencia; esto es parte de su acción, veo que hay un enorme reto…”

“Soy acosada, fastidiada desde hace año y medio, trabajo aquí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las áreas administrativas; pensaba pedir discretamente audiencia con usted (dijo dirigiéndose a Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la SCJN), pero creo que la cobardía hay que dejarla fuera. Soy madre de un hijo con parálisis cerebral, me han acusado de que uso a mi hijo para faltar y ya no puedo trabajar así. Me toman como la loquita de la oficina, me aíslan, me discriminan (…) me están haciendo un expediente para correrme y yo lo único que pido es que me cambien de adscripción para seguir trabajando, porque soy madre soltera”, indicó Esther Flores.

Una joven alzó la mano, pidió la palabra y relató que como secretaria proyectista también sufrió acoso del juez Alfredo Rafael López Jiménez en el juzgado noveno de distrito de Iguala, Guerrero, y que a pesar de que denunció el hecho y perdió a su bebé con tres meses de embarazo, por el estrés que sufría, la autoridad no le dio la razón.

Y no sólo soy yo, hay muchas personas que también están sufriendo acoso laboral y sexual, y pareciera que el Poder Judicial de la Federación lo permite.

Sólo tratan de afectar a sus mandos, les dicen en la PF

Después habló una policía federal, quien denunció que no existen protocolos para investigar, con perspectiva de género, las denuncias de acoso sexual. Lamentó que con la complacencia del comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos, la institución se niegue a investigar las denuncias de acoso laboral y sexual, y que cuando han recurrido a los órganos internos de vigilancia les digan que las mujeres que denuncian sonunas chismosas, que lo único que buscan es afectar y quitar a su mando superior con comentarios sin fundamento.

También señaló que las mujeres que se han quejado de acoso fueron enviadas a Michoacán y Tamaulipas, a pesar de que pidieron no ser trasladadas porque no tenían con quién dejar a sus hijos, y que la respuesta que les dio su mando fue: Si la libras allá, te regresamos.

La mujer dijo que si en el ámbito federal, como la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Policía Federal, se dan éstos abusos, qué no pasará en el ámbito local.

¿Justicia divina? Juez que exigió desafuero de AMLO es investigado por PGR

(18 de junio, 2014).- En 2004, fue quien se empecinó en desaforar al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, actualmente, casi como una ironía de la vida, el juez Álvaro Tovilla León fue denunciado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el escándalo que hace tres años estalló con hallazgo de una cuenta millonaria a nombre de su secretario.

De acuerdo con un informe del CJF, el juicio que se llevó a cabo contra el ex secretario en el juzgado, Esiquio Martínez Hernández –todavía en proceso- se derivó del consentimiento y la complicidad del juez Tovilla, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Tovillo, actualmente suspendido por una denuncia de hechos elaborada en la PGR, así como contra otros litigantes, habría tenido pleno conocimiento de que entre 2006 y 2008 se realizaron 23 juicios de amparo donde las personas que lo promueven son las mismas que depositaron a las cuentas financieras de su otrora secretario.

Según los informes que hasta ahora se han difundido, el Consejo de la Judicatura a través de sus departamentos internos de vigilancia y disciplina, se encuentran reuniendo declaraciones bajo la sospecha de que durante las funciones de Tovilla se produjeron diversas acciones que pretendían alterar procesos ajenos a su trabajo.

En julio de 2011, el otrora juez Tovilla fue suspendido y sometido a una investigación a cargo de la PGR por su cercana relación con Juan José Rojas Cardona, el tristemente célebre “Zar de los Casinos”.