El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anuló el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, al descubrir que la prueba fue robada y estaba a la venta.
En un informe elaborado por el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del Instituto de la Judicatura Federal se alertó al pleno del CJF sobre “la obtención ilegal” (robo) de algunos de los exámenes aplicados a los futuros jueces.
“Dado que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar la determinación de suspender el concurso”, aseguró ayer el CJF.
Señaló que el mencionado informe advierte de indicios “de un lucro” de los exámenes sustraídos ilegalmente, “por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”.
Dicho concurso de oposición inicio el 4 de octubre de 2017 cuando el pleno del CJF aprobó las reglas y lineamientos generales para acceder al cargo de juez de Distrito.
De acuerdo con los registros del propio organismo judicial, a dicha oposición se inscribieron 2 mil 628 aspirantes quienes realizaron un primer examen como parte de una primera depuración.
Tras una evaluación automatizado, elaborada el 8 de enero pasado, del total de aspirantes se seleccionó sólo a 91 aspirantes como finalistas del concurso, quienes fueron sometidos a una segunda prueba de evaluación.
Los finalistas elaboraron el examen el 8 de febrero pasado, en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, ubicado en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Fue en esta etapa del proceso cuando se descubrió, a través de denuncias anónimas, el robo de las pruebas aplicadas a los aspirantes, las cuales se ofertaron entre los candidatos. Se presume que las pruebas aplicadas en las dos etapas de exámenes fueron robadas previó a su aplicación y ofertadas entre aspirantes.
Por ello, se inició una investigación interna a todo el personal que de alguna manera pudo tener acceso a los exámenes o al sistema de cómputo del propio Instituto para deslindar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes obtuvieron de forma ilegal la prueba.
Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, aunque el CJF reúne las pruebas para que, además de la investigación interna, se formule una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del o los responsables de este hecho ilícito.
Al reconocer este acto de corrupción, el CJF se dijo comprometido con la transparencia y destacó que dejará constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales.
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