Javier Lozano Alarcón : "Arbitrario... y golpeador "

ROSALíA VERGARA,
Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.
Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.
No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.
En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.
La “libreta roja”
Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.
En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.
Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.
El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la rea­cción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.
De cuño priista
Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).
Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.
Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.
Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.
Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.
Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.
Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del gobierno de Puebla, encabezado por el priista Melquiades Morales Flores, en el Distrito Federal.
En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.
En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)
Los mineros
Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista.
En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.
En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.
El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.
Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.
Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.
Las viudas
Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.
El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.
Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.
Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.
¡Coopelas o cuello!
En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.
El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.
Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.
Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)
Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”
Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.
Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación.
Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados.
Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía. (Proceso 1719)
Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).