Una investigación basada en los documentos y declaraciones ministeriales del testigo protegido Jennifer apunta a que la exprocuradora Marisela Morales fue la responsable de las falsas declaraciones ministeriales contra el que fuera zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano. Este semanario tuvo acceso a información pormenorizada –y verificada– de su historial como informante a modo. Jennifer ahora es la clave para conocer el desastre que fue la administración de Felipe Calderón en materia de justicia y combate al narcotráfico. A otro procurador calderonista, Eduardo Medina Mora, le tembló la mano para “limpiar” la PGR.
A Roberto López Nájera le falta un dedo, contactó al FBI a través de internet y tiene asignada la clave de testigo protegido Jennifer, que ahora nombra el desastre que fue el sexenio de Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico.
López Nájera se decía abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y colaborador de Arturo Beltrán Leyva. Sergio Villarreal Barragán, El Grande, operador de los Beltrán Leyva, afirmó en una declaración ministerial que López Nájera era conocido en la organización como El 19 y afirmaba estar casado con una hija del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Y uno de los acusados en la Operación Limpieza, que nunca fue detenido, reveló que López Nájera era un abogado de Acapulco, Guerrero, bajo de estatura y moreno, al que contactó tras un ataque sexual contra un familiar.
La historia del polémico acusador y la del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, se empezaron a entrecruzar en 2007.
El 20 de septiembre de ese año el procurador general Eduardo Medina Mora y Ramírez Mandujano fueron advertidos de que los Beltrán Leyva habían infiltrado a la SIEDO cuando se encontraban en la XIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Jiutepec, Morelos.
Por entonces otra protagonista del escándalo, Marisela Morales, estaba fuera de la PGR. Su último cargo era el de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, que desempeñó de mayo a diciembre de 2005, en el sexenio de Vicente Fox.
A Morales se le vinculaba con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, con quien incluso se afirma que procreó un hijo. El general De la Concha renunció en abril de 2005 y fue enviado como agregado a la embajada de México en Italia.
Pero en aquel septiembre de 2007 un agente del programa Resolución 6 del FBI, adscrito a la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en la embajada de su país en México y quien usaba el nombre de “Juan de Jesús”, buscó a Mario Arzave Trujillo, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO. Le dijo que se había comunicado por internet con un informante relacionado con los Beltrán Leyva, en aquel tiempo socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Era Roberto López Nájera.
El hombre del FBI dijo que si la SIEDO le mandaba fotos de su personal, dicho informante podía reconocer a los exmilitares y exgafes (miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE) que estaban pasándole información a los narcos.
Arzave le transmitió la propuesta a Ramírez Mandujano y éste pidió que el estadunidense se la planteara directamente a Medina Mora. Sin indagar más, el procurador ordenó que las fotografías se enviaran enseguida.
Ramírez Mandujano le encargó la tarea al ingeniero Miguel Ángel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO. Minutos después, el agente del FBI recibió las fotos del personal de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Técnica de la SIEDO, encabezada por el capitán Fernando Rivera Hernández.
En respuesta, López Nájera dijo reconocer plenamente al propio Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como los que informaban a los Beltrán Leyva de los operativos en su contra. Añadió que en los días siguientes se reunirían con Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos. Medina Mora ordenó que el ingeniero Colorado González espiara a los tres elementos señalados para corroborar el señalamiento.
Aunque Colorado era el jefe del capitán Rivera Hernández, éste no se le subordinaba ni le informaba nada; argumentaba que él era el enlace de la PGR con el grupo de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la información podía fugarse.
Medina Mora se quejaba con sus subordinados de que no podía cambiar esa forma de operar, ya que estaba enfrentado con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y si también chocaba con la Sedena, “entre ambos lo harían pedazos”.
El procurador tuvo que pedir la autorización del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa, para investigar a los militares imputados. El secretario dijo que si se comprobaba el dicho del informante, se actuaría conforme a derecho.
Sin embargo, el capitán Rivera Hernández se dio cuenta de que lo seguían y utilizó a la guardia para amenazar al personal de Colorado. Esto se le informó a Medina Mora.
Ramírez Mandujano le pidió al procurador que cambiara de área a los militares sospechosos para que dejaran de filtrar información mientras se les investigaba. Medina Mora le prometió trasladarlos al área de trata de personas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia (Cenapi), donde no tendrían información relacionada con el narcotráfico, pero ese cambio nunca se realizó.
Medina Mora ordenó que a todo el personal de la Coordinación Técnica, incluyendo al capitán Rivera Hernández, se le aplicara la prueba del polígrafo en el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano de la PGR. Debían incluirse preguntas específicas sobre la filtración de información a organizaciones criminales.
La mayoría del personal obtuvo malos resultados. El ingeniero Colorado González salió “bien” y al capitán Rivera Hernández se le hicieron “observaciones”. Milton Cilia salió “mal” y a Roberto García García no se le aplicó la prueba en ese momento.
Finalmente el procurador no dispuso ningún cambio; no quiso enfrentarse con la Sedena.
Iniciativa estadunidense
En junio de 2008, nueve meses después de que Jennifer debutara como colaborador de la PGR, la DEA enteró a Medina Mora de que un individuo llamado Alberto Pérez Guerrero, que había trabajado en la Interpol, les estaba filtrando datos a los Beltrán Leyva desde la embajada de Estados Unidos en México. Era otro soplo de López Nájera.
El director regional de la DEA en la representación diplomática, David Gaddis, propuso a las autoridades mexicanas realizar una investigación conjunta, por lo que Medina Mora no tuvo pretextos. Ya tenía justificación para actuar contra los intocables de la SIEDO.
Desde el 1 de mayo anterior, Marisela Morales había vuelto a la PGR tras dos años y medio de ausencia. Medina Mora la nombró jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, el área a donde había pensado trasladar a los exgafes.
En acuerdo con la autoridad mexicana, la DEA llevó a López Nájera y a Pérez Guerrero a Washington. Medina Mora envió a Marisela Morales a la agregaduría legal de la PGR en la capital estadunidense para que el 2 de julio tomara la primera declaración ministerial de ambos. Ahí se asignó a Roberto Lópéz Nájera la clave Jennifer y a Pérez Guerrero la de Felipe.
El segundo, quien había trabajado en la Interpol y la AFI bajo las órdenes de Genaro García Luna antes de ser recomendado a la embajada de Estados Unidos, admitió su culpabilidad y denunció a Rivera Hernández, Cilia Pérez y García García. También acusó a Mario Arturo Velarde, secretario particular de García Luna de 2002 a 2007; a José Antonio Cueto López, exfuncionario de la PGR al que también López Nájera señaló como pieza clave en la supuesta red de corrupción, y a Rodolfo de la Guardia, primo de Cueto López y director de Despliegue Regional de la AFI en los tiempos de García Luna.
Velarde, el secretario particular de García Luna, fue ascendido. De enero a octubre de 2007 fue director de Enlace Externo de Interpol en la AFI, y del 1 de octubre de ese año a noviembre de 2008 fue director general de la Coordinación de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Pese a que las imputaciones en su contra fueron hechas en junio de 2008, Velarde no fue llamado a declarar sino hasta octubre y la PGR no le giró orden de arraigo ni de detención. A las pocas semanas renunció a su cargo en la SSP. Varios de sus amigos señalaron off the record que Velarde y altos mandos de la AFI estaban involucrados con el narcotráfico.
De la Guardia fue detenido en noviembre del mismo año. García Luna se comprometió personalmente a que recobraría su libertad, y fue absuelto en enero pasado.
Cueto López nunca fue detenido pese a que se encontraba en la Ciudad de México. Esta reportera lo entrevistó ampliamente en 2009. Afirmó que era inocente, dijo que la Operación Limpieza era una mentira y que Roberto García García había amenazado a su esposa para obligarlo a declarar y acogerse al programa de testigos protegidos. Pese a que era uno de los principales objetivos de la Operación Limpieza, Cueto López se movió con total libertad y nunca se le giró una orden de aprehensión.
La fabricación
Tras la declaración del 2 de julio, el día 11 Marisela Morales tomó la ampliación de declaración de Jennifer y Felipe. Volvieron a mencionar a los mismos funcionarios de la ocasión anterior. Entonces se programó una nueva ampliación para el 28 de julio de 2008, ya con los elementos que sirvieron para imputar falsamente a Ramírez Mandujano.
El día que Marisela Morales fue nombrada titular de la SIEDO (1 de agosto), esta dependencia tomó la declaración de Rivera Hernández, quien confesó que se había reunido con el testigo Jennifer y que le había ofrecido dinero. En vez de ser procesados, Rivera Hernández, Cilia Pérez y García García se integraron al programa de testigos protegidos de la PGR. Se les asignaron respectivamente las claves Moisés, David y Saúl. Su principal beneficio fue la impunidad.
El 4 de agosto, ya como testigo colaborador, Moisés cambió su declaración y añadió que había visto al ingeniero Miguel Colorado en un restaurante donde se había encontrado con un operador de Beltrán Leyva. Pudo ser su venganza porque Colorado encabezó las investigaciones contra él en 2007.
Así empezaba a involucrar indirectamente al jefe de Colorado, Ramírez Mandujano, que en septiembre de 2008 fue nombrado agregado de la PGR en la embajada de México en Austria.
El 12 de agosto la PGR había informado que Miguel Ángel Colorado González, Antonio Mejía Robles, Jorge Alberto Zavala Segovia, Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García estaban bajo arraigo por filtrar información a “personas no autorizadas”
Poco después, el 26 de septiembre y el 25 de octubre, Jennifer agregó elementos ya inverosímiles a sus declaraciones. Terminó por afirmar que le había entregado un soborno de 450 mil dólares a Ramírez Mandujano a finales de 2006 en el restaurante Guadiana, en el Estado de México, y que él había visto cómo, en septiembre de 2007, un tal “R” le había entregado en el Champs Elysées una maleta con igual cantidad de dinero al mismo funcionario.
Para darle credibilidad a las repentinas acusaciones de López Nájera, que no tenían relación con lo dicho al agente del FBI en septiembre de 2007, la SIEDO –ya bajo el mando de Marisela Morales– recurrió a un argumento retorcido. Se lee en la declaración de Jennifer:
“—¿Que diga el testigo por qué desde la primera vez que declaró en el presente asunto no hace mención de la participación de Noé Ramírez Mandujano en los hechos que se investigan?
“—El declarante empezó a declarar, entre otros, sobre Alberto Pérez Guerrero y Fernando Rivera, además un testigo puede hacer varias declaraciones sobre datos que tenga y hacer precisiones de la misma, como en esta declaración, que no hay impedimento legal alguno que se lo prohíba, además de que cuando el declarante empezó a colaborar todavía Noé Ramírez Mandujano era el subprocurador de la SIEDO, luego entonces cómo iba a declarar en contra de éste si todavía tenía poder y temía por mi vida, si así yo tenía comprada a la SIEDO, otros seguro también la tenían.”
Premio de mentira
En noviembre de 2008 Ramírez Mandujano fue citado a México para declarar. Al presentarse fue arraigado, supuestamente porque existían suficientes pruebas contra él. Entre más se resaltaban los fabricados vínculos del extitular de la SIEDO con el crimen organizado, menos atención recibía el caso de los exgafes corruptos.
En septiembre de 2009 Medina Mora renunció a la PGR y se fue al Reino Unido como embajador. Lo sustituyó en la PGR Arturo Chávez Chávez. Y con Morales en la SIEDO seguían multiplicándose las declaraciones contra Ramírez Mandujano.
El 7 de marzo de 2011 Marisela Morales llegó a la cúspide: asumió el cargo de procuradora general. Al día siguiente, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton le otorgó el Premio al Valor de la Mujer por haber logrado llevar ante la justicia a varios de los “criminales más peligrosos de México”, luchar contra la corrupción y crear el primer “programa federal de testigos protegidos”.
Morales siguió exprimiendo a Jennifer. La última cacería orquestada con su participación se inició en mayo de 2012, esta vez contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna. El testigo los acusó de trabajar para los Beltrán Leyva, pero en la mayoría de los casos no existe más prueba que su dicho.
Supuestamente el caso se basó en declaraciones que Jennifer realizó desde 2010 y en señalamientos que hizo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, también como testigo protegido, con la clave Mateo. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, declaró ante el juez que todos ellos fueron presionados y amenazados por la PGR para declarar contra los militares (Proceso 1881).
Tanto Ramírez Mandujano como el general Ángeles Dauahare fueron absueltos y liberados la semana pasada. El juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, absolvió a Ramírez Mandujano el lunes 15 y por primera vez en un caso de este tipo giró un oficio a la PGR para que se investigue la fabricación de declaraciones y se sancione a los responsables.
De acuerdo con los documentos con que cuenta Proceso y la cronología de los hechos, la exprocuradora Marisela Morales fue pieza clave en la fabricación de los casos. La mayoría de las declaraciones falsas de Jennifer se realizaron cuando ella encabezaba la SIEDO, es decir que encabezaba directamente la investigación.
Después de cuatro años detenido, el ingeniero Miguel Colorado sigue bajo proceso en prisión, igual que otros funcionarios menores de la PGR. Cuando aún la dirigía Morales, esta dependencia le cambió a Fernando Rivera Hernández el estatus de testigo protegido y actualmente sigue bajo proceso judicial en un penal de Sonora. Hace unas semanas también él declaró que fue presionado por la SIEDO para inculpar a los militares.
Cilia Pérez, García García y Alberto Pérez Guerrero, tres de los funcionarios acusados con los que arrancó la Operación Limpieza y reconocieron su culpabilidad, nunca pisaron la cárcel. Gozan de impunidad y libertad gracias al programa de testigos protegidos de la SIEDO.
Al revisar el juicio contra Ramírez Mandujano afloró el dato de que Pérez Guerrero ya no está en prisión, pues no aparece su nombre en los registros de las cortes ni en las prisiones de Estados Unidos.
Jennifer se encuentra refugiado en aquel país, bajo el resguardo de la DEA. En recientes diligencias vinculadas al caso de los militares acusados junto con el general Ángeles Dauahare, la PGR encabezada por Jesús Murillo Karam comunicó que no puede presentarlo por falta de personal.
Al concluir el gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales buscó empleo en el gobierno de Estados Unidos. La respuesta fue que ni siquiera sabe hablar inglés, no hay nada para ella.
Medina Mora es el embajador de México en Estados Unidos, país con el que el jueves 18 Enrique Peña Nieto firmó una nueva etapa del Plan Mérida, justo el contexto que permitió a los gobiernos de los dos países ensuciarse con la Operación Limpieza.
Fuentes de los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos, que hablaron con Proceso bajo la estricta condición del anonimato, revelan que “hay preocupación y nerviosismo” en los mandos de la Administración Federal Antidrogas, toda vez que “fue la DEA quien reclutó como informante a Jennifer y fue la DEA la que insistió al gobierno de México en que este hombre tenía información detallada y veraz sobre la infiltración del narcotráfico en la PGR”, comenta la fuente mexicana.
“Es lógico que haya mucha inquietud dentro de la DEA; fue un error de ellos el venderle a México a un informante sin mucha credibilidad. Es en la DEA en quien debe recaer gran parte de la responsabilidad de este grave error”, apunta por su parte la fuente estadunidense.
Los funcionarios consultados destacan otro aspecto y a un actor que ha pasado inadvertido en el escándalo desatado por la Operación Limpieza de la PGR. Se trata de “Óscar Rocha, el exencargado de asuntos internacionales en la PGR, quien atendió personalmente la recepción, proceso y análisis de la información proporcionada por Jennifer. Rocha es técnicamente el arquitecto o creador de la Operación Limpieza; él es una pieza clave para aclarar el escándalo, si es que el gobierno de México tiene voluntad de hacerlo”, subraya una de las fuentes.
Rocha es actualmente director de Prevención de Fraudes y Pérdidas de Wal-Mart México.
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