Foto: Cuartoscuro.
De las 99 personas que fueron sometidas a “detención arbitraria” durante los disturbios del pasado 1 de diciembre en el Centro Histórico, al menos seis fueron víctimas de “tortura” por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), quienes, ya teniendo “bajo custodia” a los agraviados, emprendieron en su contra golpizas tumultuarias, aplicación de descargas eléctricas e, incluso, agresiones de índole sexual.
Así fue determinado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organismo que, en su recomendación 7/2013 –emitida el pasado 10 de abril–, incluye una descripción puntual de los abusos físicos cometidos por la policía capitalina durante la refriega del 1 de diciembre, suscitada en el marco de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, y que arrojó 18 víctimas de “uso de la fuerza excesivo, no racional y desproporcionado” por parte de la policía, así como seis que, por la “brutalidad” aplicada, se les consideró como víctimas de “tortura”.
Doscientos golpes
El primer caso de tortura destacado por la CDHDF es el del joven Marcos Uriel Polo Guzmán, a quien, durante la refriega del pasado 1 de diciembre en la Alameda, un grupo de vigilantes de negocios de avenida Juárez empujó contra un contingente de policías, los cuales, tras detenerlo, lo sostuvieron del cuello para que permaneciera en pie mientras lo golpeaban, para después tirarlo al suelo, patearlo, arrastrarlo 50 metros y golpearlo, nuevamente “de manera colectiva”, hasta que “se desvanece en el suelo”.
Según los dictámenes médicos elaborados por especialistas de la CDHDF, Marcos Uriel recibió más de 200 golpes en rostro, cuello, hombros, brazos, piernas, glúteos y tórax, propinados por “un número considerable de policías”.
Aunque este joven fue luego trasladado en una patrulla a la agencia 50 del Ministerio Público, en la colonia Doctores, antes de llegar a estas instalaciones judiciales fue liberado por el policía que conducía el vehículo oficial, no sin que antes le advirtiera que “si te vuelvo a ver por acá, ahora sí, no vamos a perdonártela”.
La golpiza tumultuaria que los policías propinaron a este joven, después de haber sido detenido, fue documentada por la CDHDF a través de este video.
“Ahí te encargo”
El segundo caso de tortura documentado por el ombudsman capitalino es el de Alejandro Lugo, un joven que fue extraído de un estacionamiento público, a un costado del Monumento a la Revolución, por una veintena de granaderos que, en dos ocasiones, lo tiraron al suelo para golpearlo colectivamente.
Durante la segunda tanda de golpes, señala la CDHDF, este joven fue sujetado de los brazos y el cabello, mientras, al grito de “ahí te encargo”, un granadero introdujo las manos bajo su pantalón y ropa interior, para golpear sus genitales, así como para cometer “agresiones de orden sexual”.
Estos son los cuatro policías que presentaron a Alejandro Lugo –junto con otros 57 detenidos– ante el Ministerio Público, y que se atribuyeron su aprehensión:
- Simón Beltrán Olivares (Grupo Especial de la Policía Metropolitana, SSP)
- Ángel Moreno Díaz (Grupo Especial de la Policía Metropolitana, SSP)
- Rosalba Hernández Páez (Unidad de Protección Ciudadana Asturias, SSP)
- Olga Lidia Santana Meza (Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, SSP)
Descargas eléctricas
La Comisión de Derechos Humanos del DF comprobó que en al menos tres aprehensiones ocurridas a raíz de los disturbios del 1 de diciembre, los policías de la SSP emplearon equipo para descargas eléctricas contra los detenidos, una vez que fueron introducidos en vehículos oficiales.
Es el caso de Víctor Aguilar y Alejandro Cortés, quienes fueron arrestados a las 19:30 horas en las cercanías de la Agencia 50 del MP, a donde se habían trasladado para protestar por las detenciones realizadas en el Centro de la ciudad.
La recomendación de la CDHDF destaca que “a ambos agraviados se les aplicó dos sesiones de choques eléctricos en la parte interna de los muslos”, lo cual representa “una conducta del todo ilegal”, no sólo por el abuso físico cometido contra los detenidos, sino porque demuestra que, de forma premeditada, los agentes participantes en esta captura se apertrecharon con equipo que genera descargas, mismo que “no se encuentra permitido por la normatividad”.
Los policías que se atribuyeron la captura de estos dos jóvenes son:
- José Refugio Santibáñez Palacios (Unidad de Protección Ciudadana Asturias, SSP)
- José Luis Anguiano Aguilar (Unidad de Protección Ciudadana Asturias, SSP)
A Xoco
El quinto caso de tortura fue perpetrado en contra del señor Víctor Gilberto Corona, joven golpeado de forma tumultuaria por policías, quienes le causaron lesiones de tal gravedad (en cara, brazos, rodilla, tórax y piernas) que en vez de ser llevado por sus captores ante el Ministerio Público, fue conducido al Hospital Xoco.
Resultado de la golpiza recibida, una vez que había sido asegurado por los uniformados de la SSP, Víctor presentó una fisura en el brazo derecho con esguince de codo.
Pese a dicha lesión, durante el traslado al hospital Víctor fue arrojado, dentro de un vehículo policial, sobre otros dos detenidos, y encima de ellos se subió un agente, el cual, durante todo el trayecto, se dedicó a golpear a Víctor en el brazo herido y en la espalda.
¿Peje o Peña?
El sexto joven torturado por la policía el 1 de diciembre, tal como constató la Comisión de Derechos Humanos capitalina, es Bryan Reyes, a quien, cuando era subido en una patrulla le aplicaron descargas eléctricas en la parte izquierda de la cadera.
La recomendación destaca que, antes de llegar a la instancia ministerial, los policías que lo trasladaban se estacionaron, lo bajaron del vehículo oficial y lo desnudaron totalmente, para después tomarle fotografías con un teléfono celular, “mientras se burlaban de él, diciéndole: ‘¿A poco sí crees en el Peje? Si ya ganó Peña, ya te chingaste, vas a valer madres”.
Bryan Reyes, Víctor Aguilar y Alejandro Cortés, concluyó la CDHDF, sufrieron “golpes y descargas eléctricas con la intención de causarles sufrimiento físico y someterlos, de antemano, a castigo y degradación”.
A la espera
La recomendación 7/2013 destaca que la tortura no sólo representa una violación a los derechos humanos, principalmente el derecho a la integridad personal, sino también un delito considerado “grave” por el Código Penal del DF.
Por ello, el organismo defensor de los derechos humanos demandó a las autoridades capitalinas emprender una averiguación penal a través de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, contra los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública cuyo proceder pudiera ser considerado constitutivo de delito.
Hasta este momento, sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal no ha definido si aceptará o rechazará la recomendación 7/2013 del ombudsman local.
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