Por: Ivonne Acuña Murillo
Twitter: @ivonneam
Las multitudinarias manifestaciones de maestros en los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca responden no sólo a la inminencia de una reforma educativa, diseñada a nivel federal, sino a un conjunto más amplio de factores que hacen de éste un problema sumamente complejo. Entre ellos, destaca una lógica corporativa jerárquicamente construida que permitió a la dirigencia del SNTE, en especial a su lideresa Elba Esther Gordillo, hacer del sindicato y sus afiliados no sólo una fuente inagotable de recursos económicos sino un instrumento político capaz de incidir en los resultados electorales y, sobre todo, en la dirección que debía seguir la “educación” en el país. Esto supuso un manejo clientelar de las plazas; la incorporación al sindicato de miles de personas no capacitadas para dar clases y que nunca han pisado un aula por encontrarse siempre “en comisión”; el desvío de los recursos destinados a cubrir las necesidades de los alumnos, docentes e instalaciones; la falta de capacitación y actualización de las y los maestros que sí están frente a grupo; el uso político de la fuerza social de éstos, etc. Todo lo anterior en perjuicio del nivel educativo de cientos de miles de infantes.
Se podría argumentar que los profesores mismos han abonado al bajo nivel educativo de sus estudiantes al prestarse a los manejos de Elba Esther (y cómplices) y a sus múltiples y reiterados paros de labores; sin embargo, hay que recordar que justo en los estados mencionados se gestó un movimiento de rechazo a la dirigencia magisterial y que tomó cuerpo en la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyas protestas y denuncias no fueron tomadas en cuenta.
Pero la corrupción sindical y la protección que algunos presidentes de la República dieron a Gordillo, en perjuicio de la educación en México, no son suficientes para explicar la toma de carreteras, los bloqueos, las protestas públicas. En este caso hay que preguntarse ¿qué más hay detrás de una respuesta tan apremiante?
Los maestros afirman que su lucha está motivada no sólo por la exigencia de una evaluación adecuada a sus conocimientos y capacidad, muy ligados ambos a problemáticas regionales específicas que no pueden ser medidas a partir de una prueba estandarizada, por mantener sus puestos de trabajo y, de manera especial, por evitar la privatización de la educación pública. Desde el gobierno federal se ha asegurado a la sociedad que la reforma no va encaminada a despedir a los profesores y mucho menos a poner la educación en manos de particulares sino a elevar el nivel educativo de los menores. Sin embargo, a pesar de las aclaraciones hechas por los funcionarios públicos es un hecho que en México, como en muchas otras partes del mundo, se han puesto en marcha, desde sexenios anteriores, proyectos privatizadores a todos los niveles, reformas que precarizan la condición del empleo, que presionan por la desaparición de derechos laborales y el debilitamiento de los sindicatos, además de aumentar el desempleo.
En este contexto, los maestros dirán “si ves la barba de tu vecino cortar pon la tuya a remojar”, por lo que no parecen dispuestos a dejar pasar una reforma que puede traducirse en paro y pérdida de derechos y para la cual no fueron consultados, omisión que puede calificarse como parte de una tradición antidemocrática al ser ellos uno de los actores principales.
Visto así, las medidas de corte neoliberal que se han tomado en la mayor parte del mundo ponen en alerta a los integrantes del magisterio para reorganizarse y formar frentes de lucha para resistir estos embates. Entre ellos se encuentran: la muy conocida sección 22 del estado de Oaxaca, el recientemente formado Movimiento Popular de Guerrero, en el que se unen maestros y normalistas, la CETEG, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección XVIII en Michoacán, la sección 7 del SNTE adherida al Bloque Democrático en Chiapas, algunas policías comunitarias y los grupos que puedan sumarse con las mismas u otras demandas.
Todo lo anterior complica un problema de por si complejo, la reforma educativa, para llevarlo a un nivel de tensión mucho mayor. En este sentido, es de llamar la atención la estrategia seguida por el gobierno federal en coordinación con las fuerzas estatales para evitar enfrentamientos violentos y una represión sin precedentes, basta ver a los policías federales armados sólo con sus escudos y organizados, casi de manera militar, no sólo para resistir sino para desalojar a los profesores disidentes de las vías federales de comunicación sin soltar un sólo tiro. Los fantasmas del ’68 y de Atenco están presentes como una advertencia de que “el pueblo no olvida ni perdona a los gobiernos represores”.
Esto no implica que no pueda salirse todo de control, sobre todo ante la respuesta de los integrantes del magisterio que llevados por la necesidad, la desesperación, el miedo o el valor no dejan de “dar razones” para que, con la ley en la mano, se les encarcele, persiga o reprima. El cierre de carreteras, la agresión con piedras y palos a los policías federales, la destrucción de la malla ciclónica en la toma de la Autopista del Sol, la obstrucción de oficinas de gobierno, etc., son interpretadas no como acciones defensivas sino como provocaciones que además podrían dar paso a la infiltración de “provocadores” y “reventadores” que, como es tradición, aumentarían la percepción de acuerdo con la cual, los integrantes del magisterio son violentos, incultos y nocivos. En este marco, la magnificación de sus acciones por parte de los medios de comunicación, en especial las dos televisoras más importantes que por años han abonado a la construcción de una imagen negativa del magisterio disidente, cierra la pinza para que la sociedad misma pida una respuesta violenta en su contra.
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