Una exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, es ahora arropada también durante el gobierno de Peña Nieto, del que recibe millonarios contratos; uno de ellos, por 20 millones de pesos, le fue otorgado de manera turbia por el Sistema de Administración Tributaria, que depende de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, y consiste en preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos federales. No le va igual en Estados Unidos, pues hace unos días perdió el juicio que interpuso allá en contra de la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, quien publicó en Forbes un reportaje que la incluía entre “los 10 mexicanos más corruptos de México”…
Alejandra Sota Mirafuentes, exvocera y protegida de Felipe Calderón, cobra en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 800 mil pesos mensuales por preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray.
Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que depende del propio Videgaray y es actualmente dirigido por Aristóteles Núñez Sánchez: Su empresa les ganó a tres que son propiedad de exempleados suyos que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones.
La exfuncionaria panista, quien el último 30 de noviembre perdió en Estados Unidos la demanda que presentó en contra de la periodista Dolia Estévez por incluirla en el reportaje Los 10 mexicanos más corruptos de México, firmó el contrato en octubre de 2014, y desde entonces cobra 833 mil pesos cada mes –percibirá esa cifra hasta octubre del próximo año–, cuatro veces más que los 203 mil que percibía con Calderón.
Documentos obtenidos por Proceso acreditan que Sota Mirafuentes es accionista de la firma Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., con 70% de las acciones, mientras que Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República, posee el otro 30%.
Colín García, quien se acreditó ante el SAT como representante legal de la compañía creada en abril de 2013, es además accionista de Dinamia Consultores, S.C., dirigida por José Omar Gutiérrez Bayardi, quien también fue subordinado de Sota en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.
Otras dos empleadas de Sota en la Presidencia, Beriana Mendoza Andreu y Selene González Terrones, son integrantes de Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., dedicada igualmente a realizar estudios de opinión.
Ellas son amigas de Sota desde que estudiaron la carrera de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a las que luego, en 2006, incorporó sucesivamente a la campaña, al equipo de transición y al gobierno de Calderón.
Integra, Metas Estratégicas, de Sota; Dinamia Consultores, de su socia Colín García, y Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, de sus amigas Mendoza y González, se inscribieron como licitantes en el procedimiento de “invitación a cuando menos tres personas”, convocado por el SAT en octubre del año pasado.
A estas tres empresas se sumó una cuarta, Técnicos Encuestadores de Campo, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Hernández Cano, quien en el sexenio calderonista acumuló contratos por 41 millones de pesos destinados a realizar estudios de opinión para la Presidencia de la República.
El SAT invitó a estas firmas con base en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, el cual, en la fracción X, dispone que cuando se contraten servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones se debe “aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación”.
Licitación simulada
Sin embargo, dicha dependencia sólo invitó a cuatro empresas privadas y pasó por alto los nexos de amistad y de negocios entre ellas para contratar, por dos años, un “servicio de investigación, levantamiento y análisis de opinión sobre aspectos fiscales, desempeño, funcionamiento, imagen y mecanismos de comunicación del SAT con asesoría de implementación de estrategias de mejora”.
Conforme al fallo de la licitación, cuya copia posee el reportero, “no resultaron solventes técnicamente” Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., ni Técnicos Encuestadores de Campo, S.A. de C.V., por lo que la empresa de Sota y Dinamia Consultores, de su socia Colín García y su exempleado Gutiérrez Bayardi, resultaron finalistas.
Y tras la evaluación de las propuestas económicas, el SAT dio como ganadora a la firma de Sota Mirafuentes, que ofreció cobrar 19 millones 755 mil 728 pesos contra los 20 millones 308 mil 888 pesos con 38 centavos que cotizó Dinamia Consultores.
La diferencia en las propuestas económicas de ambas fue de sólo 533 mil 160 pesos con 38 centavos.
Pero, además, en el fallo de la licitación –un documento de siete cuartillas– emerge otro dato anómalo por el que, según la ley, la propuesta de la empresa de Sota debió desecharse:
“En el acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, de fecha 9 de octubre de 2014, se hizo constar que durante la apertura de la proposición de la licitante Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., se conoció que sólo la propuesta económica no se encontraba foliada.”
La responsable de la evaluación legal y administrativa del SAT, Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, administradora de Recursos Materiales, no hizo válida esta anomalía y decidió la adjudicación a la sociedad de Sota Mirafuentes y Colín García.
Y desde octubre del año pasado la empresa de Sota levanta encuestas mensuales y semestrales a los contribuyentes sobre cómo perciben el cobro de impuestos que realiza el SAT.
Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., fue creada por Sota Mirafuentes el 4 de abril de 2013, apenas medio año después de que dejó la Presidencia de la República, donde se desempeñó primero como coordinadora de Opinión Pública e Imagen y luego, desde 2010, como vocera del propio Calderón y del gabinete de seguridad.
La compañía se dedica a prestar servicios de asesoría en general, de análisis, investigación, estudio, proyección, desarrollo y programación; de consultoría vinculados con el desarrollo de sistemas de información basados en la opinión pública; de investigación de mercados; de estrategias de posicionamiento público; de comunicación, elaboración de estadísticas, investigación cualitativa, muestreo, encuestas de opinión, estudios de mercado, entrevistas de profundidad, grupos de enfoque y estudios antropológicos.
Es sabido que uno los clientes de Sota es Eruviel Ávila, el gobernador priista del Estado de México, y ahora también el que fue coordinador de la campaña de éste, Luis Videgaray (2011), quien cumplió la misma función con Peña Nieto en las elecciones de 2012.
El sello de la corrupción
Sota Mirafuentes ha estado en medio del escándalo no sólo por no tener título profesional y haber ingresado a la Universidad de Harvard sin cubrir ese requisito, sino igualmente porque la Secretaría de la Función Pública (SFP) la investigó ante la acusación de otorgar contratos a sus amigos.
Sin embargo, jamás se informó sobre el resultado de la investigación de esa secretaría, en la que, desde noviembre, su esposo, Benjamín Hill Mayoral, fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, por el titular Virgilio Andrade. (Véase recuadro.)
Y es que, el 2 de agosto de 2013, la primera emisión de MVS noticias reveló que Sota Mirafuentes encabezó a un grupo de amigos del ITAM que se coludieron a lo largo del sexenio de Calderón para beneficiar entre otras empresas a Defoe Experts on Social Reporting con decenas de millones de pesos.
La firma es propiedad de Yamil Gustavo Nares Feria, quien fue subdirector de Opinión Pública bajo las órdenes de Sota en la Coordinación General de Imagen y Opinión Pública y es amigo de ella desde el ITAM.
El propio Nares Feria reconocería después que en el sexenio de Calderón recibió contratos por 55 millones de pesos, entre ellos varios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una maquinación en la que intervinieron justamente las amistades de Sota que participaron en la licitación del SAT ganada por ella.
Maira Yazmín Colín García fungió como coordinadora de Evaluación de Estudios de Usuarios del IMSS, y José Omar Gutiérrez Bayardi se desempeñó en calidad de titular de la División de Investigaciones y Supervisión de la Coordinación de Evaluación de Estudios de Usuarios de esa misma dependencia.
Según la investigación de MVS, ellos dos le otorgaron contratos a Defoe, de Yamil Nares Feria, por 22 millones de pesos, para elaborar encuestas, una de las cuales fue el impacto que tuvo el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009.
Los contratos a Nares Feria, quien estudió con Sota la carrera de Ciencia Política, comenzaron a fluir cuando su empresa tenía apenas dos meses de haber sido fundada ante notario público de Oaxaca. El contrato más grande que recibió fue en el último mes del gobierno de Calderón, noviembre de 2012, y ascendió a 9 millones 400 mil pesos.
Otro amigo de Sota en el ITAM, José Alfonso Arango Pérez, obtuvo asimismo contratos de ella para Milenio Consultores.
En diciembre de 2013 la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, publicó en Forbes el reportaje mencionado que incluyó a Sota, y un año después ésta la demandó por difamación ante una corte de Estados Unidos.
Apenas el pasado 30 de noviembre, el juez Liam O’Grady, de la Corte Federal del Distrito Este del estado de Virginia, desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos que interpuso Sota en contra de la periodista.
“Los argumentos que hace Sota son en su mayor parte opiniones de Estévez que no pueden razonablemente ser declaradas o implicadas en hechos falsos”, se lee en el fallo de 12 páginas, consultado por Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.
El revés en EU
En su querella contra la periodista, Sota sostuvo que fue difamada y que el artículo le causó daños económicos a sus negocios personales, pero en su dictamen el juez O’Grady subraya:
“Sota admite que ella estaba siendo investigada por corrupción, por parte de las autoridades mexicanas, y que estudiaba en la Universidad de Harvard sin contar con un título profesional.”
La demanda de Sota califica de “difamación” el hecho de que Estévez la considere en su artículo como una de las personas a quienes los mexicanos “perciben” como entre las más corruptas.
“La aserción de que Sota era percibida entre los mexicanos más corruptos en 2013 no puede ser objeto de demanda porque no es objetivamente verificable y porque conlleva una aserción subjetiva”, enfatiza O’Grady en sus conclusiones.
“No existe una manera objetiva de probar si Sota es percibida como una de las 10 personas más corruptas en México. Estévez establece su opinión sobre el asunto y aportó una base factual para esta opinión. Sota admite la base factual de que la opinión de Estévez es verdad”, remarca el juez.
Sobre los supuestos daños económicos que le causó el trabajo de Estévez, Sota aseguró que se le fueron de las manos unos contratos que otorgaría el gobierno mexicano a su firma de consultaría Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V.
Supuestamente, y según la demanda, la exfuncionaria federal hubiese percibido de 850 mil a 1 millón 700 mil dólares con esos contratos, pero su negocio no se concretó porque justo cuando estaba en tratos con el gobierno apareció el artículo de Estévez.
Por cierto que ese millón 700 mil dólares equivale a los 20 millones de pesos por un contrato que la empresa de Sota firmó con el gobierno de Peña Nieto en octubre de 2014, dos meses antes de presentar la demanda contra la periodista…
