Comunicado de Prensa leído esta mañana en el patio central del Senado de la República por el Dip. Javier Corral Jurado, en compañía del Dip. Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) y del Sen. Rubén Camarrillo Ortega (PAN).

Agosto 18 de 2010.

Inconstitucional, ilegal e inmoral fallo de Cofetel a favor de Televisa.

La decisión de dos comisionados, Mony De Swaan y Gonzalo Martínez Pous, de los cinco que integran el pleno de la Cofetel, en el sentido de adjudicar 30 mhz nacionales del espectro radioeléctrico a Televisa-Nextel al precio de ganga de 180 millones de pesos, y el inmediato respaldo a esa medida del Secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, constituye un serio daño al patrimonio público de la Nación, que no puede, ni debe quedar exento de sanción alguna. Así sea, sólo en términos de la sanción de la opinión pública.

Se trata de una medida cuestionable desde los más diversos puntos de vista: legal, ético, administrativo, político, y por supuesto técnico.

El gobierno federal está dejando de percibir sólo por concepto del pago inicial, y en referencia directa al que harán otros competidores en esa misma banda por la misma cantidad de megahertz, la cantidad de 4,890 millones de pesos. A lo cual habrá que sumar la condonación fiscal que se estableció para esta banda del espectro en el pago de derechos por los siguientes dos años al momento de expedirse el título de concesión – una exención fiscal promovida por legisladores priistas y avalada por el Secretario de Comunicaciones -, lo que suma 1,800 millones de pesos, a razón de 900 millones de pesos anuales condonados; en total, un regalo de 6,690 millones de pesos.

Sostengo que la decisión es una medida política que carece de sustento técnico y jurídico; se inscribe en la dinámica de claudicación que los poderes Constitucionales del Estado han hecho de sus deberes, frente a las componendas y chantajes con que los poderes fácticos, particularmente la empresa Televisa, han hecho avanzar sus intereses particulares, por encima del interés general.

La decisión es ilegal e inconstitucional. Primero, porque trata de burlar medidas cautelares de dos distintos jueces que ordenan suspender el proceso licitatorio; segundo, porque la votación de la sesión del pasado lunes 16 agosto en la Cofetel, no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno.

En la sesión asistieron cuatro comisionados, los dos que sirvieron a los intereses de Televisa, Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous; el comisionado experto en economía, Dr. Rafael Del Villar Aldrich, que votó en contra de la adjudicación mediante voto particular, y el Lic. Ernesto Gil Elourduy, que se abstuvo de votar en virtud de conocer las medidas cautelares impuestas por un juez federal del estado de Guerrero y por otro juez federal del estado de Tamaulipas. Lo cual quedó asentado en el acta así como en la versión audiograbada que debe darse a conocer a la opinión pública.

Es inconstitucional, porque por un lado genera un nuevo fenómeno de concentración del espectro radio-eléctrico en manos de Televisa, contrario al artículo 28 constitucional, y porque la adjudicación de ese bien de dominio público no asegura “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, señaladas en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional.

Simula buscar la competencia sólo por oponerle a Telcel otro competidor más, cuando en realidad está reforzando el acaparamiento de espectro – recurso esencial – por parte de Televisa, eludiendo conscientemente el proceso de convergencia tecnológica que por la vía de la digitalización les permitirá multiplicar servicios en el mismo espectro que les ha sido asignado para otros servicios. Ahora resulta que para combatir un monopolio, hay que crear otro de peores proporciones y consecuencias, no sólo para la economía, sino para la política. A ver quién someterá al imperio de la ley a este nuevo poder televisivo y telefónico.

Es un absurdo administrativo y un empecinamiento del Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien, para congraciarse de mejor manera con la televisora, decidió sostener la licitación bajo estas condiciones tan desfavorables al gobierno cuando pudo haberla declarado desierta y volverla a concursar de nuevo en forma inmediata, esa posibilidad la otorga en cualquier momento el artículo 17 de la LFT.

Es absolutamente falso que haber retrasado la entrega de ese espectro hubiera tenido un enorme costo a la competencia; en todo caso, el costo sería para Televisa al ver reducido su tiempo de gracia fiscal.

La banda 1.7, a decir del propio Secretario Molinar, no será homologable para los servicios de telefonía sino hasta dos o tres años más, argumento en el que basó la promoción de la condonación fiscal a la televisora, ante el grupo de senadores del Partido Acción Nacional en noviembre del año pasado.

El comportamiento del Presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, además de ser vergonzoso por la manera como ha pretendido manipular la información a los medios, tanto el resultado de la votación, así como ocultar el contenido de la sesión, y específicamente el contenido del voto particular del comisionado Rafael Del Villar, señalan una falta de ética en el actuar de este funcionario.

La política electoral del país, de manera particular el sistema de partidos, debieran estar atentos a estas decisiones y exigir claridad en torno a las negociaciones que posibilitan disponer en estas condiciones de un recurso público como es el espectro radio-eléctrico, para el logro de propósitos o favores políticos alejados totalmente de la vida institucional y democrática del país.

El próximo viernes 20 agosto a las 12:30 del día en el Club de Periodistas de México nos reuniremos (a convocatoria de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información) varios legisladores de diversos partidos políticos, así como distintas organizaciones sociales, interesadas en este proceso y ciudadanos en general, con el propósito de plantear las diferentes vías de carácter constitucional y legal para tratar de revertir esta decisión y sancionar debidamente a quienes la han llevado a cabo.