Secuelas de una calumnia

Miguel Ángel Granados Chapa
Periodista

Distrito Federal– Los obispos mexicanos expresaron el martes su “solidaridad” y su “sentir a los cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez, que han generado una vasta reacción de una porción importante de la sociedad mexicana con su modo de criticar la actuación de la Suprema Corte de Justicia. En buena hora que, como titulan el comunicado de prensa en que apoyan a los purpurados: proclamen que “Responsabilidad y libre expresión (es) un derecho de toda persona”.

Ciertamente lo es, y es sano y útil socialmente que el Episcopado así lo considere, en momentos en que ese derecho está puesto en jaque por la delincuencia organizada, que ataca gravemente a las personas y empresas que lo practican en los medios de información. No hemos visto la solidaridad y el sentir de los señores obispos con los periodistas agraviados y atemorizados por los embates del crimen organizado. Quizá su sensibilidad respecto de ese fenómeno se avive por la crítica que han recibido los arzobispos citados, especialmente el de Guadalajara, por la crudeza de su lenguaje, que sirvió para exponer graves acusaciones sin sustento. El cardenal Sandoval se ha mostrado relapso ante el pedido de que se disculpe y ha agregado que tiene pruebas de que los ministros del máximo tribunal fueron sobornados por el jefe del gobierno capitalino.

Los miembros del Episcopado defienden a los cardenales como si se les atacara por opinar sobre las resoluciones de la Corte respecto de la reforma al código civil del DF y no se les reconviniera por las calumnias proferidas. Para eso no hay libertad, sino un marco legal que establece acotaciones y debe ser acatado por todos. En su comunicado al respecto, quizá por la premura con que fue redactado, se deslizan inexactitudes que en tratándose de personas con menor preparación que los firmantes del comunicado podrían ser atribuidos a la ignorancia pero que, en el caso contrario, han de ser achacados a la mala fe. Se dice que la Corte concluyó el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo “sin ir al fondo del asunto y solamente confirmó la legalidad del proceso jurídico realizado por la Asamblea de representantes del DF”.

En la actualidad, dicha corporación se llama Asamblea Legislativa. Errar en la denominación significa desdén por sus funciones, que son ahora las de diputados locales equiparables a los de las legislaturas estatales. No es verdad, por otra parte, que el máximo tribunal declaró la legalidad de la reforma al Código Civil. Lo que hizo fue dictaminar que dicha reforma es constitucional, es decir que se apega a las normas de la Constitución, y no se apartó de ella como pretendió la Procuraduría General de la República. Para emitir su fallo, el tribunal constitucional entró al fondo del asunto, examinando los conceptos de matrimonio y familia su relación con la adopción de menores. En cambio, los obispos faltan a la verdad haciendo creer que el artículo 4º, de la constitución se refiere “a la esencia misma del matrimonio entre un hombre y una mujer, expresado” en ese artículo. Si los prelados leyeran la Constitución en vez de meramente evocarla, descubrirían que la palabra matrimonio no aparece en ese artículo, y que la mención a “el varón y la mujer” es para establecer su igualdad, no en referencia a la unión conyugal.

Las palabras del cardenal Sandoval Íñiguez si bien despertaron la solidaridad episcopal también generaron abundantes reacciones de otra naturaleza. La más concreta de todas es la demanda de carácter civil, por daño moral, presentada ayer miércoles ante la justicia capitalina por el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien considera atacada su reputación porque el arzobispo de Guadalajara lo considera un sobornador. Los ministros de la Corte, aun más agraviados que Ebrard, si cabe la gradación, se muestran cautelosos. Acompañaron a su colega Sergio Valls, que fue el ponente en las resoluciones agriamente impugnadas por un lado, y largamente aplaudidas por otro, en la expresión de su descontento por los dichos cardenalicios, pero se muestran renuentes a seguirlo en su afán de igualmente acudir a los tribunales civiles del fuero común en defensa de su honor. Tal vez hagan bien en contenerse porque un juicio iniciado por alguno de ellos acaso llegue en su última instancia a la propia Corte, que se convertiría en juez y parte.

Tal como lo supusimos y demandamos aquí el martes, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició ya una investigación sobre las invectivas de Sandoval Iñiguez acerca de los “no heterosexuales” como dice el propio Conapred para no aproximarse a un acto de discriminación que en su caso sería particularmente lesivo. El arzobispo de Guadalajara hizo mofa de “lesbianas y maricones”, palabras sin duda dichas para menospreciar a las y los homosexuales, a quienes juzga futuros corruptores de sus propios hijos adoptivos según su salaz e infundado parecer

Ese agravio a las personas con una preferencia sexual distinta de la que aparece como mayoritaria es tanto o más grave que la inferida a Ebrard y los ministros. La ley federal para prevenir y eliminar esa perniciosa inclinación social define como una infracción a esa norma, el “incitar al odio, violencia, rechazo, burlas, difamación injuria, persecución o la exclusión”. El Conapred carece de atribuciones para castigar esa violación a los derechos humanos. Pero puede, concluida la investigación que ya inició, conminar al inculpado a retractarse, es decir una sanción moral.