Los ochenta eran tiempos de “renovación moral” en el discurso presidencial pero también de oscuros pasajes de la narcopolítica que no acaban de ser revelados. Este semanario trataba de desentrañar las siniestras actividades de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS, implicado en dos asesinatos de alto perfil, los de Manuel Buendía y Enrique Camarena. Según fuentes estadunidenses aquel policía, a la postre juzgado y sentenciado por el primero de esos homicidios, controlaba a los capos del narcotráfico de la época (Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo), pero no lo hacía por cuenta propia… obedecía a alguien más.
Un alto funcionario estadunidense fue contundente en su aseveración: “(José Antonio) Zorrilla (Pérez) recibía dinero de la droga que luego repartía entre gente de alto nivel”. Era la mitad de la década de los ochenta y este semanario daba seguimiento puntual a las actividades de ese personaje, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en tiempos de los asesinatos del periodista Manuel Buendía y del agente estadunidense Enrique Camarena.
Las facilidades para que Zorrilla y sus agentes se mantuvieran impunes, así como las omisiones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron abordadas por Proceso.
En 1985, con base en información proporcionada al semanario por la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), se apuntaban ya diferentes aspectos sobre Zorrilla y la DFS, personaje e institución detrás de los cuales se entrelazaban andanzas y vínculos con el hampa.
Para la DEA “la estupidez de levantar, torturar y asesinar” a su agente, Enrique Camarena, puso al descubierto las operaciones del narcotráfico en México y la vinculación de altos funcionarios del gobierno mexicano.
Al efecto, la Segob y la PGR tuvieron conocimiento de las operaciones criminales en las que participaban agentes de la DFS bajo el mando de José Antonio Zorrilla Pérez, uno de los personajes clave para descifrar el tráfico de drogas en el país en los ochenta.
Fuera de la DFS, los antecedentes de Zorrilla pudieron provocar una sacudida “al sistema”, cuando el PRI lo hizo candidato a diputado federal; pero el partido dio marcha atrás y lo sustituyó a media campaña.
–¿Sería el primer narcodiputado? –preguntó el reportero de Proceso Fernando Ortega Pizarro al entonces director de la DEA en México, Edward Heath.
–Sí. Al principio quizá pensaron que no había problema y que así se le protegía con el fuero de diputado, pero se dieron cuenta de que tarde o temprano, unas dos o tres semanas antes de su nombramiento, es posible que le dieran un golpe por su relación con el narcotráfico y entonces el PRI quedaría muy mal. Todos se preguntarían quién lo nombró y por qué. Entonces tal vez le dijeron a Zorrilla que el sistema estaba en peligro y “mira, tú te vas y cuando pase el tiempo y todo se olvide, regresas” –respondió.
Esta información fue publicada en los números 448 y 449 de Proceso, del 2 y del 9 de junio de 1985, junto con otros datos que evidenciaron las omisiones de la Segob, dependencia encabezada entonces por Manuel Bartlett Díaz, ante quien Zorrilla respondía directamente.
Indicios
Espacio sucio del “sistema”, ese vocablo eufemístico indicativo de la hegemonía política, la DFS fue instrumento para el espionaje político, instancia represora del Estado, poder metaconstitucional que, desde su nacimiento en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, estuvo inmerso en el tráfico de drogas, como expuso en su libro La Cosa Nostra en México (Grijalbo, 2010) el corresponsal de Proceso en Nuevo León, Juan Alberto Cedillo.
Corrupto de origen, ese poderoso cuerpo quedó expuesto al concluir la titularidad de José Antonio Zorrilla. Para entonces Edward Heath revelaba: “No sólo autorizó credenciales de la DFS a los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo y a sus pistoleros para protegerlos de la acción de la justicia, sino que era beneficiario de los cuantiosos recursos de la droga, que repartía, como contacto, entre altos niveles ejecutivos”.
En la edición 448 de Proceso se informaba que la prensa internacional ya apuntaba las implicaciones de Zorrilla en el asesinato de Buendía: la revista The Progressive expuso en abril de 1985 que una de las teorías más fuertes de aquel crimen se relacionaba con dos encuentros entre el periodista y el entonces director de la DFS.
Buendía habría tenido el objetivo de confirmar los nombres de altos funcionarios gubernamentales implicados en el narco.
A mediados de los ochenta el gobierno estadunidense por conducto de sus agencias en México, específicamente en Guadalajara, aplicó la operación Padrino, con la cual pretendía combatir a las mafias de la droga.
Las organizaciones delictivas y quienes pertenecían a éstas en el gobierno podrían haber permanecido impunes, como hasta entonces, de no ser por la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, para que revelara los detalles de dicha operación.
A la DEA le resultaba llamativo que comandantes implicados en el tráfico de droga fueran destituidos pero no se les siguiera juicio.
Entre los mencionados estaban, por ejemplo, Francisco Sahagún Baca, identificado por la DEA con domicilio en Guadalajara y en un rancho michoacano, o los judiciales federales Alberto Arteaga García y Carlos Aceves Fernández.
Desde entonces la DEA consideraba que la razón por la cual seguían impunes era que se protegían unos a otros.
En la misma edición de este semanario se informó que los primeros indicios públicos de la vinculación de Zorrilla con el narco se dieron a finales de 1984, cuando tres agentes de la DFS fueron detenidos por la Policía Judicial Federal (PJF) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al intentar introducir al país un cuantioso cargamento de cocaína pura procedente de Colombia.
La vinculación de Zorrilla con el narcotráfico volvió a aparecer cuando agentes de la DFS fueron detenidos en el rancho El Búfalo, de Rafael Caro Quintero, quien, aprehendido poco después, dijo en una de sus declaraciones ministeriales que contaba con amigos y protección de la Federal de Seguridad.
Intocable
Designado titular de la DFS en el último año de gobierno de José López Portillo (1982), Zorrilla se mantuvo en el cargo tras la ratificación impulsada por el titular de la Segob delamadridista, Manuel Bartlett.
Sin embargo dejó la DFS para ser candidato priista a diputado federal; inició su campaña el 4 de marzo de 1985. Casi tres meses después, el 28 de mayo, el PRI retiró su candidatura y en su lugar quedó Germán Corona del Rosal.
Con el encabezado En aras de la renovación moral, el PRI retiró la candidatura de Zorrilla, y ya, Proceso dio cuenta de las condiciones en las cuales se suspendió su candidatura, a la que supuestamente había renunciado.
En un comunicado de prensa, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI informó: “En virtud de diversos hechos posteriores a la postulación del licenciado José Antonio Zorrilla Pérez, como candidato a diputado federal, han venido siendo discutidos por la opinión pública, en torno a la función que desarrolló antes de ser nominado, el PRI, sin prejuzgar sobre la citada actuación, ha tomado la decisión de aceptar la renuncia presentada por el candidato”.
Dos días después, el 30 de mayo, el dirigente nacional del PRI, Adolfo Lugo Verduzco, respondió a este semanario una pregunta sobre la cancelación de la candidatura y la relación que guardaba con la política de “renovación moral” impulsada por el entonces presidente Miguel de la Madrid:
“Lo que está haciendo el partido es respetar, justamente, la posición del presidente de la República, planteada en su campaña electoral, de avanzar hacia un fortalecimiento de la moral republicana. Lo que está haciendo el partido es lo que corresponde a una organización política; en este caso, se lo reitero, es retirar una candidatura y registrar otra, en obediencia, precisamente, a la renovación moral.”
El mismo reportaje exhibió la postura de la PGR, que tenía otra posición respecto a Zorrilla, y así lo manifestó en esos días: “No se iniciará ninguna investigación en su contra porque no existe denuncia alguna. Oficialmente no hay nada contra Zorrilla”.
Fuera de la DFS y sin cargo ni fuero, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Zorrilla fue intocable.
Según información publicada entonces, tres días después de perder la candidatura Zorrilla viajó a Madrid.
En la citada entrevista con el director de la DEA en México, éste aportó detalles, como que el exdirector de la DFS había viajado haciendo escala en Miami y que si se quería saber cómo pudo salir del país se debería preguntar al titular de la Segob. A la sazón, Manuel Bartlett.
Exoneración oficial
Más allá del personaje –a la postre procesado y sentenciado por el homicidio de Buendía–, el asesinato de Camarena hizo evidentes los alcances del narco y además provocó un cisma en el sistema tras la captura de los capos Caro Quintero, Fonseca y Félix Gallardo.
La maquinaria de Estado empezó a aplicar control de daños, pues tanto la DFS como la PJF estaban implicadas en el narco.
La embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado para desvirtuar el texto publicado en el número 448 de Proceso, originalmente conservando el anonimato de la fuente, es decir, Edward Heath. La furibunda respuesta de la sede diplomática, según difundieron columnistas de la época, atendió a las presiones de la Segob, identificando inclusive como responsable al propio Bartlett.
En esa misma edición, el semanario refutó a la embajada y dio a conocer las condiciones en las cuales se desarrolló el encuentro con Heath, en las instalaciones de la sede diplomática, con las preguntas y respuestas a detalle. Ni la embajada ni el director de la DEA en México desmintieron después lo publicado.
En la misma edición 449, Proceso difundió un informe de la Segob en el cual aportaba elementos sobre las medidas adoptadas en la DFS así como una especie de exoneración a Zorrilla: “La PGR ha declarado que a la fecha no existe denuncia alguna en contra de esta persona (Zorrilla). Naturalmente, si de las investigaciones que se realizan surgieran elementos que hicieran presumir alguna responsabilidad, se actuará conforme a derecho”.
Añadía: “En todo caso, aun sin existir pruebas o elementos fundados para presumir la responsabilidad penal del exdirector (de la DFS), los hechos arriba referidos acreditan que le es imputable ineficiencia administrativa, habida cuenta de que ejerció un deficiente control sobre la acción de los comandantes y los agentes a que se ha hecho referencia y que permitió el ingreso de agentes que no reunían requisitos básicos para hacerse cargo del servicio de funciones que les correspondía”.
Según el citado informe había tres agentes en prisión, dos investigados por la Contraloría por “enriquecimiento inexplicable”, tres sujetos a investigación penal, se había removido a los subdirectores de la DFS y 427 agentes de dicha instancia estaban cesados. Además 19 delegados en las entidades fueron despedidos.
En aquel tiempo –según una estimación del Washington Post publicada el 26 de mayo–, durante el periodo en el cual Zorrilla estuvo al frente de la DFS tuvo a su cargo a 2 mil 200 agentes. La nómina oficial jamás se hizo pública.
El informe de la Segob incluyó otros aspectos. Por ejemplo, se aseguraba que las credenciales de la DFS encontradas en poder de Caro Quintero y sus socios no aparecieron registradas en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad; que dos agentes, Eliseo Soto y Rafael Velasco, estaban presos por proteger a Ernesto Fonseca, así como el agente Ignacio Araiza, quien custodiaba el rancho El Búfalo.
El mismo informe advertía que desde las detenciones de Caro Quintero y Fonseca (aún no capturaban a Félix Gallardo) se habían generado imputaciones y acusaciones contra el personal de la DFS, por lo que la Segob consideró deseable “ofrecer un informe integrado y claro” para “enterar cabalmente a la opinión pública”.
Sólo se implicó a agentes de campo en las causas penales. Lo anterior fue subrayado por Heath, quien señalaba que para la DEA en México ni Caro Quintero ni Fonseca eran los verdaderos jefes del narcotráfico, sino otros ubicados en las esferas políticas; y había temor de las autoridades mexicanas para investigar a fondo el problema del narcotráfico.
Dicha declaración jamás fue desmentida por la DEA, la fuente citada ni por la embajada de Estados Unidos.
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