domingo, 14 de abril de 2013

Pepsico robó luz durante 4 años; CFE la perdona



La demanda de 105 millones 181 mil 637 pesos en contra de la embotelladora que de acuerdo con la denuncia robo electricidad de septiembre de 2008 a octubre de 2009 al 30 de abril de 2012.
El robo de la empresa ocurrió de septiembre de 2008 a octubre de 2009, fecha en que CFE tomó el control de la extinta Luz y Fuerza del Centro. (Foto: Flickr CC Chapman)
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró la demanda por 105 millones 181 mil 637 pesos en contra de la empresa Embotelladora Mexicana o Pepsico, tras ser acusada de robar electricidad durante casi cuatro años.
De acuerdo con el diario Reforma, la paraestatal informó que decidió retirar la denuncia -a pesar de constituir un delito grave- tras firmar dos convenios de cobro con Pepsico, luego de que ésta reconociera el adeudo.
La deuda de Pepsico corresponde a dos plantas embotelladoras, en Acoxpa y en Calzada de La Viga, ambas localizadas en el Distrito Federal y conectadas en servicio de media tensión, cuyos medidores fueron revisados en mayo pasado por la CFE, encontrándose dispositivos electrónicos que marcaban un consumo menor al real.
Tras encontrarse los dispositivos, éstos se retiraron y se procedió al corte del suministro, según se desprende de una denuncia presentada por la paraestatal ante la Procuraduría General de la República el 7 de junio, y de la que se desistió el 25 del mismo mes.
El robo de la empresa embotelladora ocurrió de septiembre de 2008 a octubre de 2009, fecha en que la compañía eléctrica tomó el control de la extinta Luz y Fuerza del Centro, y de esa fecha al 30 de abril de 2012.
A través de la agencia de medios de Pepsico, la embotelladora declaró que el tema fue tratado con las autoridades correspondientes, que las gestiones necesarias ya se hicieron y el adeudo completo quedó saldado.

Agente del MP de Querétaro llama a declarar a una bebé de 7 meses



MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Una agente del Ministerio Público de Querétaro llamó a declarar a una bebé de siete meses de edad como testigo de un hecho ocurrido en su hogar paterno cuando ella tenía dos meses de nacida.
Según el diario Reforma, los padres llevaron a la niña a la agencia del Ministerio Público con el fin de evitar sanciones, ya que la ley establece que las personas que sean citadas a comparecer y no lo hagan serán acreedoras de una multa de hasta 30 días de salario mínimo.
María del Carmen Carrera Samperio, titular de la Agencia IIIA del Ministerio Público de Querétaro, fue quien citó a comparecer a la bebé de siete meses este viernes 12 de abril a las 13:00 horas.
En el oficio dirigido a Braylovkis López Castañón, padre de la menor, la Ministerio Público advierte que en caso de no presentarla, podría utilizar la fuerza pública para hacer que rindiera su declaración.
“En cumplimiento del acuerdo dictado con fecha de hoy, dentro del acta o averiguación previa señalada al rubro y a fin de allegarnos mayores datos tendientes a elementar la presente indagatoria, me permito notificar a usted que deberá presentarse a la Agencia del Ministerio Público Investigadora número IIIA, a cargo del suscrito ubicada en Roberto Barrios No. 8 Colonia Casa Blanca, Santiago de Querétaro, Qro., a las 13:00 horas, del próximo 12 de abril del 2013 a efecto de que presente a declarar en carácter de testigo a Mayte Montserrat López”, señala el oficio enviado por la Agencia IIIA del Ministerio Público de Querétaro y que reproduce el diario Reforma.
“A su vez se le apercibe que en caso de no comparecer el día y hora señalada sin causa justificada, se aplicará en su contra como medida de apremio que autoriza el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, una multa equivalente a 30 días de salario mínimo o, en su caso, ordenar su presentación forzosa con el auxilio de la fuerza pública”, agrega el documento.

Arranca Robles cruzada en Guerrero mientras toman protesta 106 policías comunitarios


Rosario Robles
APANGO-ACATEMPA, Gro. (proceso.com.mx).- La secretaria de Desarrollo Social federal (Sedesol), Rosario Robles Berlanga arrancó los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el poblado de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan y a escasos 10 kilómetros de este punto, ubicado en la región Centro de la entidad, tomaron protesta 106 policías comunitarios en la localidad de Acatempa, municipio de Tixtla de Guerrero, en un acto donde integrantes de diversos sectores sociales y grupos de autodefensa que han surgido en la entidad, se manifestaron en contra de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En esta árida y marginada zona enclavada entre cerros que conforman la falda de la región de la montaña guerrerense, ubicada a 35 kilómetros de la capital y habitada principalmente por indígenas nahuas, se confrontaron dos proyectos de desarrollo para revertir los efectos de la pobreza, la inseguridad y violencia: el oficial y el comunitario.
Mientras en la plaza central de Apango, donde Robles Berlanga tomó protesta a los integrantes de los Comités Municipales de la Brigada contra el Hambre, se reunieron decenas de personas, principalmente mujeres indígenas que fueron convocadas por autoridades estatales mediante engaños, ya que les prometieron 500 pesos a cambio de que presentaran la tarjeta denominada La Cumplidora, entregadas por la administración del gobernador Ángel Aguirre a madres solteras para inscribirlas en programas asistencialistas.
En tanto que en la cancha del poblado de Acatempa se congregaron habitantes de esa localidad, dirigentes de la Policía Comunitaria, adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); líderes de al menos cinco grupos de autodefensa surgidos el año pasado en la región de La Montaña y la Costa Chica, así como integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), recientemente conformado por profesores del magisterio disidente y miembros de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas propuestas por el gobierno federal.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, arribó cerca del mediodía al marginado lugar a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea; se desplazó por las polvorientas calles en una camioneta tipo Suburban; estuvo resguardada en todo momento por elementos del Estado Mayor Presidencial y acompañada por políticos vinculados con el narco y ligados a personajes funestos de la entidad, como el priista, Héctor Vicario Castrejón, discípulo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en la entidad.
También estuvo Ramón Sosamontes, operador de Robles Berlanga, ambos vinculados al escándalo de corrupción encabezado por el empresario argentino, Carlos Ahumada.
En su discurso, la funcionaria federal exhortó a los indígenas a organizarse para revertir los problemas generados por la inseguridad, la pobreza extrema y el hambre que persiste en la entidad.
Cuando la titular de Sedesol se retiraba del centro del poblado a bordo de la camioneta blanca Suburban, un joven desplegó una cartulina con un mensaje en contra del presidente Peña Nieto. No obstante, el incidente protagonizado por el solitario manifestante no pasó a mayores y Robles Berlanga se trasladó al puerto de Acapulco, donde estuvo con el gobernador Aguirre en la colonia Simón Bolívar, ubicada en la parte conurbada y considerada como la zona de mayor incidencia delictiva en ese destino turístico.
Por su parte, en Acatempa, una mujer integrante del grupo de autodefensa denominado Consejo Regional de Seguridad y Justicia -Policía Ciudadana y Popular de la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá- advirtió que el vacío de poder generado por la corrupción de los políticos, “fue llenado por la delincuencia organizada” que pretendió hacer de los territorios, “su campo de juego para sembrar, traficar y vender droga; así como tratar de imponer la cultura de la muerte y la violencia”.
Por ello, dijo, los ciudadanos decidieron desplazar a las autoridades de los tres niveles y asumir las funciones de seguridad pública y aplicación de justicia, principalmente en municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.
“El gobierno tiene una estrategia para dividir a los ciudadanos y reducir sus aportes, por eso negocia con unos sectores sociales y excluye a otros; cede frente a unos y reprime a otros. Por eso, es necesario evitar esta maniobra, creando unidad y evitando los errores que disolvieron movimientos sociales pasados”, expresó la mujer indígena.
Por su parte, el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, señaló que el acto donde tomaron protesta a 106 policías comunitarios de cuatro comunidades y los grupos de autodefensa creados en la Montaña y Costa Chica, así como la protesta magisterial en contra de la reforma educativa que se transformó en el MPG,  es un reflejo de que “el pueblo se levanta y organiza para construir un poder de los pueblos”.
Por ello, anunció que el movimiento de la Policía Comunitaria, adherido a la CRAC, llegará a las ciudades y rechazó la advertencia del gobernador Aguirre, quien amenazó con detener a los integrantes de los grupos de autodefensa que operan en las zonas indígenas en caso de que “salgan de sus territorios”.
“En nuestro país no hay reservas, de donde nosotros como pueblos originarios no podamos salir”, advirtió el activista indígena, quien remató su discursos con la frase del profesor guerrillero de la década de los setentas, Lucio Cabañas: “Ser pueblo; hacer pueblo y estar con el pueblo”.

Estallido social, si se impone reforma educativa


Maestros de Guerrero durante una protesta este viernes.
Foto: Miguel Dimayuga.
La reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen la realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes, carece de criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de gratuidad. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la que, afirman, no están dispuestos a permitir
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación –que no fueron escuchados en su elaboración– y por sentirse señalados como causantes del rezago educativo, los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán por detenerla en las calles, con la voz y con el cuerpo.
Entrevistados por Proceso, cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes, coinciden en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el sistema educativo se avecinaría un estallido social.
Explican que la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el discurso oficial a partir de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los maestros que se ausentaran de sus escuelas por participar en los reclamos se les despediría, y del discurso de Peña Nieto –un día después de que la Policía Federal desalojara a quienes se manifestaban en la Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley no se negocia” y que “el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el cual tiene el Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”.
“Nosotros les decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos los trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la inconformidad se va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman el rumbo de Guerrero, donde se han ido uniendo otros ciudadanos, seguramente aun de manera física detendremos la reforma educativa.
“Es el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más cruel intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El que enturbia el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se negocian, cuando dice el que no trabaje se va. Eso hace que el magisterio se agite más y esté dispuesto cada vez más a dar la batalla.
“Lo otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si la decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes de finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la educación.
“Y le decimos también que si la decisión es tan grande y quieren aplicar su ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a ser suficientes para que metan a los inocentes trabajadores de la educación”, dice Artemio Ortiz Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien pese a todo asegura que los maestros privilegiarán vías alternas, como los más de 200 mil amparos contra la reforma que, asegura, han presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un programa de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo escolar 2013-2014.
Juan José Ortega, secretario general de la sección XVIII de la CNTE, en Michoacán, quien lideró las negociaciones del magisterio con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia en la palabra de las autoridades.
“No es lo mismo lo que se discute a puertas cerradas que el discurso de Enrique Peña Nieto o del secretario de Educación. Esto pone en un estado de alerta a la Coordinadora. Su falta de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las acciones. Ya no hay credibilidad, no hay confianza en ellos. Están administrando el movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este gobierno, como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia una movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.
El michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un problema más allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio, porque el pueblo se está organizando para defenderse también de las reformas fiscal y energética:
“Recordemos que el caso Guerrero adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales que están en el acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48 organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No hay más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos consumen”.
Rubén Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del magisterio en Oaxaca, dice conocer de cerca la cara más vieja del PRI. No le sorprende la embestida contra el magisterio.
“El sistema político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de 2006 que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se olvida de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos priistas y hoy reiteramos que tienen como objetivo la represión de los derechos de los trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy los gobiernos tienen que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso contra los trabajadores.
“Lo estamos viendo en Guerrero. La Coordinadora está muy fortalecida, las secciones de los estados se manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”, dice y asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores de distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada nacional.
Para Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito Federal, el conflicto es reflejo de un gobierno autoritario en “el regreso al presidencialismo reacio”, donde el que decide es el presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve, si no hay indicios de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en la ley reglamentaria.
(Extracto del reportaje principal que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)

La nostalgia por el tlatoani. José Agustín Ortiz Pinchetti



U
n amigo me comentó que el proyecto de Peña producía entusiasmos en el llamado círculo rojo (expertos, poli­tó­logos, líderes de opinión, grandes empresarios enterados). Esto ha si­do ratificado por los sondeos: 78 por ciento de los líderes de opinión aprobó la labor de Peña. Sin embargo, los ciudadanos comunes y corrientes ( círculo verde) apenas lo aprueban en 50 por ciento y le dan un mediocre 6.3 de calificación (Reforma, 1º y 7 de abril). Abajo del inepto Calderón y muy abajo del frívolo, tramposo e inepto Fox en momentos equivalentes. ¡Una contradicción interesante!
Peña no tiene proyecto explícito. Parece intentar una restauración del viejo sistema. No de la última época andrajosa, los últimos 30 años, en que participaron PRI y PAN, sino la épocagloriosa de la Presidencia im­perial. Es muy probable que en el círculo rojoexista la fantasía de que volveremos a tener un presidente fuerte con un partido hegemónico y con instituciones disciplinadas a la línea general. En ese círculo predomina una cultura cortesana. No sienten mucho apego por la democracia donde la competencia sería efectiva y donde los dones y beneficios que llegan desde el poder tendrían que transparentarse y ser mucho menores. En cambio en la población abierta hay la fuerte intuición de que las cosas no están funcionando y que no funcionarán con Peña. Junto con la pobre calificación a éste aparece una insatisfacción intensa con las instituciones y con la democracia mexicana. Lógico: las elecciones de 2012 resul­taron inauténticas o abiertamente fraudulentas para más de 60 por ciento de los ciudadanos verdes.
Como pronto se verá, la restauración (aún acotada) estará difícil. No hay elementos para asegurar que la política económica desastrosa en términos de distribución del ingreso y fortalecimiento del mercado abierto pueda modificarse. Y si no es así el crecimiento seguirá siendo insignificante. Es muy difícil que Peña desactive la inconformidad social. La cruzada contra el hambre es a la vez reconocimiento del desastre social, forma de control populista de los electores más pobres y oportunidad para inmensos negocios. Lo de Elba Esther fue prueba de cómo se administra la impunidad. Veremos cuántos otros peces gordos caen.
Si Peña no logra garantizar la seguridad pública y estimular la economía, de poco le servirá el control que tiene sobre los medios de masas. Una población cada vez más alerta lo observa. La mayoría de los ilustres miembros del círculo rojo mantendrán por un rato la ilusión del regreso del tlatoani que conllevaría, mágicamente, estabilidad y fluidez (sobre todo para ellos). Pero México es otro país. No porque los políticos o los líderes de opinión sean mejores, sino porque una enorme masa de la población ha cobrado conciencia de sus males y del poder que tendría para corregirlos si se organiza.

"El neoliberalismo de Capriles llevaría Venezuela a una pobreza como la europea" Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/91736-venezuela-capriles-chavez-elecciones


Henrique Capriles finge tener una política de mejoras sociales como la chavista, pero sus auténticos planes permanecen en la sombra y su elección en realidad tendría "consecuencias terribles", según el politólogo Juan Miguel Díaz Ferrer.
En opinión del politólogo Juan Miguel Díaz Ferrer "Nicolás Maduro es la persona que el propio Chávez indicó a sus seguidores que había que elegir como su sucesor". El "hijo de Chávez" participa en estos comicios con el programa del difunto presidente, es decir, poniendo énfasis en "la defensa de la soberanía nacional, de la justicia social", afirmó.   
El futuro que le esperaría a Venezuela con Capriles sería lo que está pasando en Europa, donde las personas pierden su vivienda, pierden prestaciones”  

A contrapeso del candidato del oficialismo, el candidato de la derecha, Henrique Capriles Radonski, "presenta el mismo programa neoliberal que ya enarboló en las elecciones anteriores. Pero esta vez lo ha ocultado simulando acercarse al programa del chavismo, hablando de conservar las misiones nacionales", dijo aRT el experto. Sin embargo, Díaz Ferrer se muestra escéptico ante las promesas de Capriles. 

El politólogo lo argumenta advirtiendo de la reducción de gasto público que podría darse en realidad si ganara Capriles. "Si se redujera el gasto público estas misiones no podrían llevarse a cabo. Si se privatizara la petrolera nacional PDVSA tampoco se podrían llevar a cabo", explicó. 

En esta situación "el futuro que le esperaría a Venezuela con el candidato de opositor sería lo que está pasando en Europa y otros países, donde las personas pierden su vivienda, pierden prestaciones", concluyó.   

Este 14 de abril los venezolanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez. Los sondeos indican que el candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, obtendría una ventaja de unos diez puntos sobre su principal rival, Capriles.  




http://actualidad.rt.com/actualidad/view/91736-venezuela-capriles-chavez-elecciones

AMLO no es un político común ...

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