Primera parte del texto del reportaje publicado en la edición No. 1944 de Proceso
En los terrenos privados de Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez en el centro vacacional del municipio mexiquense de Valle de Bravo, en el rumbo de la ex hacienda Casas Viejas, el 2 de enero de 2014 un invitado muy especial inauguró el campo de golf de los principales directivos de Televisa.
Se trató del primer mandatario Enrique Peña Nieto, cuyo gusto por el golf está ampliamente documentado. No sólo fue a inaugurar los 18 hoyos del campo. También renovó el compromiso y las relaciones con la principal empresa de comunicaciones en México, la misma que lo llevó en un convenio millonario de spots y cobertura televisiva especial hasta la presidencia de la República.
Las relaciones entre el presidente de la República y Televisa se enfriaron a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, y la tardanza en los convenios de publicidad.
Desde el inicio de este año, la cobertura informativa a favor de la presidencia de la República, incluso en los casos más críticos como el conflicto en Michoacán, han privilegiado la versión oficial en los principales espacios noticiosos de Televisa.
En ese encuentro privado en Valle de Bravo, comentan quienes se enteraron, no sólo se renovó el buen trato sino se cabildearon asuntos esenciales de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, cuya iniciativa oficial se conocerá en los primeros días de febrero.
En especial, cuatro temas han generado el disgusto de Televisa: el proceso de investigación iniciado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para declarar al grupo como “agente económico preponderante” y la posibilidad de que tenga que desagregar activos y eliminar propiedad cruzada en varias empresas, especialmente de televisión restringida; el proyecto de licitación de las 2 cadenas de televisión digital abierta, anunciado formalmente por el mismo instituto el 20 de diciembre de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación; el avance del llamado “apagón analógico” dentro del programa de Televisión Digital Terrestre; y la instalación, antes de que concluya el año 2014, de una “red compartido de servicios de telecomunicaciones” en la banda 700 Mhz, que la empresa de Azcárraga Jean ve una amenaza para su proyecto de triple play.
Estos temas, entre otros, fueron los tratados como reclamos de Televisa para que en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones sus intereses no sean afectados. En especial, argumentaron que la declaratoria de la compañía como “agente económico preponderante” puede desincentivar las inversiones que estaban programadas.
Desde la fusión de Televisa y Iusacell, aprobada en junio de 2012, a un mes de la elección presidencial, el grupo de Azcárraga Jean se ha negado a la investigación y a entregar informes sobre presuntas prácticas monopólicas y de concentración.
Televisa presentó ante la Suprema Corte de Justicia un amparo en contra de la investigación que realizaba la Comisión Federal de Competencia en materia de dominancia. El 3 de octubre de 2013 la Segunda Sala de la Corte le negó el amparo a la compañía y determinó que era constitucional que el organismo antimonopolio solicitara informes “que estime relevantes y pertinentes para realizar sobre monopolios, prácticas de monopolio o concentraciones”.
Un mes después, el 22 de noviembre de 2013, Televisa se amparó en contra de la investigación contra la indagatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este órgano regulador, surgido de la reforma constitucional, deberá determinar, a más tardar el 9 de marzo de este año, la preponderancia de los dos principales agentes dominantes en la industria: Televisa y Telmex-América Móvil.
Las presiones de Televisa para posponer este procedimiento prosperaron. El martes 28 de enero, durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, les comentó a sus correligionarios que, “en mi opinión, sería conveniente encontrar un mecanismo, desde luego, legislativo para que el IFT no se vea presionado por esa fecha límite (9 de marzo), fijada ya en la Constitución y realice procedimientos sin que exista una ley orgánica de la reforma constitucional”.
Ruiz Esparza, quien ya no es regulador en materia de televisión y radio, insistió en este tema con argumentos muy similares a los expresados por Televisa: “la preponderancia es un tema sumamente sensible que al abordarse deberá cuidar que no desincentive las inversiones de prestadores de servicios ante el riesgo de ser declarados preponderantes”.
Las críticas le llovieron a Ruiz Esparza por parte de especialistas, ex funcionarios del sector y algunos legisladores de la oposición, como la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro.
El ex subsecretario de Comunicaciones durante el sexenio foxista, Jorge Alvarez Hoth, escribió en su colaboración en el periódico Reforma, el 29 de enero:
El plazo que la Constitución le dio al Congreso para la publicación de la legislación convergente, coloquialmente conocidas como ‘leyes secundarias’, venció el pasado 9 de diciembre ante la candidez de algunos senadores que simplemente expresaron que no lo cumplirían y con ello abonarían –se dice que intencionalmente- a dificultarle al IFT la ejecución de su compromiso del próximo 9 de marzo, con respecto a uno de los posibles señalados como agentes económicos preponderantes…Pensar que retrasando la publicación de las secundarias se logra alterar el espíritu de la reforma constitucional es un error, baste con revisar lo que señalan los transitorios mencionados (el Tercero, el Cuarto y el Octavo Transitorios) y, en particular, la fracción I del Tercero (‘establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración’).
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