por Ferrer Galván Acosta
@FerrerGalvan
Prometieron que si aumentaba la tarifa del metro eliminarían a losvagoneros; era una estrategia para dar legitimidad a un golpe innecesario a la economía familiar de los usuarios.
El alza al boleto del metro ya se está ejecutando; la promesa sobre losvagoneros permitió a Joel Ortega y al Gobierno del Distrito Federal percibir tres mil millones de pesos extras a los cinco mil millones anuales que ingresan al metro por venta de boletos y recargas; sin embargo, no van a cumplir su promesa de eliminar el comercio informal. No van cumplir porque quienes la han prometido son parte del problema.
El comercio informal y los vagoneros tienen su origen en la desigualdad, la falta de empleo y de oportunidades. No resolverán este problema haciendo operativos policíacos porque la necesidad económica no se abate reprimiendo a quienes encuentran en la informalidad el sustento para sus familias. El origen del comercio informal es el modelo económico de exclusión.
De fondo, si el Gobierno del Distrito Federal quisiera acabar con la informalidad debería crear fuentes de empleo y ampliar la oferta educativa, fortalecer sus propios ingresos al erario y no incurrir en el subejercicio. Cuando un gobierno renuncia al ejercicio del gasto público está ralentizando la economía, obstaculiza el crecimiento y frena el empleo.
El comercio informal es una válvula de escape ante las condiciones económicas en las clases populares, su crecimiento refleja la desesperación de las familias por hacerse de ingresos. Pero también evidencia la inacción de los gobiernos, les es conveniente tolerarlo pues les quita responsabilidades como gobernantes al tiempo que los dota de ingresos ilegales.
Si hubiera empleo, educación y oportunidades el comercio informal sería la excepción, no la norma. Hacer redadas contra vagoneros es atacar el último eslabón de una cadena de corrupción e injusticias en la que el comerciante ambulante es consecuencia de los abusos que inician en el modelo económico.
No los retirarán con engaños ni con programas clientelares ni dándoles una mensualidad a costa del presupuesto del metro; esas soluciones cortoplacistas y electoralmente convenientes sólo resuelven el problema para el Gobierno del Distrito Federal, pero no para el trabajador.
No los retirarán porque en el metro operan mafias de comercio informal en las que están involucradas autoridades, policías y sindicato. Estas mafias no están dispuestas a perder la plaza y salirse del metro por unos cuantos pesos para ver cómo otros grupos ocupan las Líneas que ellos ingenuamente abandonan.
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