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viernes, 27 de octubre de 2017

Por 72 votos a favor y vía “fast track”, Senado aprueba la Ley Televisa Döring

La bancada del PRI en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con irregularidades en la convocatoria de las comisiones que la dictaminaron esta mañana, sin discusión de fondo en el pleno y la ausencia de los senadores del PAN, PT-Morena y PRD, la mayoría de legisladores del PRI, PVEM y algunos de Acción Nacional aprobaron -por 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones- las modificaciones a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, mejor conocida como “Ley Televisa Döring”.
En medio de la crisis derivada por la destitución del fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto, la “telebancada” del Senado aprovechó para citar en menos de 24 horas a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos y de Comunicación para votar en favor una minuta aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 27 de abril.
La llamada “Ley Televisa Döring”, en referencia a su promotor, el diputado federal panista Federico Döring, no fue modificada por el Senado. Varios especialistas la consideran una “contrarreforma” constitucional porque le da la vuelta a la prohibición del artículo 6 de la Constitución para que no se presente como información u opinión lo que es propaganda.
Para especialistas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), como de Observatel y exdefensores de las audiencias, como Gabriel Sosa Plata, dicha ley recordó la imposición fast track de la “Ley Televisa” en diciembre de 2005 en San Lázaro, y en marzo de 2006, en el Senado, en vísperas de las elecciones presidenciales.
Como entonces, ahora los concesionarios buscan poner condiciones favorables a sus intereses para los comicios del 2018.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, apoyada por las legisladoras Dolores Padierna, ahora del bloque PT-Morena, y Marcela Torres Peimbert, del PAN, presentó una moción suspensiva al dictamen aprobado minutos antes en comisiones.
La legisladora argumentó que están pendientes dos controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el mismo tema y que el Senado debía esperar cuál debía ser su resolución.
“La presente minuta tiene aspectos preocupantes que, de aprobarse, harían nugatorias las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para suspender precautoriamente las transmisiones que vulneren los derechos de las audiencias, particularmente, las relativas a las personas con discapacidad, niños y adolescentes”, argumentó De la Peña.
El fast track
La moción suspensiva fue desechada por 66 votos en contra y sólo 29 en favor. Desde ese momento, se supo que querían aprobar por la vía rápida un polémico dictamen que le resta facultades al IFT en materia de derechos de las audiencias y les permite a los concesionarios “autorregularse” en este terreno y designar a sus propios defensores de audiencias.
Dolores Padierna argumentó cinco causales contra esta minuta, precisamente, porque privilegia los intereses de los concesionarios por encima de los derechos de las audiencias y permite la venta de espacios en radio y televisión, disfrazados de opinión o análisis.
“No le hagan más daño a la democracia”, exhortó a los impulsores de esta reforma. “Meter por la puerta trasera, en medio de la crisis del Senado, para meter intereses de otro tipo es negativo”, argumentó.
Sólo Gerardo Flores, del PVEM, subió a tribuna para argumentar contra la moción suspensiva, afirmando que el Senado debe legislar sin importarle los tiempos de la Corte.
Marcela Torres Peimbert, del PAN, y otros senadores, afirmaron que hubo irregularidades en la convocatoria a la sesión de comisiones, pero el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, también del PAN, desechó estas críticas.
Frente a esta actitud, el coordinador de la bancada del PT-Morena, Manuel Bartlett, expresó su descontento y anunció desde su curul que se retiraban de la sesión.
También Raúl Gracia, del PAN, presidente de la Comisión de Comunicaciones, expuso sus argumentos contra la aprobación de esta reforma.
Al filo de las 16:00 horas, también el coordinador de los panistas, Fernando Herrera, anunció que abandonaban el salón de sesiones para acudir al “salón de sesiones previas a reflexionar el procedimiento”.
Furioso, en tribuna, el poblano Javier Lozano Alarcón, también del PAN, criticó a su bancada por abandonar la discusión ya que la iniciativa “provino de otro diputado panista”, como es Federico Döring.
Según el legislador este dictamen “está lejos de ser un albazo” porque fue aprobado desde el 27 de abril pasado en la Cámara de Diputados y “tuvieron tiempo suficiente” para discutirlo en comisiones.
“Es castrante lo que tenemos”, espetó Lozano Alarcón y acusó al bloque opositor de pretender “no sólo secuestrar la Ley de Ingresos, sino también las reformas a la ley de telecomunicaciones”. Los legisladores del PRI y del Partido Verde aplaudieron ampliamente al legislador.
En defensa del dictamen hablaron Gerardo Flores, del PVEM, y el priista Miguel Romo Medina. Éste último argumentó que existe un régimen de “sobrerregulación” que afecta la libertad de expresión de los concesionarios.
Según explicó, las modificaciones protegerán “sendos derechos constitucionales”, tanto el de las audiencias como el de la libertad de expresión, pero también admitió que se le reducen facultades al IFT.
“Sin lugar a dudas, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero éstos no pueden limitar ni restringir cualquier otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las audiencias, mecanismos que regulen contenidos y formas de hacer dichos contenidos”, argumentó Romo Medina.
Por otro lado, Zoé Robledo, junto con otros legisladores de las comisiones dictaminadoras presentaron un voto particular subrayando que esta minuta afecta otro derecho: el de información porque “atenta contra los principios previamente establecidos que permitían distinguir entre la información noticiosa y la opinión de los presentadores”.

lunes, 1 de mayo de 2017

“Ley Televisa II”, la nueva contrarreforma

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Representantes y especialistas de 16 organizaciones civiles dedicadas al derecho a la información realizaron entre el 25 y 27 de abril un último intento para frenar la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de reformas a 10 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que benefician ampliamente a los concesionarios y mutila atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Buscaron al coordinador de los 109 diputados federales de la bancada del PAN, Marko Cortés Mendoza. Le expresaron sus argumentos, cuestionaron que el legislador y vicecoordinador Federico Döring haya presentado la iniciativa, que fue aprobada sin debate alguno en la Comisión de Radio y Televisión el 5 de abril pasado, y le hicieron ver que violaba el artículo 6 constitucional, el cual prohíbe expresamente “la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
“Sólo sabemos que es una orden de Ricardo Anaya”, atajó Marko Cortés.
Muchos legisladores del PAN que se oponían a que su voto se sumara a los del PRI y a los del Partido Verde hicieron un intenso cabildeo para frenar la llamada Ley Televisa-Döring. Intervinieron personajes como el exsecretario de Gobernación Santiago Creel, cercano a Anaya, y la exsecretaria del PAN y actual diputada federal Cecilia Romero, entre otros. Fue inútil. Testimonios recabados por Proceso coinciden en que la respuesta fue la misma: “la orden viene directamente de Anaya”.
El dirigente nacional del PAN, precandidato a la presidencia de la República e involucrado en la campaña de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México guardó silencio. No recibió las llamadas de los dirigentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ni de la Asociación Mexicana de Defensorías de la Audiencia (AMDA) ni de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Estas organizaciones, junto con otras 11 que incluyeron a Artículo 19, Obervatel y Fundar, leyeron en San Lázaro un comunicado para exponer su oposición a lo que llamaron “un albazo” legislativo.
“Esta contrarreforma se hace con la anuencia de los dirigentes de los partidos mencionados en vísperas de importantes procesos electorales del país, con lo cual se hace evidente que dichos partidos y sus representantes en el Congreso están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos y en contra del interés común”, sentenciaron las organizaciones al final de su comunicado.
El coordinador de los 207 diputados federales priistas, César Camacho, astutamente se escabulló. Cuando fue cuestionado por la prensa en la Cámara de Diputados sólo dijo que escucharían las posiciones que se dieran en el pleno.
Del lado priista, la orden venía de muy arriba y era muy clara: votar a favor de este dictamen. El consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, cabildeó intensamente para que esta reforma se aprobara también en el Senado antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones. El senador panista Roberto Gil Zuarth se unió en esta presión, pero sólo consiguieron aprobarla en la Cámara de Diputados.
Castillejos fue el artífice de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia por la propia Presidencia de la República para determinar si el IFT tiene las atribuciones necesarias para regular y sancionar a los concesionarios de radio y televisión en materia de derechos de las audiencias.
También el Senado presentó otra controversia, firmada por el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, del Partido Verde, y apoyada por el PRI y algunos legisladores del PAN.
El resultado del “albazo” legislativo y del pacto entre Anaya y las televisoras fue que ocho diputados federales del PAN votaron en contra en lo general, y seis se abstuvieron. La votación fue 288 votos a favor, 114 en contra y 10 abstenciones.
Los panistas que sumaron su voto en contra, junto con los del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano fueron Jorge López Martín, vicecoordinador de difusión; Eloísa Talavera Hernández, vicecoordinadora de proceso legislativo, así como los legisladores Mayra Angélica Enríquez, Patricia García, Wenceslao Martín Santos, Luis Fernando Mesta Soulé, Angélica Moya Martín y Gerardo Federico Salas Díaz.
A varios de los panistas se les prometió que durante la discusión en lo particular se haría un cambio al artículo 311 para precisar las sanciones que el IFT puede aplicar, en especial por el “espoteo simulado”, como lo argumentó el diputado Jorge Triana.
“Hay tres supuestos en donde puede haber una sanción por parte del IFT: no contar con el Código de Ética, no registrarlo debidamente, no contar con su defensor respectivo de las audiencias, y esta tercera, que es el espoteo simulado”, afirmó Triana al referirse a la venta de publicidad disfrazada de información.
La aplanadora del PRI y del Verde se opuso a esta modificación. En lo particular hubo más votos en contra, provenientes de la bancada del PAN: 192, frente a 208 a favor y nueve abstenciones.
Involución legislativa
El dictamen aprobado modifica la prohibición absoluta dispuesta en el artículo 6 constitucional de que los concesionarios de radio y televisión presenten como información lo que es propaganda o publicidad encubierta. El dictamen elimina la obligación de los concesionarios de distinguir publicidad de información, y únicamente la constriñen a la programación infantil.
“Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o cometario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción”, señala el nuevo párrafo de la fracción IV del artículo 256.
La nueva redacción restringe esta distinción sólo a los programas noticiosos (dejando la posibilidad de hacerlo en programas de entretenimiento o espectáculos) y establece “el principio de autorregulación” de los concesionarios de radio y televisión.
Para el presidente de la AMEDI, Jorge Fernando Negrete, esta modificación es “la nuez” de la contrarreforma porque tiene tres implicaciones: “Hay un tema de desproporcionalidad entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias que acabó favoreciendo a los concesionarios; les otorgan un nuevo derecho que les permitirá la venta de publicidad disfrazada de contenido sin que exista autoridad que los regule, y hay una implicación política porque volvemos a la etapa de connivencia entre los dirigentes de los partidos y los concesionarios”.
En entrevista con Proceso, Negrete criticó que se deje al arbitrio de los propios concesonarios emitir su Código de Ética, “que se remite a ellos mismos y no permite que ninguna autoridad intervenga”.
Las reformas también supeditan al defensor de las audiencias a los intereses de los concesionarios de radio y televisión. Al mismo tiempo, eliminan la orden de que estos defensores se ajusten a los principios de “imparcialidad e independencia”.
“Los concesionarios designarán libremente al defensor de las audiencias, sin que el instituto (IFT) u otra autoridad tenga facultades para intervenir u opinar de manera previa o posterior a ello”. Así quedó el nuevo artículo 259.
La reforma deroga las sanciones derivadas de “no cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el instituto (IFT) sobre las obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias”, indicadas en el artículo 311, y también deroga la atribución de aplicar la “suspensión precautoria de transmisiones” (artículo 15 fracción 61).
Aleida Calleja, dirigente de la AMARC, expuso en la Cámara de Diputados los puntos más negativos de esta contrarreforma:
Además de eliminar la independencia de los defensores de audiencia, “se deroga la atribución de determinar suspensión precautoria de transmisiones (artículo 15, fracción 61), que con una adenda de último minuto sólo aplicará para las audiencias infantiles”.
“Al conculcarle estas atribuciones al IFT, en la práctica se deja en manos del Ejecutivo federal la facultad de reglamentar en la materia bajo criterios del gobierno en turno de manera discrecional, cuando el avance legal fue que dicha reglamentación fuera facultad de un órgano autónomo colegiado”, afirmó Calleja.
El pobre debate
Durante la discusión del jueves 27 de abril, la diputada Lía Limón García, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, afirmó que era “absolutamente falso” que el dictamen se haya aprobado “en lo oscurito”, al igual que la adenda.
Legisladora del Partido Verde, Limón García defendió así el dictamen: “Aseguramos la libertad editorial de los comunicadores, reporteros y periodistas, así como la libre difusión de las ideas y opiniones”, y recordó que estas reformas fueron aprobadas por 14 votos a favor y tres en contra, pero no mencionó que el diputado Clemente Castañeda, del MC, quien presentó otra iniciativa para eliminar la distinción entre “opinión editorial” e “información”, se deslindó del contenido final del dictamen.
En contra del dictamen, el diputado del PRD Guadalupe Acosta Naranjo advirtió que se repitió el mismo mecanismo del “albazo legislativo” que se provocó durante la Ley Televisa, en 2006.
“No me vengan a decir que vienen a defender la libertad de expresión los del PAN”, afirmó Acosta Naranjo. “Están sirviendo a los intereses de Televisa y de TV Azteca. En vez de esperar a que la controversia se resuelva en la Suprema Corte de Televisa, vienen con este albazo”, agregó.
Por su parte, Virgilio Caballero, diputado federal de Morena, reclamó que este dictamen se haya discutido “en lo oscurito”. “Morena no será comparsa de una grave contrarreforma, en lo que muchos expertos ya han bautizado como una segunda edición de la Ley Televisa”, sentenció el también exdirector del Canal del Congreso, del que fue fundador.
El diputado panista Gerardo Gabriel Cuanalo Santos argumentó a favor de la iniciativa al señalar que en diciembre de 2016 el IFT publicó una serie de lineamientos en los que se “extralimitaron” en sus facultades, por lo que afirmó que el IFT “intenta constituirse en un órgano autoritario y se autoproclama para sancionar la libre manifestación de las ideas”. En la desmesura, comparó los lineamientos del IFT –que nunca se aplicaron– con la censura en Venezuela.
El coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva del dictamen con el argumento de que esta ley “prácticamente pretende derogar la atribución que la propia Constitución, en su artículo 6, le mandata al IFT como organismo constitucional autónomo para tutelar los derechos de las audiencias y establecer los mecanismos para su protección”.
Castañeda criticó la “apresurada aprobación” del dictamen y destacó “el intenso debate público sobre los alcances y el posible impacto negativo de dicha reforma”. Consideró que ésta “elimina de facto los mecanismos que hacen posible proteger los derechos de las audiencias”.

domingo, 2 de febrero de 2014

Azcárraga y Peña Nieto, alistan la nueva Ley Televisa (Primera Parte)


Escrito por  el 02 febrero 2014 a las 9:55 am en Destacadas, Medios, Sociedad

Primera parte del texto del reportaje publicado en la edición No. 1944 de Proceso
EPN y Azcarraga
En los terrenos privados de Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez en el centro vacacional del municipio mexiquense de Valle de Bravo, en el rumbo de la ex hacienda Casas Viejas, el 2 de enero de 2014 un invitado muy especial inauguró el campo de golf de los principales directivos de Televisa.
Se trató del primer mandatario Enrique Peña Nieto, cuyo gusto por el golf está ampliamente documentado. No sólo fue a inaugurar los 18 hoyos del campo. También renovó el compromiso y las relaciones con la principal empresa de comunicaciones en México, la misma que lo llevó en un convenio millonario de spots y cobertura televisiva especial hasta la presidencia de la República.
Las relaciones entre el presidente de la República y Televisa se enfriaron a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, y la tardanza en los convenios de publicidad.
Desde el inicio de este año, la cobertura informativa a favor de la presidencia de la República, incluso en los casos más críticos como el conflicto en Michoacán, han privilegiado la versión oficial en los principales espacios noticiosos de Televisa.
En ese encuentro privado en Valle de Bravo, comentan quienes se enteraron, no sólo se renovó el buen trato sino se cabildearon asuntos esenciales de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, cuya iniciativa oficial se conocerá en los primeros días de febrero.
En especial, cuatro temas han generado el disgusto de Televisa: el proceso de investigación iniciado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para declarar al grupo como “agente económico preponderante” y la posibilidad de que tenga que desagregar activos y eliminar propiedad cruzada en varias empresas, especialmente de televisión restringida; el proyecto de licitación de las 2 cadenas de televisión digital abierta, anunciado formalmente por el mismo instituto el 20 de diciembre de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación; el avance del llamado “apagón analógico” dentro del programa de Televisión Digital Terrestre; y la instalación, antes de que concluya el año 2014, de una “red compartido de servicios de telecomunicaciones” en la banda 700 Mhz, que la empresa de Azcárraga Jean ve una amenaza para su proyecto de triple play.
Estos temas, entre otros, fueron los tratados como reclamos de Televisa para que en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones sus intereses no sean afectados. En especial, argumentaron que la declaratoria de la compañía como “agente económico preponderante” puede desincentivar las inversiones que estaban programadas.
Desde la fusión de Televisa y Iusacell, aprobada en junio de 2012, a un mes de la elección presidencial, el grupo de Azcárraga Jean se ha negado a la investigación y a entregar informes sobre presuntas prácticas monopólicas y de concentración.
Televisa presentó ante la Suprema Corte de Justicia un amparo en contra de la investigación que realizaba la Comisión Federal de Competencia en materia de dominancia. El 3 de octubre de 2013 la Segunda Sala de la Corte le negó el amparo a la compañía y determinó que era constitucional que el organismo antimonopolio solicitara informes “que estime relevantes y pertinentes para realizar sobre monopolios, prácticas de monopolio o concentraciones”.
Un mes después, el 22 de noviembre de 2013, Televisa se amparó en contra de la investigación contra la indagatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este órgano regulador, surgido de la reforma constitucional, deberá determinar, a más tardar el 9 de marzo de este año, la preponderancia de los dos principales agentes dominantes en la industria: Televisa y Telmex-América Móvil.
Las presiones de Televisa para posponer este procedimiento prosperaron. El martes 28 de enero, durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, les comentó a sus correligionarios que, “en mi opinión, sería conveniente encontrar un mecanismo, desde luego, legislativo para que el IFT no se vea presionado por esa fecha límite (9 de marzo), fijada ya en la Constitución y realice procedimientos sin que exista una ley orgánica de la reforma constitucional”.
Ruiz Esparza, quien ya no es regulador en materia de televisión y radio, insistió en este tema con argumentos muy similares a los expresados por Televisa: “la preponderancia es un tema sumamente sensible que al abordarse deberá cuidar que no desincentive las inversiones de prestadores de servicios ante el riesgo de ser declarados preponderantes”.
Las críticas le llovieron a Ruiz Esparza por parte de especialistas, ex funcionarios del sector y algunos legisladores de la oposición, como la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro.
El ex subsecretario de Comunicaciones durante el sexenio foxista, Jorge Alvarez Hoth, escribió en su colaboración en el periódico Reforma, el 29 de enero:
El plazo que la Constitución le dio al Congreso para la publicación de la legislación convergente, coloquialmente conocidas como ‘leyes secundarias’, venció el pasado 9 de diciembre ante la candidez de algunos senadores que simplemente expresaron que no lo cumplirían y con ello abonarían –se dice que intencionalmente- a dificultarle al IFT la ejecución de su compromiso del próximo 9 de marzo, con respecto a uno de los posibles señalados como agentes económicos preponderantes…
Pensar que retrasando la publicación de las secundarias se logra alterar el espíritu de la reforma constitucional es un error, baste con revisar lo que señalan los transitorios mencionados (el Tercero, el Cuarto y el Octavo Transitorios) y, en particular, la fracción I del Tercero (‘establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración’).
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