GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) detuvo al exdirector de los hospitales generales de Celaya y León, Gregorio Martín del Campo, y a quien fungió como jefe de finanzas de esas unidades médicas, Fernando Guiza Suárez, por un presunto un fraude de cerca de 7 millones de pesos cometido en el sexenio de Juan Manuel Oliva.
Estas son las primeras detenciones de funcionarios de la administración anterior por supuestos actos de corrupción y peculado, entre otros delitos, detectados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso local.
Aunque el gobernador Miguel Márquez y la propia PGJ afirmaron hoy que se trató de dos aprehensiones derivadas de una denuncia de la Secretaría de la Transparencia, en realidad el expediente, 79/2013, corresponde a una de tres denuncias que en noviembre pasado presentó el OFS, luego de la revisión efectuada al estatal Instituto de Salud Pública (Isapeg) por el periodo 2010.
En esa época, por cierto, era secretario de la Gestión Pública el actual gobernador Miguel Márquez Márquez, pero fue el Órgano de Fiscalización del Congreso el que interpuso varias denuncias, de las que a la fecha sólo se ha concretado la captura de los dos exfuncionarios ya mencionados.
El OFS detectó desvíos y fraude en servicios de lavado, fumigación, higiene, vestuario, uniformes y blancos del Isapeg por 909 mil pesos; irregularidades en la adquisición de mobiliario, equipo médico e instrumental por un monto de poco más de 6 millones de pesos.
En un comunicado, la PGJ informó que acreditó el fraude cometido por ambos exservidores públicos en agravio del Instituto de Salud Pública, al simular compras de medicamentos y material de curación que nunca ingresaron en los almacenes del Isapeg.
Gregorio Martín del Campo continuaba prestando sus servicios en el área de epidemiología del Hospital de León al momento de su captura. Se desempeñó como director del Hospital de Celaya de 2006 a febrero de 2011, y de ese mes a septiembre pasado ocupó el mismo cargo en el Hospital de León.
Mientras que Guiza Suárez era hasta la fecha encargado del programa de gastos catastróficos en el registro hospitalario de Celaya. Laboraba en el Isapeg desde el 2003, cuando ingresó como responsable de recursos financieros en la Jurisdicción Sanitaria III de Celaya.
En el 2006 fue transferido al área de recursos financieros del Hospital General de Celaya y, en marzo de 2011, pasó a ocupar la jefatura de recursos financieros en el Hospital General de León, cargo que dejó en noviembre pasado.
La PGJ precisó que el monto total del fraude del cual se responsabiliza a ambos funcionarios asciende a 6 millones 884 mil pesos.
Durante la gestión del panista Juan Manuel Oliva Ramírez el Instituto de Salud Pública se vio envuelto en una serie de actos de corrupción en los que se involucraron varios funcionarios de alto nivel.
En marzo de 2011, la Secretaría de la Gestión Pública solicitó la destitución de 21 servidores públicos de esa dependencia, mismos que aparecieron involucrados en diversas irregularidades en adquisiciones, licitaciones, venta de equipo y prótesis médicas.
De hecho, en ese entonces fue destituido el director del Hospital General de León, Ernesto Castillo Villanueva, y en su lugar fue designado Gregorio Martín del Campo, quien hasta ese momento era titular del Hospital de Celaya.
En abril de 2012, Martín del Campo encaró denuncias ante el ombudsman estatal por acoso laboral y malos tratos y, meses después que Oliva Ramírez terminó su gobierno, fue despedido.
La PGJ detalló, en el comunicado, que ambos detenidos simularon adquisiciones que el Isapeg solventó pero que nunca ingresaron a la dependencia; por el contrario, los pagos fueron a parar a una cuenta personal de Fernando Guiza.
“No existen elementos que acrediten la operación material de las empresas proveedoras con las que se hicieron las supuestas operaciones mercantiles, ya que los domicilios que aparentemente utilizaban las empresas en la ciudad de León correspondían a casas habitación o inmuebles en desuso”.
Después de recabar múltiple evidencia documental, testimonios, dictámenes periciales e información bancaria de la cuentas de los supuestos proveedores y de los dos exfuncionarios, la PGJE comprobó que ambos “confeccionaron documental de los procesos de adquisición para darles aparente legalidad y engañar al Isapeg, que pagó el monto señalado de las supuestas compras”.
También se corroboró que Martín del Campo y Guiza Suárez poseen vehículos de lujo y otros bienes “que difícilmente podrían adquirir con las percepciones que recibían por su labor, y que coincidentemente adquirieron en la fechas en las que recibieron los pagos a través de las cuentas bancarias de las supuestas empresas”.
El gobernador Miguel Márquez declaró hoy, a propósito de estas aprehensiones, que “va en serio el combate a la corrupción y puede que haya más” detenciones de exfuncionarios.
Incluso, negó tener algún acuerdo con su antecesor Juan Manuel Oliva para “tapar” anomalías de su administración.
“Lo dije muy claro, cero tolerancia con aquellos que incurran en este tipo de delitos. A veces no nada más se necesita la auditoría, también que se vaya más allá la investigación y que vayan a la cárcel”, advirtió.
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