El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, advirtió aquí que el proceso electoral del 2010 pone en riesgo la estabilidad social de la entidad.
El especialista participó en la presentación del informe "Oaxaca, un régimen agrietado. Informe público sobre democracia y derechos humanos, 2007-2009", impulsado por la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
Diversas Organizaciones No Gubernamentales presentaron el documento en el que ventilan la situación de la entidad en sus ámbitos social, cultural y político.
Marcos Arturo Leyva Madrid, representante de Educa, aseguró que en Oaxaca todavía se vive como en los años 70, cuando existían violaciones a los derechos humanos y ausencia de garantías individuales.
"Oaxaca presenta rezagos en comparación con las demás entidades del país", aseguró.
Por ello, pidió a la sociedad y los diferentes sectores sumar esfuerzos para transformar la realidad, previo a la celebración del proceso electoral del 2010, cuando habrá de elegirse gobernador, diputados locales y alcaldes.
Los antecedentes en Oaxaca refieren diversas irregularidades, así como una constante generación de conflictos post electorales, aseguró el ex representante ciudadano ante el IFE.
Por su parte, Álvarez Icaza anunció su recorrido por diversas entidades del país para promover la creación de un "Observatorio ciudadano", el cual vigile el desempeño de las comisiones estatales.
"Se pretende ser una caja de resonancia de los grandes temas nacionales, de diferente índole, no sólo los referentes a los derechos humanos", aseguró el ex ombudsman de la capital del país.
En el caso de Oaxaca, dijo que "alarman y preocupan las graves violaciones en materia de derechos humanos".
Comentó que podría creerse que fueran temas superados, pero cuando se encuentran reportes de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas como una práctica sistemática o de agresiones a los periodistas, "se trata de un pasado que nunca se fue".
Advirtió también sobre los riesgos de la reforma político-electoral emprendida por el Gobierno del Estado.
En opinión del especialista, no deja de ser una señal de alarma que existan tantas organizaciones de la sociedad civil para tutelar los derechos humanos.
"Es una señal de alarma que quiere decir que hay cosas que no están funcionado bien, que refleja una sociedad que no está dispuesta seguir aceptando la injusticia y la impunidad como norma".
Álvarez Icaza sostuvo que se perdió la oportunidad de recomponer el tejido social, después del conflicto magisterial-popular del 2006.
"Lo que ahora se advierte es que se está institucionalizando la desconfianza y esa ruptura del tejido social es preocupante, porque existe la necesidad de que las instituciones de justicia funcionen", puntualizó.
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