Mineros recuerdan a compañeros muertos durante desalojo en 2006

En Michoacán, condenan represión, defienden autonomía sindical y exigen respeto a sus derechos

Desde Canadá, Gómez Urrutia arremete contra el gobierno federal; destaca respaldo nacional y extranjero

Cientos de integrantes de la sección 271 del Sindicato Nacional Minero de Michoacán, ayer durante una asamblea en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, para recordar a dos compañeros fallecidos tras un desalojo por policías federales en abril de 2006Foto La Jornada Michoacán

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 21 de abril de 2013, p. 27

Morelia, Mich., 20 de abril.

Cientos de afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana marcharon en ciudad Lázaro Cárdenas para recordar a sus dos compañeros caídos el 20 de abril de 2006, cuando elementos de la Policía Federal los desalojaron de la entonces empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa).

A las nueve horas los trabajadores se reunieron en el auditorio del sindicato, ubicado en la cabecera de ese municipio costero, y después marcharon sobre la avenida Lázaro Cárdenas hasta el Monumento al Minero, donde celebraron un mitin.

Mario García Ortiz, dirigente estatal de este gremio, afirmó que la muerte de sus compañeros Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo no fue en vano, aunque hasta la fecha no hay detenidos por el asesinato y sí ha continuado la persecución contra su líder nacional, Napoleón Gómez Urrutia.

En el contexto de esta conmemoración, los mineros de la ahora llamada empresa Arcelor Mittal sostuvieron un encuentro con sindicalistas nacionales y extranjeros en el que ratificaron la unánime condena a la represión del gobierno, y defendieron la autonomía sindical y el respeto a los derechos de los trabajadores. Al acto luctuoso acudieron mineros de Estados Unidos, Inglaterra y Perú.

Desde Canadá, en videoconferencia, Napoleón Gómez Urrutia recriminó al gobierno federal priísta seguir conduciéndose como las administraciones panistas, mientras la solidaridad nacional e internacional continnúa extendiendo en favor de los mineros. Se dirigió a los agremiados de la sección 271 y a representantes de otras secciones del país, en el séptimo aniversario luctuoso de sus dos compañeros ultimados.

Gómez Urrutia se refirió al pronunciamiento en Coahuila del secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en el que lo desconoció como dirigente nacional de los mineros: Viola el convenio internacional que el gobierno de México tiene firmado desde hace más de 70 años ante la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la libertad de organización y de los trabajadores, subrayó.

“Con seguridad fue para quedar bien con los empresarios, pero los sindicatos son de los trabajadores y son para defender los derechos laborales, y sus decisiones son de los que lo integran, no de las empresas ni de sus gobiernos. No deja de ser irónico, apuntó el dirigente exiliado en Canadá desde hace más de siete años, que mientras los mineros mexicanos tienen reconocimiento mundial, no pueden tener cordialidad con el gobierno del país, que parece defender caprichos de unos empresarios miserables.

En su turno, Ricardo Juárez Visa, secretario de la Federación de Mineros del Perú, comentó que la ley de su país y la de México son distintas pero igualesen torno a la actitud con los trabajadores, por lo que se requiere la solidaridad internacional de los trabajadores.

El jueves negro

Hace siete años los patios de la entrada de Sicartsa y la avenida de enfrente se convirtieron en un campo de batalla. Dos mineros murieron y 41 resultaron lesionados, dos de gravedad, tras el desalojo violento por 800 policías federales y estatales contra aproximadamente 500 trabajadores que se encontraban en huelga desde el 2 de abril.

Durante la trifulca fueron incendiados el edificio Monarca, donde se archivaba la información administrativa de la empresa y unos 30 vehículos, así como autos particulares, además de tractores gigantescos transportadores de mineral que utilizaron los trabajadores para replegar a los policías.

Tras este acto represivo y ante el rechazo del gobierno estatal, el Grupo Villacero vendió Sicartsa a empresarios de India, que ahora son los dueños de Arcelor Mittal.