UNA MUESTRA de la descoordinación de las agencias de EU, o el doble lenguaje en la batalla contra las organizaciones criminales, queda a la vista con la operación Rápido y Furioso, de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, que permitió la introducción ilegal de armas a México y una carta del director de Políticas Nacionales Antidrogas, Gil Kerlikowske, quien habla de los esfuerzos mexicanos por derrotar a los salvajes cárteles, que amenazan a los ciudadanos de ambos países. Las autoridades encargadas de aplicar la ley de Washington no dieron aviso a sus contrapartes mexicanas del operativo que buscaba detectar a las bandas criminales que abastecen de armas a los capos. Eso sí, don Gil tituló su documento “Un Estadounidense Muere en la Guerra de las Drogas de México”, pero no dijo que el arma que lo asesinó llegó de su país.
EL CASO del documental Presunto culpable generó una confrontación mediática entre el Poder Judicial, a cargo del ministro Juan Silva Meza, y la Secretaría de Gobernación, que desde la subsecretaría de Normatividad de Medios, a cargo de Héctor Villarreal, le ha dado largas a la resolución de la juez Blanca Lobo para bajarle el switch a la película. De un lado, en el Consejo de la Judicatura Federal hay una estrategia legal y del otro, en Bucareli, una estratagema política. Nos aseguran que en el Poder Judicial hay gran molestia por el manejo político del gobierno federal, pero también de la jefatura de Gobierno del DF, el equipo de Marcelo Ebrad, en este asunto que trae de cabeza a varios sectores de la sociedad
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