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a Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dio a conocer ayer una reducción en su previsión de crecimiento para la economía estadunidense, la cual cerrará el año con una expansión de entre 2.8 y 3 por ciento, de acuerdo con el organismo. Adicionalmente, anunció un recorte en su política de compras de bonos, mecanismo mediante el cual Washington ha intentado inyectar liquidez en la economía estadunidense y en la mundial.
Si los anuncios de la Reserva Federal son en sí mismos preocupantes para el conjunto de las economías del planeta, por cuanto hacen pensar que Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo momento recesivo, en el caso de México esa preocupación se multiplica, habida cuenta del grado de dependencia económica y comercial que padece nuestro país frente a la superpotencia, lo que lo hace particularmente vulnerable a los procesos de recesión y desaceleración económica estadunidenses.
En este escenario, el gobierno tendría que estar iniciando, o cuando menos concibiendo, un paquete de medidas antirecesivas orientadas a paliar los efectos negativos de una muy probable desaceleración de la economía estadunidense, entre ellas la reactivación del mercado interno, la restitución –así sea parcial– del poder adquisitivo del salario, el impulso al agro, a la industria y a las pequeñas y medianas empresas, la aplicación de una política fiscal menos severa para los causantes y la disminución de tarifas de combustibles y servicios públicos. No obstante, durante sus primeros 15 meses la administración actual ha centrado sus esfuerzos en la profundización –vía reformas legislativas– de la agenda neoliberal que en más de 30 años, además de impulsar una ofensiva y contraproducente concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, ha frenado el crecimiento del PIB y lo ha mantenido en niveles que van de mediocres a catastróficos.
Igualmente grave es la desatención de los últimos gobiernos federales, incluido el actual, a la necesidad de ampliar y diversificar las relaciones económicas y comerciales de México a fin de aflojar sus ataduras respecto a Estados Unidos. No deja de ser significativo que un país como el nuestro, con una posición geográfica estratégica y tratados comerciales con más de 40 naciones, mantenga la mayor parte de su actividad económica vinculada al mercado estadunidense.
Es inevitable contrastar el insatisfactorio desempeño de nuestra economía nacional, volcada al norte del continente, con el dinamismo que han experimentado los países sudamericanos en la última década, al amparo de la consolidación de foros de integración política y económica regional o global –BRICS, Mercosur, Alba– en los que no participa Washington, y en los que las relaciones económicas y comerciales son mucho más justas y equitativas.
Es tiempo de reconocer, en suma, que los términos actuales de la inserción de la economía nacional en el mundo cancelan la posibilidad de un crecimiento sostenido y viable de nuestro país, y limitan severamente sus márgenes soberanos para la aplicación de medidas pertinentes de crecimiento y salvamento económico. Resulta impostergable que las autoridades conciban el crecimiento como un imperativo social e incluso político, en la medida en que no puede haber Estado fuerte ni gobernabilidad sin una población satisfecha en sus necesidades más elementales.
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