Un reglamento casi clandestino, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal pero que nunca pasó por la Asamblea Legislativa ni se ventiló en los medios de comunicación, autoriza a la policía capitalina a utilizar la fuerza (incluso letal) contra quienes muestren “estado de agresividad” durante marchas o mítines. Sello y marca de los nuevos tiempos en la Ciudad de México, el reciente “protocolo de control de multitudes” ya fue aplicado notoriamente en las marchas de los pasados 10 de junio y 2 de octubre, cuando la fuerza pública hizo gala de brutalidad incluso contra la prensa, los defensores de los derechos humanos y hasta transeúntes que fortuitamente pasaban por ahí.
Para disolver protestas sociales la policía capitalina –con autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”, descripción ambigua que deja a la discrecionalidad de los mandos policiales la decisión de arremeter a golpes contra la multitud.
El instrumento que autoriza lo anterior es el Acuerdo 16/2013 por el cual se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (PCM) que, sin haber pasado por un proceso legislativo, fue expedido y publicado el pasado 25 de marzo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, el protocolo es en respuesta a los hechos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando la policía capitalina reprimió a manifestantes y realizó detenciones arbitrarias.
Considerada hasta hace poco un ejemplo nacional de las libertades y la tolerancia, a partir de la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno y en especial tras la expedición del PCM, la Ciudad de México acumula denuncias de actores sociales por espionaje político, arrestos arbitrarios y selectivos, acoso a manifestaciones pacíficas que derivan en enfrentamiento con brutalidad policiaca, así como agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas que intentan documentar la vulneración de garantías (Proceso 1927).
El jueves 10 más de un centenar de organizaciones sociales y otros tantos intelectuales, académicos y actores sociales –entre ellos el obispo de Saltillo, Raúl Vera López y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh)– fijaron su postura en favor del derecho de manifestación y consideraron que hay una “represión de Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades”.
Además exigieron una investigación y sanciones a toda la cadena de mando y la adopción de medidas de no repetición, entre ellas protocolos acordes con los principios del derecho fundamental.
Protocolo inconstitucional
Desde el pasado mayo integrantes del Frente Oriente denunciaron que la aplicación del PCM denotaba el talante autoritario del gobierno capitalino; hasta entonces, en dos marchas fueron objeto de agresiones y detenciones arbitrarias. En entrevista con este semanario describieron la actuación provocadora de la policía, denunciaron filtraciones de falsos expedientes a los medios para criminalizarlos y sentenciaron: “El Estado es el violento” (Proceso 1907).
El consejero Manuel Fuentes Muñiz, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), descalificó el PCM por considerarlo, más que un protocolo policiaco, un reglamento contra las manifestaciones que viola garantías constitucionales. Por esto él y otros abogados interpusieron una demanda de amparo.
Según Fuentes la reglamentación de las manifestaciones es un tema que ni la Asamblea Legislativa ha querido abordar, pero con el PCM se impone por “la puerta de atrás”, de manera ilegal.
Aunque desde sus considerandos el PCM dice estar fundamentado en diversas disposiciones en materia de derechos humanos, sus capítulos no dejan dudas sobre su objetivo: el “control de multitudes”.
Ya la titulación de los capítulos da una idea al respecto: Conducción de multitudes. Resguardo de instalaciones. Contención de multitudes. Restablecimiento del orden público. Liberación de vialidades. Operación en diligencias.
Es decir intervención en todo tipo de concentraciones masivas.
En la demanda de amparo interpuesta el pasado 10 de abril, Fuentes expuso diversos motivos de agravio, entre ellos la misma emisión del PCM, pues fue firmado por Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública, quien no está facultado para legislar.
Llama la atención el capítulo V del PCM, relativo a la contención de multitudes, que en caso de que los manifestantes muestren “estado de agresividad” remite al capítulo VI: restablecimiento del orden público.
En ese apartado Rodríguez Almeida autoriza a los policías capitalinos a usar armas de fuego o fuerza letal “cuando no sea posible disuadir la acción violenta”. Frente al delito inexistente de “acción violenta” la policía capitalina puede hacer uso de armas, algo que ninguna ley en ningún ámbito autoriza en el país.
En toda manifestación, dice Fuentes, hay gente inconforme, que grita consignas, reclama a autoridades al más alto nivel y exhibe pancartas de protesta que pueden considerarse “estado agresivo”.
“El PCM pretende restringir los derechos de reunión, de manifestación, de petición reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como derechos humanos, bajo la amenaza de que cuando se considere ‘agresiva’ una multitud, se permita hacer uso de armas de fuego contra ella”, apunta.
El PCM prevé también que puedan utilizarse “sustancias irritantes en aerosol”, lo cual, según Fuentes, tampoco se sostiene pues no se hizo ninguna consulta a la Secretaría de Salud ni a organismos de derechos humanos sobre su efecto, por ejemplo en un asmático que estuviera en el lugar.
En el octavo punto del Acuerdo se dice que para contener a una multitud pacífica y “evitar que se traslade de un lugar a otro o pase por un punto estratégico”, se deben coordinar diferentes instancias “para la identificación y vigilancia de las personas con actitud agresiva dentro de la multitud”.
Sigue: “Durante el evento, los comandantes y policías observarán e identificarán dentro de la multitud a las personas con actitud agresiva, a fin de informar al mando la situación que prevalece, y solicitarán las órdenes correspondientes.
“En los casos en que los directores generales y/o mando designado identifiquen alguna persona con actitud agresiva se dará la orden de ingresar al contingente, encauzando a las personas con actitud agresiva, separándolas de la multitud como medida de prevención para proteger su integridad personal y de sus bienes.”
Esto significa que los policías en campo serán quienes determinen qué es una actitud agresiva.
Fuentes cuestiona la expresión “actitud agresiva”, pues además de no estar definida jurídicamente contraviene el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, domicilio o posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad fundado y motivado en derecho.
El PCM no define “actitud agresiva” ni sus alcances ni existe ley que lo prevea.
“¿Podría considerarse una actitud agresiva una protesta en la cual, sin proferir insultos, los ciudadanos reclamen una respuesta en voz alta? ¿Podría dar pauta a que se tuviera como actitud agresiva la existencia de expresiones escritas exigiendo una respuesta gubernamental a una petición ciudadana de manera respetuosa? ¿Quién va a definir qué se considera ‘actitud agresiva’ si no existe disposición legal que lo prevea?”, cuestiona.
El martes 8, Fuentes denunció junto con los demás consejeros de la CDHDF que la salida de Luis González Placencia del organismo fue una venganza política, anunció el viernes 11 su candidatura a ómbudsman capitalino bajo protesta y ha criticado la actuación policiaca en la ciudad.
En entrevista con Proceso observa que no hay fundamento para ser separado de una multitud, lo cual implica una retención en su libertad personal, además de que “ingresar a una multitud” seguramente se hará con uso de la fuerza o de las sustancias irritantes en perjuicio de quienes se supone deberían proteger.
En síntesis, el PCM vulnera, dice, las garantías de competencia, audiencia, legalidad, libertad de la persona, seguridad y certidumbre jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y en tratados internacionales.
Estado gendarme
Desde que empezó su aplicación, el PCM no ha dado resultados en la generación de condiciones de seguridad para quienes protestan; al contrario, se acumulan casos de violaciones a los derechos humanos de manifestantes y de personas que están casualmente cerca de una manifestación, considera José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.
Durante 2013 las manifestaciones masivas en la Ciudad de México, en especial las del 10 de junio y 2 de octubre –conmemorativas, precisamente, de los peores hechos de represión en la ciudad– han dejado decenas de heridos y detenidos, la mayoría de los cuales han quedado en libertad pues no ha podido probarse que hayan cometido delitos (Proceso 1927).
Pero la violencia policial se ha enderezado también contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas que intentan documentar lo que ocurre en las manifestaciones.
El 2 de octubre, a 45 años de la matanza de Tlatelolco, entre las agresiones documentadas está la sufrida por cuatro integrantes del Centro Prodh, quienes pese a portar chalecos e identificaciones visibles fueron agredidos con brutalidad, como también ocurrió con al menos un integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Para Marroquín es evidente que ni siquiera las previsiones del PCM han funcionado, pues éste prevé intervenir con la fuerza sólo cuando haya hechos contrarios a derecho; pero se está interviniendo contra manifestantes o contra quienes nada tienen que ver con las marchas.
Coincide en que determinar la supuesta violencia o no es una facultad discrecional que se les ha dado a los policías, pero los responsables no pueden ser ellos, sino los mandos, y éstos, por otra parte, muestran cuando menos complacencia ante los excesos.
La organización Artículo 19 emitió el viernes 11 su informe trimestral donde afirma que de julio a septiembre de este año ocurrieron 67 agresiones a periodistas, más de 50 de ellas en el Distrito Federal, entre las que destacan seis detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas sociales.
Con 225 agresiones a la libertad de expresión en el país de enero a septiembre, 2013 es ya uno de los años más violentos contra la prensa, una estadística a la que ha contribuido ampliamente el Distrito Federal, que comparte con Baja California el segundo lugar de entidades más peligrosas para el gremio y apenas es superado por Veracruz, sin considerar los atropellos contra más de 50 reporteros cometidos el miércoles 2.
De manera insistente, Darío Ramírez, director de Artículo 19, ha llamado a las autoridades a establecer protocolos que garanticen el trabajo periodístico.
Para Marroquín hay una lógica policiaca que está imperando en el país: todos son delincuentes hasta que se demuestre lo contrario, y ahora esa visión se aplica a la protesta social.
“De fondo, hay una concepción en el gobierno capitalino sobre quienes se manifiestan: son proclives a la violencia o una posible fuente de crisis; son un problema y no personas que ejercen derechos. La autoridad siempre estará planteando la posibilidad de combatirlos, de contenerlos, sin matices.
“Es un Estado garrote para el que cualquier marcha implica violencia, destrucción y disturbios. Mientras lo vean así, seguirán usando violencia para evitar violencia”, concluye.
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