El Sistema Anticorrupción, otra mascarada
–No combaten corrupción, sino escándalos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debería ser un escándalo, pero se ha impuesto el silencio: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han concluido una década de su opulenta gestión –los mejor pagados de México– con la aberrante sentencia que exonera al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de todos sus abusos. Pero los nuevos jueces no actuarán distinto por una razón: Tienen dueños, como sus antecesores.
Una vez más, como ha sucedido desde el sexenio de Vicente Fox –la alternancia que aniquiló la transición democrática–, en el Senado se exhibió el cínico mercadeo para integrar, de manera facciosa –por el método de las cuotas partidistas–, la institución que tiene la última palabra en los procesos electorales y que declarará válida o no la elección presidencial de 2018.
Este tribunal no sólo exoneró las insolentes y sistemáticas violaciones a la Constitución y a las leyes del PVEM, sino que abonó el camino a Enrique Peña Nieto cuando la entonces presidenta del órgano, María del Carmen Alanís, propuso y logró perdonarlo de violar la Constitución por difundir en 2010 un total de 3 mil 528 promocionales en todos los estados del país, incluidos los que tendrían elecciones, como acreditó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
La exoneración de Peña se produjo luego de que Alanís fue anfitriona de una comida en su penthouse, el 9 de marzo, a la que asistieron Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, actual presidente del PRI y quien era asesor de la magistrada, amiga íntima por cierto de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.
Ahora, igual que en octubre de 2006, justo tras la elección presidencial, el PRI se quedó con tres magistrados, tres el PAN y uno –el bofe– del PRD, en un proceso que, en lo formal, involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con su propia integración facciosa–, pero en los hechos hizo partícipes sólo a las cúpulas y grupos de cada uno de los tres principales partidos.
Y si a esto se añade que también está partidizado el Instituto Nacional Electoral (INE) –creación con esa denominación del PAN–, con consejeros que actúan más como correas de transmisión de los intereses que los impusieron que como árbitros imparciales –en un método que se inició en 2003–, entonces el panorama es sombrío.
Sólo los ciegos, obtusos o beneficiarios niegan la ampliamente documentada integración facciosa de las instituciones electorales a nivel federal que, a su vez, se replican en cada uno de los estados de la República, aun y cuando el objetivo de la reforma que transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en INE, en 2014, pretendía quitar a los gobernadores el control de los órganos locales en la materia.
Pero este mismo fenómeno se ha materializado en uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se ha ofrecido a los mexicanos como la panacea contra el saqueo del patrimonio nacional: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Esta institución, que en el mejor de los casos sancionará por la vía administrativa a los servidores públicos deshonestos, padece el mismo mal que el TEPJF, el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la SCJN, el Instituto Nacional de Competencia, de Telecomunicaciones: Está, todo, partidizado.
Los magistrados actuales responden a intereses políticos muy específicos: Víctor Orduña, por ejemplo, es un panista incondicional del panista Diego Fernández de Cevallos; el exsenador Carlos Chaurand, quien no cumplía ni siquiera con los requisitos para el cargo, es allegado al priista Manlio Fabio Beltrones; Julián Olivas fue el primer secretario de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, y Rafael Estrada Sámano es amigo desde la juventud de Felipe Calderón.
Está en curso el nombramiento del fiscal anticorrupción, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta donde se sabe recaerá a un personaje que sea capaz, no de tener independencia y arrojo para perseguir la corrupción, sino de conciliar los intereses de PRI y PAN.
El año pasado, por ejemplo, el PAN cabildeaba por Rafael Estrada Michel, hijo de Estrada Sámano, nieto e hijo de Rafael Estrada Iturbide, fundador de ese partido y descendiente del emperador Agustín de Iturbide.
¿Alguien puede dudar que las instituciones son botín para la élite de PRI y PAN, y que las leyes son una arquitectura para la impunidad? No le importa combatir la corrupción, sino los escándalos de corrupción…
Apuntes
Este martes 25 será presentado mi libro “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias a la organización de los colegas Armando Rojas Arévalo y Jorge Meléndez Preciado. El miércoles estaré en Oaxaca, con el mismo propósito…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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