La policía comunitaria en Huamuxtitlán, Guerrero.
Foto: Xinhua / Prometeo Lucero
Foto: Xinhua / Prometeo Lucero
TIXTLA, Gro. (apro)-. “Los policías y sicarios andan armados, ¿por qué nosotros no vamos a andar armados si ya estamos cansados de tanta delincuencia y corrupción?”, expresó el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón, frente a autoridades civiles y militares que exigieron a policías comunitarios no salir de su comunidad portando armas.
Previamente, un centenar de policías comunitarios armados con escopetas, habitantes del poblado y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, encabezados por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, marcharon y se manifestaron frente a la sede del ayuntamiento.
Los inconformes buscaron demostrar que este grupo armado no reconocido por las autoridades forma parte del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los manifestantes también demandaron información sobre la inversión asignada en materia de programas sociales y obra pública.
La inusual movilización provocó zozobra entre los tixtlecos, así como un despliegue policiaco-militar donde participaron más de 300 soldados del 41 Batallón de Infantería y policías federales, estatales y municipales, quienes “por consigna” del gobernador Ángel Aguirre intentaron detener a Arturo Campos, un activista ligado a la defensa de los sobrevivientes de la masacre de El Charco, registrada en Ayutla en junio de 1998, y actual miembro de la dirigencia de la CRAC en ese municipio de la región de Costa Chica, indicaron fuentes oficiales.
No obstante, el dirigente mixteco logró evadir el cerco, al separarse del grupo que acompañaba, en momentos en que las autoridades esperaban que regresara a la comunidad de Acatempa, junto al resto de manifestantes.
“¿Que se fue rumbo a Chilpancingo? Síganlo”, ordenó el director de Gobernación Moisés Alcaraz a un subalterno con el que se comunicaba vía telefónica.
El funcionario dirigió el operativo que pretendía detener a Campos Herrera, quien fue señalado por autoridades municipales y estatales de fomentar la creación de grupos armados en Tixtla, lugar donde existen antecedentes de la presencia de células guerrilleras.
A principios de este mes, durante una gira por la región de Costa Chica, el gobernador Aguirre anunció que no iba a tolerar que el esquema de la policía comunitaria lo utilicen “con otros propósitos”.
También advirtió a los integrantes de este sistema de seguridad y justicia que serían detenidos por el Ejército en caso de que salieran de sus áreas de influencia.
Cerca del mediodía, los inconformes irrumpieron en esta ciudad ubicada a 10 kilómetros de la capital del estado sobre la carretera federal que conecta la región Centro con la Montaña.
El propósito de la protesta fue demostrar que en el poblado de Acatempa está operando un grupo de policías comunitarios adheridos a la CRAC, advirtió el comisario de esta comunidad indígena que se encuentra a poco más de diez kilómetros de la cabecera municipal.
Al igual que los grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica, los pobladores de Acatempa y Atliaca –otra comunidad de Tixtla– decidieron enfrentar directamente a la delincuencia ante la indolencia gubernamental.
No obstante, mientras los pobladores de Atliaca decidieron deponer las armas y dejar en manos de las autoridades las funciones de seguridad pública, los habitantes de Acatempa acordaron adherirse a la CRAC para aplicar el sistema comunitario de justicia que, desde hace 17 años, implementa esta organización en varios municipios de la Costa Chica y la Montaña guerrerenses.
Enseguida, autoridades municipales encabezadas por el alcalde perredista Gustavo Alcaraz recibieron a los manifestantes en el auditorio contiguo a la sede del ayuntamiento, donde el edil reprochó el hecho de que integrantes de la CRAC procedentes de Ayutla y dirigidos por Arturo Campos estén conformando grupos armados en las 18 comunidades de Tixtla.
Luego informó que para este año se tiene previsto invertir poco más de un millón de pesos en una obra que debe ser definida por la comunidad de Acatempa.
No obstante, mientras se realizaba esta reunión, helicópteros del Ejército sobrevolaban el lugar y, en tierra, el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz, dirigía el operativo con el propósito de detener al activista Arturo Campos.
Los soldados y policías se apostaron afuera de la ciudad de Tixtla, a la altura del crucero que conduce al municipio de Apango, donde el grupo de manifestantes de Acatempa fue interceptado por varios minutos, hecho que provocó un ambiente de tensa calma.
Poco después, soldados y policías comenzaron a buscar al dirigente de la CRAC, Arturo Campos, y debido a que no se encontraba en el contingente que se desplazaba en varios vehículos, optaron por preguntar por el comisario Pastor Coctecón.
Entonces el director de Gobernación estatal se limitó a pedirle al comisario municipal que se abstuvieran de salir de su comunidad portando armas, porque con esta acción vulneraban la ley.
En respuesta, el dirigente de la comunidad argumentó que la policía comunitaria forma parte de los usos y costumbres de los pueblos y sus prácticas están reconocidas por las leyes del país.
Además, reprochó el impresionante despliegue policiaco-militar y exhortó a agentes y soldados que así deberían actuar pero frente a la delincuencia que opera en Tixtla.
“Deberían desarmar a los delincuentes y no a nosotros, que estamos defendiendo a nuestra comunidad de los delincuentes”, expresó el dirigente comunitario.
Minutos después de la confrontación verbal entre el funcionario estatal y el comisario de Acatempa, los manifestantes se retiraron del lugar para resguardarse en su comunidad.
De igual forma se disipó el impresionante operativo que presuntamente tenía como objetivo cumplir la consigna del gobernador Aguirre: detener a dirigentes de la CRAC que salgan de su área de influencia.
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