MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de organizaciones no gubernamentales denunciaron un sinfín de casos de impunidad y abusos ante el relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, con quien se reunieron el pasado domingo.
El relator llegó a México la madrugada del sábado 20, y al día siguiente se entrevistó con defensores de mujeres, de los derechos de los niños, de periodistas, de migrantes y peticionarios de la intervención de ONU en casos específicos.
“El relator trae un mandato muy amplio sobre ejecuciones extrajudiciales y también sobre amenazas, sobre todo de periodistas y activistas, porque son el preludio de asesinatos”, comentó en entrevista Agnieszka Rascynska, secretaria ejecutiva de la Red de Defensores de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien participó en el encuentro con el relator en la presentación del panorama general, sostuvo que la visita de Christof Heyns permitirá profundizar en el registro de las violaciones a derechos humanos que dejó el gobierno de Felipe Calderón.
Recordó que precisamente durante el sexenio de Calderón, la administración panista puso trabas para concretar la visita de la relatoría, entonces representada por Phillip Alston.
“Después de muchos años de que las organizaciones solicitáramos la visita, el gobierno de Calderón iba posponiendo y posponiendo hasta que, en un cálculo político, su administración dio fecha al nuevo relator para venir cuando ya no estuviera en el poder, lo cual no le quita responsabilidad al nuevo gobierno de atender las recomendaciones que hará el relator de ONU”.
Cortez señaló que la reunión de las ONG con el relator “permite dar elementos de algunos temas de preocupación, como es la cifra de 100 mil muertos durante el sexenio anterior, así como en que la mayoría de los casos no hay investigación para determinar que muchas de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales”.
Otro punto que se trató fue el de las desapariciones de mujeres jóvenes y “el crecimiento del feminicidio; esta realidad se ha ido haciendo presente en un mayor número de entidades del país, pues a Chihuahua o el Estado de México ahora se suman Morelos, Hidalgo y Guanajuato, donde incluso se ha exigido que se emita una alerta de género”.
Además, sostuvo que entre los temas que Christof Heyns tiene muy presentes en su agenda destaca el de los defensores de derechos humanos asesinados.
Todo ello forma parte del “escenario de la impunidad en México, sin dejar de reconocer reformas, como la constitucional en materia de derechos humanos, en justicia penal y la nueva la Ley de Amparo, modificaciones algunas en proceso de implementación, y otras que hasta ahora no se han traducido en un incremento de la efectividad de investigación de las circunstancias de estos homicidios”.
Entre los temas de interés del relator también resaltan los de migrantes, asunto que cobró relevancia internacional luego de la matanza de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, apuntó Ana Lorena Delgadillo, de la Red Verdad y Justicia.
La defensora sostuvo en entrevista que la vulnerabilidad de los migrantes se puso a la luz entre organizaciones internacionales “en el sexenio pasado, no porque antes no hubiera migrantes muertos o desaparecidos, sino porque en el sexenio de Calderón se puso en evidencia la participación de agentes del Estado”.
Por ejemplo, argumentó, “hubo policías municipales y estatales involucrados en las matanzas de Tamaulipas, descubiertas por las fosas clandestinas, en una zona en la que había un gran despliegue de fuerzas armadas”.
Delgadillo explicó que el trato discriminatorio hacia los migrantes, que tiene su punto culminante con la muerte de cientos de personas, algo que “únicamente es posible por lo menos por la aquiescencia del Estado”, se continúa dando a pesar del cambio de gobierno porque no se hacen las investigaciones respectivas.
Peor aún, acusó, a los familiares de los migrantes “se les ha negado el derecho a la verdad, pues el gobierno ha cremado restos de personas migrantes o entregaron restos de manera equivocada”.
La defensora recordó que, en el caso de los 72 masacrados en San Fernando, la Procuraduría General de la República (PGR) ha negado los expedientes a la Red Verdad y Justicia, a pesar de que representa a los familiares de los migrantes y de que esta situación ha sido denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Otro de los temas abordados fue el del caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
José Francisco García Quintana y Manuel Rodríguez Amaya, del Movimiento 5 de Junio, presentaron a Christof Heyns una relatoría de la situación jurídica del caso, en el que las autoridades mexicanas de los tres niveles “lejos de procurar justicia, han venido haciendo control de daños, esto es, reduciendo el número de responsables. En el ámbito estatal a sólo 13 personas, todas ellas funcionarios menores, y de los últimos niveles del gobierno de Sonora y del municipal de la ciudad de Hermosillo, y en el fuero federal a únicamente cinco empleados de menor jerarquía de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
En rueda de prensa, Quintana y Rodríguez expusieron que el relator se vio muy interesado por el tema que conmocionó a México en 2009, cuando un incendio en la guardería ABC dejó un saldo de 49 niños muertos y 80 con lesiones graves.
Luego de solicitar la mediación del relator para exigir justicia al Estado mexicano, también demandaron su intervención para que el asunto sea tomado con seriedad por algunas de las oficinas de la ONU a las que han acudido los padres de las víctimas.
En el escrito, los representantes del Movimiento 5 de Junio informaron que en enero de 2010 enviaron un escrito al relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover.
En junio del mismo año recurrieron al Comité de Derechos del Niño; en agosto de 2010 se entregó otro documento a la exalta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang.
En mayo pasado solicitaron audiencia con Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, después que la UNICEF entregara un reconocimiento al gobierno de México por el número de guarderías en el país, en tanto que el 25 de junio de ese mismo año se solicitó a este último organismo una cita y la revocación del premio,
“Hasta ahora no hemos tenido respuesta de (las oficinas) de la ONU, a excepción de UNICEF en México, pero confiamos en que el relator lleve estas observaciones a alguna de las oficinas que quiera tomar el caso”, puntualizó García Quintana.
Este lunes el relator Heyns continúo con su agenda de encuentros con funcionarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como de la PGR.
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