La captura de capos de la droga como Teodoro García Simental El Teo, Édgar Valdez La Barbie y Nazario Moreno El Chayo, así como el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, que el gobierno presenta como victorias, podrían estar alimentando la violencia de los traficantes, advierte un reporte del Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego.
“Las autoridades creen que esos arrestos ayudarán a reducir, si no a finalizar la violencia, aunque el desmembramiento de los grupos criminales podría también incrementar la violencia entre traficantes… Por el momento, el resultado pareciera ser muchos más caótico e impredecible la evolución del conflicto violento entre los grupos de narcotraficantes”, sostiene el estudio Narcoviolencia en México: Datos y análisis del 2010.
En el documento se señala que el peor de los escenarios posibles para este año es que la violencia mantenga su ritmo y contagie a regiones que habían permanecido intactas; que aumenten los asesinatos de funcionarios y ciudadanos en fuego cruzado, o bien que se dañe severamente la economía, ocurran desplazamientos de la población e impactos negativos en los países de Centroamérica.
Asimismo se advierte que “hay un riesgo real” para la gobernabilidad democrática ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2012, “dada la significativa penetración de los cárteles de la droga”. Sin embargo, los investigadores Viridiana Ríos y David Shirk, autores del reporte, descartan el colapso del gobierno mexicano por la violencia, el surgimiento de una insurgencia política o un repentino golpe militar.
Según los académicos, el mejor de los escenarios para 2011 es que al debilitarse las organizaciones de los Beltrán Leyva, La Familia michoacana y Los Zetas –en las que se ha enfocado la ofensiva del gobierno–, podría lograrse un equilibrio como el que ocurrió en Baja California cuando el cártel de Tijuana perdió fuerza y eso permitió “al cártel de Sinaloa hacer nuevas incursiones”. Pero advierten: “La guerra de las drogas está lejos de terminar. Ni siquiera es claro si lo peor ha pasado”.
Año récord
El estudio de 20 páginas, publicado el lunes 7, indica que el año pasado se registró el récord de homicidios del sexenio, pero además se incrementaron las extorsiones, los secuestros y se cometió “un número sin precedente” de asesinatos de funcionarios electos (incluidos 14 alcaldes), policías, militares y civiles (entre ellos 11 periodistas).
En el reporte académico se plantea que la violencia sigue concentrándose en cuatro estados de las zonas productoras de la costa occidental o en los corredores del tráfico cercanos a la frontera con Estados Unidos. Las entidades son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California, donde ocurrieron ocho de cada 10 asesinatos.
Los investigadores clasificaron a 16 estados con violencia moderada (entre 25 y 250 crímenes anuales), en 14 de los cuales los asesinatos aumentaron al menos 10%, y en siete se incrementaron más de 100%. Los picos de violencia más alarmantes se detectaron en San Luis Potosí (de un año a otro pasó de 8 a 135 asesinatos), Tamaulipas (de 90 a 209), Nayarit (de 37 a 377) y Nuevo León (de 112 a 604).
Con cifras que abarcan hasta el año pasado, el estudio relaciona los datos del Consejo de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Organización Mundial de la Salud y un conteo del periódico Reforma.
Así, identifica como las ciudades más violentas de 2010 a Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana, Chihuahua y Acapulco, que acapararon la tercera parte de los hechos violentos del país. En cuanto a los estados que permanecen pacíficos en general, son Baja California Sur, Campeche, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.
La investigación fue realizada por el Proyecto de Justicia en México del Trans-Border Institute, financiado por las fundaciones Tinker y Hewlett, así como por Open Society Institute. En sus resultados se resalta la crueldad con que los traficantes se deshacen de los cuerpos de sus rivales, el aumento de la agresividad que impacta en la población civil: el uso de explosivos, los videos de asesinatos trasmitidos por internet y los bloqueos del tránsito –sobre todo en Monterrey.
“Los 15 mil muertos del año pasado representan un incremento de 60% respecto de los años previos del sexenio calderonista. De hecho, 2010 fue el peor año de tal violencia y estuvo marcado por un repentino incremento en blancos políticos, que incluyó numerosos asesinatos y secuestros de funcionarios públicos”, señalan los autores. Y detallan que 27 alcaldes cayeron asesinados entre 2004 y 2010, además del exgobernador colimense Silverio Cavazos.
Ríos, candidata a doctora por la Universidad de Harvard, y Shirk, director del instituto, son expertos en temas de seguridad. En su estudio consideran que las bandas organizadas opacaron las elecciones del pasado 4 de julio, pues mataron a 13 candidatos –entre los que destacan al aspirante a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, “el de más alto perfil desde el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en 1994”– y en muchos lugares inhibieron la participación electoral.
Entre sus hipótesis para explicar la ola de violencia figura la estrategia del gobierno federal de desactivar a capos de la droga, pues su captura contribuye a intensificar las disputas dentro de los grupos y contra sus rivales. También consideran que la pérdida de hegemonía política del PRI hizo que se rompieran los equilibrios entre las organizaciones delictivas, y que a esto se sumaron la volatilidad del consumo de la droga en Estados Unidos, las fluctuaciones de su precio, el crecimiento de la demanda en México, el refuerzo de los controles para que no cruce la frontera norte y los esfuerzos del lado mexicano por acabar con el crimen organizado.
Aun así, los investigadores señalan que es necesario dimensionar la violencia mexicana, pues en un país con más de 100 millones de habitantes, las probabilidades de morir en un asesinato relacionado con las drogas es de uno por cada 6 mil 667, las mismas que perecer en un accidente automovilístico en Estados Unidos. “Y decrece dramáticamente si la persona no es traficante de droga, alcalde o policía que viva en una región de tráfico en disputa”. l
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