Protección Gastón Azcárraga

Por: Francisco Rodríguez
¿Quién ideó el más reciente escándalo que envuelve a la fallida Compañía Mexicana de Aviación? ¿Algún despacho de la neoyorquina Madison Avenue aconsejó el montaje de esta maniobra de distracción? ¿Algún experto local, cual Genaro García Luna?




Porque más allá de la “chamaqueada” al iracundo Javier Lozano Alarcón por el dizque engaño de los accionistas de PCCapital para adquirir el paquete accionario de la que fuera la aerolínea más antigua de México, por encima de la indignación del joven nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, y aún ante los intentos de un nuevo grupo financiero para sacar a la línea aérea de los hangares, en el que lo mismo están Juan Carlos Torres, de Advent International –que ya maneja los duty frees y otras instalaciones del aeropuerto de la ciudad de México-- que su abogado, Gastélum, como actual poseedor de las acciones a través de Tenedora K… más allá de todo ese entramado hay un enorme fraude a los contribuyentes, hasta ahora solapado por la fallida Administración de Felipe Calderón.

Se trata, en las sabias palabras del ingeniero Javier Jiménez Espriú –prez y honra de nuestra UNAM--, de un fraude “consecuencia de un contubernio entre la incapacidad y la sinvergüenzada, el cinismo y la connivencia”. Incapaces, lo advierte usted, Lozano y, en su momento, el protegido Molinar Horcasitas. Sinvergüenzas, Gastón Azcárraga y sus socios.

Incapaces y sinvergüenzas consiguieron dejar en la calle a nueve mil jefes de familia.

Juntos, incapaces y sinvergüenzas, parecen haber puesto en escena esta comedia de equívocos con la que han cubierto los desfalcos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares que, como usted leyó aquí una semana antes de que la Auditoría Superior de la Federación pusiera en blanco y negro esos números rojos, prácticamente le regaló 800 millones de pesos a Gastón Azcárraga, pues éste no pagó los combustibles que le fueron suministrados, aún cuando su empresa ya había anunciado que buscaría el concurso mercantil.

Con la “chamaqueada” a Lozano Alarcón –lo que alegró a muchos, aunque cínicamente, tras el descalabro, el ocupante de Trabajo no le bajó a su prepotencia--, ¿quedamos cubiertos los contribuyentes?

¿Podemos perder no sólo 600 millones de pesos que Gastón Azcárraga no pagó por concepto de turbosina? ¿También los otros casi 1 mil 400 millones de pesos que adeuda a SENEAM y otras dependencias de Comunicaciones y Transportes, ahora ocupada por otro íntimo de Felipe Calderón?

¿Hubo órdenes “de arriba” para seguir subsidiando con dineros públicos a la empresa que había saqueado y, finalmente, quebrado el hotelero Gastón Azcarraga?

Pero la pregunta más importante de todas es si ¿va a quedar impune este otro saqueador de la Nación?
A Javier Lozano “se le llena la boca” de falsedades, cuando por todos lados repite y repite que no habrá dinero de los contribuyentes para volver a poner en el aire a Mexicana.

Oculta que los recursos públicos ya le fueron inyectados durante sus últimos, agónicos, meses de vida.

Corifeos del secretario de Trabajo –en el papel de titular de la SCT--, han hablado de burlas, estafas, y otras linduras porque el grupo PC Capital incumplió su oferta de adquisición de Mexicana de Aviación.

Tal es una maniobra de distracción.

Las verdaderas burlas, estafas y otras linduras en contra de los trabajadores, los usuarios, el erario, el fisco, los proveedores fueron perpetradas por Gastón Azcárraga.

Y, por apoyar al PAN, como aquél Juanito tan asiduo a las tardeadas de Los Pinos, “sigue tan campante”. ¿O no?

Índice Flamígero: Se armó todo un trabuco en contra de Carlos Slim. Axtel-Avantel, Bestel, Cablemás, Cablevisión, Cablevisión de Apatzingán, Cablevisión de Jiquilpan, Cosmored, Grupo Matsa, Iusacell, Marcatel, MegaCable, Nextel de México, Sky, Telecab, Telecable, Telecable del Grullo, Telecable de Tierra Caliente, Televisión de Teocaltiche, Televisión Internacional (TVI), Total Play, Tv Cable Central Mexicano, Tv Uruapan, Unefon y Videocable, se han unido para demandar que la Administración aplique una regulación procompetencia en materia de interconexión, en beneficio de 90 millones de consumidores mexicanos.

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