La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), conformada por 67 organizaciones civiles, documentó que en 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enroló a menores de edad para realizar su servicio militar adelantado en la erradicación de cultivos de mariguana y amapola. También denunció, con base en documentos oficiales, que en la lucha del Ejército contra el narcotráfico participan menores de edad, reclutados mediante el Servicio Militar Nacional y el Sistema Educativo Militar.
El pasado 31 de enero, la Redim presentó el documento Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. La instancia de la ONU pidió cuentas sobre el tema al gobierno mexicano.
El caso se sustentó con el Tercer informe de labores 2009 de la propia Sedena, donde consta que del 25 de mayo al 1 de agosto de ese año 314 adolescentes desempeñaron esa tarea en Michoacán. Según la Redim, es la primera vez que “se sabe” con certeza que se involucra a adolescentes en tareas de “lucha contra el narcotráfico”.
El mismo reporte, basado en documentos de la Sedena, da cuenta de un operativo realizado por 5 mil 609 efectivos en Mazatlán, Sinaloa. El contingente, integrado por cadetes de 12 planteles militares y seis unidades-escuela, fue destinado en 2009 a la búsqueda y destrucción de droga.
La Redim señala que también se trata de la primera vez que se admite la implicación de estudiantes de escuelas militares como combatientes de la “guerra” contra el narcotráfico, “demostrando cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército forman ya parte del adiestramiento de los alumnos”.
En la presentación del informe de la Redim en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ómbudsman capitalino, Luis González Placencia, se pronunció el pasado 26 de enero:
“Niños empiezan a formar parte de los cuerpos que están involucrados en esta lucha contra el narcotráfico de manera directa. Estos datos dan cuenta de una incapacidad, una ceguera o una miopía dentro de las Fuerzas Armadas, en el sentido de no distinguir que estamos hablando de personas menores de edad y que en esa condición tienen derechos específicos que deben ser plenamente respetados.”
En entrevista con Proceso, Juan Martín Pérez García, director de la Redim y quien llevó el caso hasta el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, señala que “el solo hecho de llevar niños” a lugares donde se desarrolla la guerra contra el crimen organizado viola los derechos y garantías fundamentales de la infancia:
“Violentan el estado de derecho en todos los sentidos. No es secreto que cuando los militares hacen estas campañas de erradicación también reciben agresiones. Los adolescentes no están preparados militarmente y son llevados a una situación de riesgo para sus vidas.”
Los responsables
La cifra de adolescentes de 16 y 17 años que realizan su servicio militar adelantado ha crecido en el gobierno de Felipe Calderón. En el sexenio anterior su número osciló entre 521 y 863; en 2009 sumaron mil 219.
A pesar de que la edad mínima para el reclutamiento voluntario en el Ejército es de 18 años, las Fuerzas Armadas admiten en sus unidades de transmisiones a jóvenes desde los 16 años.
Éstos llegan atraídos por los beneficios que les ofrece el contrato, no mayor a cinco años, con la institución: desde que firman, los voluntarios obtienen prestaciones como servicio médico, que incluye a familiares, casa habitación en renta, haber y sobrehaber mensual, primas vacacionales, fondo de ahorro, servicio funerario, farmacias económicas, tiendas y centros de servicio, seguro de vida y pensión para los derechohabientes en caso de muerte del militar, entre otros.
“Cuando el Estado mexicano no ofrece a los adolescentes opciones para tener un proyecto de vida y lo único que les queda es incorporarse a las filas del Ejército para sobrevivir, o, en un caso extremo y más lamentable, integrarse al crimen organizado, el Estado está fallando”, señala Pérez García.
La Redim, añade, considera esta forma de enrolarse como reclutamiento “bajo presiones económicas”, ya que “en México la mayoría de la población no cuenta con seguros sociales o médicos, lo que representa un incentivo a considerar para niños y familias de escasos recursos”.
Otra opción para que los menores ingresen a las Fuerzas Armadas es el Sistema Educativo Militar, que admite alumnos desde los 15 años que hayan terminado la secundaria o el bachillerato. Sin embargo, sus mandos no hacen público el número de estudiantes de los planteles militares.
El estudio Infancia y conflicto armado en México asienta que en esas aulas se forman militares con dos perfiles básicos: de guerra y de servicio. Los alumnos deben firmar un contrato que los compromete a servir a las Fuerzas Armadas durante un tiempo no menor al doble que el de su educación. Si algún menor comete una falta que amerite juicio, es sometido a un proceso del fuero militar como adulto.
La Sedena ha intensificado su propaganda e instaló centros de reclutamiento en estaciones del Metro y terminales de autobuses. “Otras experiencias internacionales nos muestran que, cuando hay un conflicto interno o internacional, las Fuerzas Armadas buscan tener mucho mayor cercanía con la población. Estas acciones de abrir el campo militar, de hacer campañas con el público, forman también parte de esta búsqueda de sensibilización a la tarea militar”, dice el director de la Redim.
El activista Pérez García aclara que la militar es una vida respetable y que no está en contra de que se enrolen adultos: “Desde luego que el reclutamiento de personas menores de 18 años, y más aún, su participación en acciones de erradicación de cultivos de droga, es el tema importante” de su denuncia ante la ONU.
Como responsables de esas violaciones a los derechos de los menores, “inevitablemente”, señala a la Sedena y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas”. “El Ejecutivo, al final, es el que tiene que responder”, resume.
Expuestos
“¡Se quedaron, no se quedaron! ¡Van a entrar, no van a entrar! ¿Seguros que aguantan?”, resuena la voz de un oficial con 28 años de servicio. Se dirige a seis aspirantes, formados con perfecta simetría en la entrada del Campo Militar. Las caras son de niños; su semblante, de miedo.
Subteniente del Heroico Colegio Militar, el reclutador solicita mantener el anonimato. Narra que al llegar ahí, los adolescentes (de 15 a 17 años y con preparación mínima de secundaria) ya tuvieron que probar su resistencia y su valor. Ahora tienen que someterse a una evaluación psicológica para saber si son aptos para obedecer.
“Los cerebritos no se quedan –advierte el oficial–; más chance se le da a un chamaco promedio. El inteligente tiende a sentirse superior sobre los demás. No tolera que lo manden, lo rechazan. Y eso en el examen psicológico va pa’trás. No sirve para el Ejército, aunque sea muy cerebrito.”
Personalmente, recomienda que los aspirantes estudien por lo menos hasta el bachillerato en el ámbito civil, porque la vida de los militares es muy dura: “Un día tranquilo, nosotros estamos aquí parados desde las seis de la mañana. Siempre al rayo del sol o en la crudeza del invierno. Los soldados son los que llevan la friega”.
Entonces llama con el dedo índice a un joven sargento, que unos meses atrás era sólo cadete. Así se une a la conversación Francisco, originario de Veracruz, que tenía 17 años al ingresar en el Colegio Militar.
Lo reclutaron en la estación Cuatro Caminos del Metro con la promesa de que, si se alistaba, el Estado le ofrecía un futuro que nunca alcanzaría fuera de los cuarteles: estudios superiores, servicio médico para él y sus padres, crédito bancario de corto y largo plazos, crédito hipotecario, apoyo económico provisional y un sueldo quincenal al terminar los tres años de su preparación.
Francisco aceptó. Recibió el normal adiestramiento en tácticas de combate y manejo de armas durante ocho semanas antes de ir a su plantel. Escogió el Colegio Militar azarosamente, porque los mandos no permiten que los estudiantes conozcan los programas de estudio de cada escuela antes de que el alumno ingrese.
Con el mismo secreto se maneja el reglamento. Francisco dudó de su elección cuando supo que no podría desligarse de la institución cuando quisiera. Salir de ese sistema implica “desertar” o solicitar un permiso de los superiores, que “es casi imposible” conseguir.
El joven sargento ya lo aprendió: “La disciplina es fuerte para que tú forjes el carácter. Te tratan recio, te gritan. Aquí se sufre todo, en todos los sentidos. Te portas mal, ya te arrestaron. No puedes ir a tu casa. Y son varios días, no es un día. No puedes hacer planes porque hay servicio”.
Cuando se le pregunta al joven qué motiva tanto sacrificio, el subteniente interviene: “La mayoría venimos por la necesidad. Es por beneficio de la familia. Son muy pocos los que llegan porque de a tiro quieren ser militares… y los demás lo hacen porque sus familiares fueron o son militares”.
Claro, admite, no falta el “tonto” que quiera participar en la lucha contra el narcotráfico para “hacer algo” por su país. “A esos son a los primeros a los que matan. Cuando les toca ir a operaciones, los que tienen esa mentalidad lo pagan. Lo que los jóvenes deben hacer por su país es ponerse a estudiar, prepararse”, suelta sin titubear.
Francisco no está tan seguro. En el Colegio Militar le han enseñado que debe librar la batalla contra el narcotráfico. “Los que entran (al Ejército) le van a querer entrar (a la “guerra” contra el narcotráfico). Ellos (los narcos) están en situaciones parecidas a las nuestras. También están ahí porque se querían superar y están dispuestos a dar la vida. Para eso se prepara uno también. Es la familia de ellos o la mía”.
Por casos como éste, en el marco de una serie de audiencias en las que comparecieron la Redim y el gobierno mexicano, el pasado 31 de enero en Ginebra, la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Rosa María Ortiz, expresó su preocupación por el reclutamiento de niños por grupos armados, situación que “lastimosamente ha ido empeorando y aumentando”.
Al comparecer ante esa instancia de la ONU, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, se limitó a reconocer que el gobierno mexicano “no cuenta con datos” sobre la participación de niños en grupos armados, que “en México no existe conflicto armado alguno” y “tampoco el país participa en conflictos armados de índole internacional”.
El viernes 4, el comité de la ONU emitió un comunicado en el que expresa “inquietud” por el involucramiento de menores de edad en la “lucha contra el narcotráfico” en unidades del Ejército, lo que “pone seriamente en riesgo sus derechos y sus vidas”. Por ello, dicha instancia recomendó al Estado mexicano que suspenda esas labores y lo instó a que la Secretaría de Educación Pública se haga cargo de las escuelas militares que hoy responden a la autoridad de la Sedena.
La instancia internacional se refirió concretamente al servicio militar adelantado para menores de 18 años en México e hizo un llamado a revisar el Código Penal Federal para prohibir el reclutamiento de menores para participar en conflictos armados.
Juan Martín Pérez, presente en las audiencias de Ginebra, relata que “el comité quedó sorprendido de la política de negación sobre lo que estamos viviendo en México. Es importante mencionar que el propio Ejército Mexicano está cerrado a ofrecer información. Nosotros hemos solicitado en muchísimas ocasiones que nos informen cuántos chicos han sido reclutados. No hay respuesta. No se sabe si hay bajas de menores en el Ejército”.
El comunicado da cuenta de las violaciones del Estado mexicano a la Convención sobre los Derechos de los Niños, y remata: “El comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños –alrededor de mil en los últimos cuatro años– que como resultado de la guerra contra el crimen organizado han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas”.
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