Lanzan a payasos como candidatos en Culiacán y Ciudad Juárez

LA REDACCIÓN
16 DE JUNIO DE 2013
DESTACADO

Esteban Sánchez Arellano, Cometín, candidato en Sinaloa.
Foto: Tomada de Facebook.

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Dos payasos participan en el proceso electoral como candidatos a diputados locales por el partido Movimiento Ciudadano en los comicios de este 7 de julio en Ciudad Juárez, Chihuahua y Culiacán, Sinaloa.

En Juárez, el abogado Gregorio Pérez Gastélum, conocido como el payasoBotoncito, fue postulado como diputado por el distrito 03.

Inicialmente Pérez había participado como aspirante a la alcaldía pero finalmente el partido lo registró como aspirante a diputado. Botoncito denunció irregularidades en el proceso interno de selección de candidatos.

En entrevista con el diario Reforma aseguró que no es cualquier payaso, ya que también es integrante de la Barra y Colegio de Abogados de aquella localidad fronteriza.

Explicó que como payaso incluso ha amenizado mítines de diferentes partidos políticos y que su intención es legislar a favor de la niñez dañada por la violencia.

Pérez Gastélum ha participado en programas de televisión locales y hasta ha compartido el escenario con Chespirito.

“¡Hola! Soy Botoncito y te presento a mi amiguito… Gregorio Pérez Gastélum”, dice la propaganda del payaso.

En Sinaloa, tras años de hacer reír a chicos y grandes, Esteban Sánchez Arellano Cometín ahora busca una curul en el Congreso local.

Sánchez es candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación por el distrito 14 que corresponde al municipio de Culiacán.

Antes de ser Cometín estudió expresión corporal, pantomima y actuación; luego fue mimo durante cuatro años y ante la necesidad económica en casa de sus padres adoptivos, decidió probar suerte como payaso en 1993 trabajando en las calles, indica el diario El Debate.

El ahora candidato señaló que dejó inconclusa la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa debido a las dificultades económicas que enfrentó.

Indicó que su “destape” como precandidato a la diputación sorprendió a propios y extraños.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Mario Imaz, dijo que Sánchez Arellano conoce la problemática de Culiacán porque ha vivido en carne propia “ser alguien que viene de abajo”.

Agregó que cualquier comparación de la descripción del payaso con la que se hace de otros candidatos “es mera coincidencia”

Primera advertencia: linchamiento en Monterrey

LUCIANO CAMPOS GARZA
13 DE JUNIO DE 2013
REPORTAJE ESPECIAL

El rescate de los presuntos delincuentes.
Foto: Emilio Vásquez

El hartazgo por la falta de seguridad en Monterrey movió a los vecinos de la colonia Independencia a hacerse justicia por sus propios medios y arremetieron contra tres presuntos delincuentes el pasado 31 de mayo. Uno de ellos murió, mientras que a los otros dos los lanzaron a un barranco de 12 metros de profundidad. Legisladores y activistas sociales advierten: si las autoridades no responden a los reclamos ciudadanos, existe el riesgo de que surjan grupos de autodefensa, lo que complicaría aún más el vacío de poder.

MONTERREY, N.L. (Proceso).– La noche del 31 de mayo pasado elementos de la Policía Federal llevaban a tres presuntos delincuentes esposados y encapuchados a bordo de una patrulla. Circulaban por las calles de la colonia Independencia cuando una turba de embravecidos vecinos interceptó el vehículo, sacó a los detenidos y comenzó a golpearlos con palos, piedras, tubos.

Y aunque los uniformados hicieron algunos disparos al aire para controlar a la multitud, nada impidió que ésta moliera a golpes a los tres sujetos a los que llamaba rateros y los relacionaba con grupos de la delincuencia organizada. Uno murió, mientras los otros dos fueron arrojados a un barranco, lo que les permitió salvar la vida.

Días después otro presunto ladrón fue agredido por residentes del mismo sector regiomontano. Tuvo suerte de que elementos de Fuerza Civil observaran la escena y controlaran a los vecinos.

Para el diputado local Guadalupe Rodríguez Martínez –quien en los setenta integró las guardias rojas del Frente Popular Tierra y Libertad para la defensa de su colonia, ubicada al poniente de esta capital–, el hartazgo de la ciudadanía es resultado de la inacción de la autoridad estatal. Hoy, dice, los propios vecinos recurren a la autodefensa; algunos incluso han adquirido armas y organizan rondines en las calles de sus colonias.

Pese a linchamientos como el de la colonia Independencia, documentado incluso por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz dijo desconocer la existencia de la organización de movimientos de autodefensa ciudadana.

En esta ciudad no se recuerda ningún otro incidente como el del pasado 31 de mayo. Hasta el viernes 7 se conocían dos versiones, recogidas en las actas ministeriales relativas al caso: la de un policía federal y la de una vecina.

Según el uniformado, el día de los hechos, entre las 19:00 y las 20:00 horas, él y otros nueve elementos patrullaban por la zona en dos vehículos oficiales cuando una vecina le comunicó que en el Antiguo Camino a San Agustín sin número, en el sector surponiente, unas personas golpeaban a otra. El agente se comunicó con uno de sus superiores y acudió al lugar junto con sus compañeros.

Ahí vieron a civiles armados con piedras y palos que corrían por la calle. Al descender de las patrullas observaron a otras personas con el rostro cubierto que golpeaban a un hombre obeso. Se trataba de Ángel Servando Nava Maldonado, alias El Vando, de 33 años. El agente quiso ponerlo a salvo, pero los agresores le dijeron: “El gordo es asesino, ha matado a mucha gente”.

Y cuando les dijo que él se haría cargo de la situación y les prometió llevarlo ante las autoridades, los vecinos se enardecieron y lo acusaron de proteger al presunto delincuente; lo empujaron junto con el hombre esposado y los arrinconaron en una casa. Comenzaron a arrojarles botellas de vidrio. Los demás policías los rescataron y subieron a Ángel en una patrulla.

El policía tomó su nextel para pedir refuerzos. Los vecinos le arrebataron el aparato, según el testimonio del uniformado.

A su vez, la vecina interrogada, quien pidió mantener el anonimato, relató que alrededor de las 20:00 horas observó desde su casa a tres policías federales cuando bajaban del cerro con tres detenidos. Iban esposados y con los rostros cubiertos con capuchas. Policías y detenidos se introdujeron en un domicilio contiguo donde vive una señora llamada Brenda. La propietaria comenzó a gritar cuando los agentes le decían que les dijera dónde estaba la droga.

Poco después los policías salieron de la casa y se llevaron a los encapuchados calle arriba, hacia las patrullas. Al verlos pasar, la declarante identificó a los detenidos como Jonathan Alán, alias El Cochinillas o El Maromas; otro era El Maca o Maquilla, y uno más era El Vando.

Los tres, dijo la testigo, pertenecen a la delincuencia organizada y siempre andan armados; agregó que los tres estuvieron implicados en la muerte de algunos vecinos.

En ese momento, continúa, vio bajar 70 u 80 vecinos que venían gritando, pues también habían identificado a los detenidos; algunos le reclamaron a un policía por qué había separado al Vando de los otros dos.

Se escucharon varias detonaciones. Los colonos no se amedrentaron y acorralaron al federal y a su cautivo; arremetieron contra ellos con palos y piedras. El detenido y su custodio se refugiaron en un domicilio, según el testimonio.

Otro intento

Según la Agencia Estatal de Investigaciones, el 31 de mayo llegó una llamada a las oficinas en la que se reportaba el hallazgo del cadáver de un varón, quien murió “al parecer por golpes”, frente al número 1812 del Antiguo Camino a San Agustín. Cien metros más adelante, en un barranco, había dos personas lesionadas.

Acompañados por militares, policías ministeriales acudieron al lugar, donde encontraron el cuerpo de Ángel Servando Nava Maldonado. Lo identificaron por una credencia de elector que llevaba, según la cual era vecino de la Unidad habitacional Mártires de Cananea, en Santa Catarina.

Los elementos de Servicios Periciales encontraron manchas hemáticas en las piedras del entorno, así como en el piso y la fachada del domicilio; incluso un tubo metálico ensangrentado.

Frente al número 1160 de la misma calle fue hallado un casquillo calibre 223 y a 35 metros del cadáver del Vando había dos casquillos: uno 7.62×39 y otro 223. La dependencia no aclaró si las balas procedían de las armas de los agentes federales o de los vecinos.

Asimismo, a 100 metros de distancia, los federales encontraron los cuerpos magullados de El Cochinillas, de 21 años, domiciliado en la colonia Solidaridad, de Monterrey, y otro conocido como El Maca o La Maquilla, con heridas contusas en la región frontal y en el parietal derecho.

De acuerdo con la dependencia, los lugareños comentaron a los investigadores que los dos pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada –no precisa a cuál– y que tenían amenazados a los residentes del sector. Señalaron que días antes habían asesinado a una persona, por lo que decidieron lincharlos.

Hasta el viernes 7, ninguna autoridad ha informado si se sigue una investigación por la muerte del Vando y por las lesiones a El Cochinillas y El Maca.

La noche del miércoles 5, en la misma colonia un grupo de autodefensa intentó linchar a Junior Aarón Salinas Gómez, un lavacoches de 22 años. De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, un residente reportó un robo. Los lugareños se organizaron para hacer rondines en la zona y descubrieron al joven en el momento en que inhalaba tolueno en la azotea de su domicilio, en el cruce de las calles Veracruz y Oaxaca.

Algunos vecinos comenzaron a arrojarle piedras para obligarlo a descender. El joven corrió entre los techos hasta que pisó uno que estaba endeble y cayó, provocándose lesiones leves. Su concubina salió a defenderlo y refirió que era inocente.

En ese momento llegó una veintena de elementos de la policía estatal Fuerza Civil y rescató al joven y lo transportó al cuartel ubicado al sur de la ciudad, donde el juez calificador lo retuvo por alterar el orden. Sin embargo, como no hubo acusación de robo, lo dejó en libertad a la mañana siguiente.

La investigación posterior arrojó que Salinas Gómez se había enfadado con su pareja y decidió subir a la azotea para evadirse con el solvente. Horas antes del incidente, el gobernador Medina de la Cruz fue cuestionado sobre las estrategias de autodefensa vecinal en la colonia Independencia.

“Aquí en Nuevo León no tenemos detectado ningún grupo de autodefensa, lo descartamos totalmente”, respondió el mandatario.

La autodefensa, un riesgo

El diputado Guadalupe Rodríguez Martínez es cuñado de Alberto Anaya Gutiérrez, fundador del Partido del Trabajo (PT) y del movimiento Frente Popular Tierra y Libertad, que en 1970 instaló su comarca en el sector poniente de Monterrey y que, desde entonces, se mantiene como una entidad cuasi autónoma dentro de la capital.

Ahí hay rondines de patrullas de los tres niveles de gobierno, pero desde hace más de 40 años al sector se le conoce como uno de los más conflictivos de la metrópoli, sobre todo porque los lugareños han impuesto sus propias reglas de convivencia.

El diputado por el PT recuerda que a principios de los setenta se crearon las guardias rojas para hacer patrullajes en las calles de la colonia. Para detener a los delincuentes y remitirlos a la autoridad. Esa labor de autogestión terminó en 1985, cuando el sector ya estaba más o menos pacificado, asegura.

Hoy, a casi tres décadas de distancia, la reacción de los colonos de la Independencia que ejercieron justicia sumaria contra tres presuntos delincuentes hace suponer que la ciudadanía está cansada del vacío de poder en Nuevo León.

Y aun cuando al parecer el enemigo es el pillo de siempre –menos atemorizante incluso que el sicario, quien suele accionar su fusil sin importar los daños colaterales–, “existe una percepción de que es la delincuencia común la que perpetra los delitos, principalmente de tipo patrimonial”.

“Y como ya no está el crimen organizado, la gente está respondiendo (con acciones propias) y más en la colonia Independencia, un barrio bravo desde los años cuarenta, que ha sufrido un gran vacío de autoridad”, dice el legislador.

El cansancio de los colonos de este sector marginal es un reflejo de la proclividad de Monterrey de organizar grupos de choque frente al acoso de los delincuentes, añade. Incluso hay ciudadanos que han optado por obtener pistolas para responder a las agresiones, dice. Y añade:

“Si no hay guardias armadas. Yo entendería que en Monterrey hay una predisposición mucho más desarrollada a la autodefensa. Lo veo como fenómeno individual. Conozco personas que han tenido situaciones difíciles de confrontación con la delincuencia común. Con resistencia activa y ahora parece que se da como fenómeno colectivo.”

Según Rodríguez Martínez, el péndulo oscila de regreso y ahora son los anteriormente afectados quienes golpean a los delincuentes:

“Esto habla de un escalamiento de la violencia en otro nivel… No es bueno que la gente tome la ley por sus manos y se desquite. Ahora parece que el ciudadano está dispuesto a confrontar, a dar respuesta, a resistirse a ser victimizado.”

Desde su punto de vista, la acción de las bandas criminales ha sido acotada por una macronegociación que hizo con ellas el gobierno federal para acabar la guerra frontal que “insensatamente” emprendió Felipe Calderón durante su sexenio.

Lo preocupante ahora es saber que los ciudadanos comenzaron a adquirir armas: también hay una tendencia vecina cada vez mayor a formar grupos de autodefensa por sectores. Mientras no infrinjan la ley y sean coadyuvantes, la estrategia puede funcionar; lo malo es cuando los vigilantes deciden actuar por su cuenta, advierte el legislador petista.

Su colega Eduardo Arguijo Baldenegro, del PRD, estima que el linchamiento en la colonia Independencia es una evidencia del fracaso del modelo policiaco-militar de la administración de Medina de la Cruz quien, por ciento, dice, no logra contener la violencia.

“Los ciudadanos tiene todo el derecho de autodefenderse si el Estado es incapaz de ejercer esa responsabilidad. Sólo el pueblo puede defender a su pueblo. No hay que esperar respuesta pronta del modelo policiaco-militar, que está aquí desde hace muchos años y no ha dado resultados. Lo que queda es ver cuántas personas de las comunidades se pueden organizar para coadyuvar con la autoridad dentro de la ley. No queda de otra”, considera Arguijo.

Los núcleos de autodefensa que puedan surgir en Nuevo León serán diferentes a los de Michoacán, opina el perredista, porque acá en el norte se percibe más una tendencia a la actuación espontánea y no organizada, como ocurre en el sur.

Para Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), el ejemplo de la colonia Independencia puede cundir si el gobierno de Medina de la Cruz no asume la responsabilidad de dar protección a todos.

“Estos hechos, que antes sólo se veían en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ahora suceden en Nuevo León. Eso quiere decir que no hay respuestas adecuadas para la seguridad que las familias y la sociedad reclaman”, insiste.

El linchamiento del pasado 31 de mayo debe ser tomado por la autoridad como un llamado de auxilio de la población.

“No se justifica el hecho, porque todos debemos estar bajo el imperio de la ley, pero hay que trascenderlo –señala la activista–. El evento nos está diciendo que la población está tomando la ley en sus manos. Habla de desesperación por ausencia de respuesta oportuna de seguridad pública. Es un llamado urgente para que haya seguridad y se valore la creación de estos cuerpos policiacos que crecen sin control.”

Acusan al Góber Precioso de meter la mano en elecciones de Tlaxcala

Víctor Hernández

El PRD denunció el llamado "Góber Precioso", Mario Marín, esta involucrado en las elecciones de Tlaxcala, especificamente apoyando al candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Apizaco.

De acuerdo con Reforma, el candidato del PRD-PT, Reyes Ruiz Peña, declaró que hay una elección de estado anticipada.

El perredista declaró que hay una gran concentración de gente del estado de Puebla, especificamente del ex gobernador Mario Marín, quien trabaja para el candidato del PRI en Apizaco.

"Y no sólo hay gente de Puebla, también de Hidalgo, Michoacán, del Estado de México, Veracruz que gan llegado por cientos al municipio, obligados por el Gobierno del Estado aquí en Tlaxcala para que trabajen a favor del candidato del PRI."

Marín fue grabado hace dos sexenios frauguando un ataque contra la periodista Lydia Cacho por haber divilgado que un amigo del empresario Kamel Nacif, quien es amigo de Marín, es pederasta.

Los Cusaem, terror al servicio de políticos

JENARO VILLAMIL
2013-06-15 17:08:29 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
ESTADOS

Hace un par de años, diputados mexiquenses denunciaron los excesos de los agentes de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Los calificaron de ser un miniejército privado al servicio del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, de comportarse como una franquicia y de actuar sin control fiscal. Hasta ahora nadie ha metido en cintura a esa corporación administrada por 110 comandantes y que hoy vuelve a ser motivo de escándalo tras el asesinato de una arquitecta en un fraccionamiento de Atizapán, hecho en el que están implicados ocho policías de ese temible cuerpo de seguridad.

La ejecución de la arquitecta Alicia Rivera Ugalde el domingo 9 por la madrugada en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, Atizapán, vuelve a poner en la mira a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un verdadero miniejército privado al servicio de políticos mexiquenses del equipo de Enrique Peña Nieto.

Ocho de los nueve agentes involucrados en el crimen pertenecen a esa corporación y sólo uno a la Policía Municipal de Atizapán, según el procurador estatal Miguel Ángel Contreras Nieto. El funcionario dijo que el disparo que recibió Rivera Ugalde se debió a una “confusión”, ya que los uniformados perseguían a un presunto asaltante denunciado por un vecino.

Durante la investigación se detectó que ninguno de los integrantes de los Cusaem contaba con la certificación de control de confianza de ley, la cual incluye exámenes de desempeño, poligráficos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos para dar los servicios profesionales de seguridad.

Los vecinos de la llamada Zona Esmeralda de Atizapán –donde se ubican 13 fraccionamientos– se muestran preocupados porque, dicen, la seguridad corre a cargo de los Cusaem; éstos funcionan como negocio privado que renta sus servicios lo mismo a conjuntos habitacionales que a dependencias gubernamentales en el Estado de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Y aunque la organización asegura contar oficialmente con 14 mil 162 elementos, en su página electrónica menciona “una cifra superior a los 17 mil” agentes, mientras que otras fuentes mexiquenses reportan 35 mil.

Desde 2009 esta auténtica “mina de oro” –que no es fiscalizada ni auditada conforme a la ley– ofrece servicios de vigilancia a dependencias federales, como Liconsa (a la que cobraba 3 millones 300 mil pesos mensuales) y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo fue responsable de la custodia de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a la cual le cobró 80 millones de pesos durante la administración de Sergio Hidalgo Monroy Portillo (Proceso 1829 y 1831).

También ha ofrecido sus servicios de vigilancia a las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación, al IFE, así como a decenas de empresas y personajes que suelen contratar a elementos de los Cusaem para traslado de valores, servicios de escolta o el llamado paquete VIP denominado Travel Security Service, que incluye guardaespaldas de élite a un costo de 250 a 330 dólares por día.

Informes obtenidos por Proceso revelan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, contrató a cerca de 300 elementos de los Cusaem para la protección de la dependencia, aunque se desconoce el costo mensual y el tipo de servicios que ofrecen esos agentes.

Dirigentes del PAN y del PRD en el Estado de México señalan al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava –compadre de Peña Nieto y exsecretario general de Gobierno en la entidad–, como uno de los tres políticos que mantienen el control de los fondos de ese miniejército privado.

Los otros dos responsables del manejo de los fondos y de la operación de la corporación son Alfonso Navarrete Prida, exprocurador mexiquense y actual secretario del Trabajo, y Manuel Cadena Morales, secretario de Gobierno durante la administración de Montiel. Los tres forman parte del Consejo de Administración del organismo.

La ruta delictiva

La opacidad y la falta de rendición de cuentas domina en los Cusaem, formado por tres cuerpos: el de Guardias de Seguridad Bancaria y Comercial, creado en 1948; el de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, constituido en 1985, y el de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.

Para el exalcalde panista de Atizapán Carlos Madrazo Limón, los Cusaem son “una especie de ornitorrinco: Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales, son una policía pública; cuando no, son una policía privada”.

La fiscalización de sus recursos es opaca y el control lo tiene un grupo de 110 comandantes que lo administran como si fuera “una franquicia de servicios de seguridad”.

En los últimos cuatro años, esa corporación ha estado involucrada en actos delictivos. El 9 de junio de 2009, la edición local de Uno más uno, propiedad del empresario Naim Libien Kaui, la acusó de ser un “centro de reclutamiento” de sicarios de Los Zetas.

En esa misma fecha fueron capturados en Jalisco y Querétaro varios pistoleros de esa organización, nueve de los cuales portaban armas y credenciales firmadas por el entonces director de los Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido por Enrique Peña Nieto, a la sazón gobernador del Estado de México.

También los escoltas que acompañaron al narcotraficante José Jorge Balderas El JJ en la riña que protagonizó contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, al sur de la Ciudad de México, portaban credenciales de esa corporación.

A raíz de ese caso, en enero de 2010 distintos medios mexiquenses documentaron que el entonces director de los Cusaem, Mendoza Becerril, sabía de las operaciones de narcomenudeo del JJ y del Cártel de los Beltrán Leyva en los municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco. Casualmente, en todas estas localidades están contratados los elementos de ese organismo de seguridad privada para distintas actividades.

El escándalo provocó la destitución de Mendoza Becerril, quien estuvo al frente de la corporación de abril de 2008 a marzo de 2010. Peña Nieto designó a su exjefe de ayudantía, Orlando Seguel, como sucesor de Mendoza.

En el gobierno de Eruviel Ávila los indicios de corrupción y de vínculos con el crimen organizado en la corporación no disminuyeron, a pesar de una reforma cosmética para hacer depender a este miniejército de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sustituyó a la Agencia de Seguridad Estatal.

En marzo de 2013, dos meses y medio después de ser designado director de los Cusaem, José Luis García Figueroa, El Panda o El Puma, fue asesinado. Al funcionario se le señaló como uno de los patrocinadores de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

García Figueroa fue arrojado desde el balcón de un cuarto piso del Centro de Exposiciones de Banamex, en Santa Fe, Distrito Federal, durante una boda, según la averiguación previa CUJ2/T1/205/13-03 iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Algunas versiones periodísticas en el Estado de México señalaron que el homicidio de García Figueroa pudo haber sido un “ajuste de cuentas” del crimen organizado. El Panda ya era investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que lo señaló como uno de los presuntos apoyos del cártel de los Beltrán ­Leyva y de La Familia Michoacana.

Un documento privado citado por la revista Contraste en su edición de la primera semana de marzo último señala que García Figueroa trabajó para José Sergio Manzur Quiroga, actual diputado federal priista; para José Manzur Ocaña, exdelegado de la PGR en el Estado de México, y para Eduardo Manzur, exdirector de la Policía Judicial en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. También lo hizo para Germán Ávila Villegas, hermano del actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien lo nombró al frente de los Cusaem.

La investigación de la DEA acusó a El Panda de proporcionar las credenciales al JJ, del clan de los Beltrán Leyva, “para que se pudiera mover por todo el país y sobre todo en el Estado de México, sin que fuera molestado por ninguna autoridad”.

“La protección de que era objeto (el JJ) era porque organizaba festines y bacanales a jefes policiacos, políticos y funcionarios de diversos niveles de gobierno, encerronas en las que había mujeres, drogas y alcohol”, señala el documento citado por Contraste.

La mina de oro

Aun cuando no se ha comprobado la presunta vinculación de algunos directivos y comandantes de los Cusaem con el crimen organizado, la corporación es una auténtica mina de oro, cuyos fondos no son fiscalizados.

Su denominación fiscal es ambigua y el número de sus elementos varía entre 17 mil y 35 mil, lo que la convierte en la segunda más grande del país, sólo debajo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Tiene más de 3 mil clientes, a los cuales ofrece servicios de guardias intramuros para proteger instalaciones y manejo de situaciones de contingencia; custodia de mercancías en movimiento, que incluye a agentes con licencia de portación de armas, y escoltas.

Asimismo, cuenta con el Grupo Atenea –creado en agosto de 2008 con elementos de élite femenil–, que se encarga de brindar servicios de escolta y protección a empresarios y políticos; mientras el Travel Security Services –“el VIP” de los Cusaem– salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales, embajadores, diplomáticos y artistas en la Zona del Valle de México; tiene también un grupo canino y servicios de “tecnologías”. En otras palabras, sistemas de escucha y espionaje.

En su página web www.cusaem.gob.mx presume las siguientes “ventajas competitivas”: elementos con licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza superior a los 19 mil elementos, armamento de punta “legalmente registrado”; frecuencia de radio con la Policía Estatal, parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje, así como análisis de riesgos “previo a la contratación”.

De acuerdo con información de la propia corporación, un servicio VIP que incluya escoltas de élite puede costar de 250 a 330 dólares por día. Un escolta con equipo de radiocomunicaciones se alquila en 250 dólares diarios, mientras que un guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares.

Una camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje “nivel cuatro”, resistente a impactos de bala de AK-47, se renta en 400 dólares por día, y un vehículo sin blindaje se renta en 350 dólares. Estos servicios incluyen “un asistente políglota que domina el inglés, francés italiano o mandarín”.

En octubre de 2011, a raíz de varias denuncias en el Congreso mexiquense por las irregularidades en la operación de los Cusaem, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC), Salvador Neme Sastré, se comprometió a regular estos cuerpos policiacos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.

Durante la discusión de la Ley de Seguridad Estatal, el mismo mes los diputados panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como el priista Carlos Iriarte Mercado promovieron un artículo transitorio que obligaba al Ejecutivo estatal a “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares de la corporación.

El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manzur, afirmó: “No sé por qué satanizan tanto el trabajo del Cusaem, de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas, y que están trabajando bien” (Proceso1829).

José Manzur es al mismo que señalaban como amigo y protector de José Luis García Figueroa.

El exdiputado local panista Carlos Madrazo Limón también refiere a este semanario que la principal resistencia es a la eventual realización de auditorías al manejo de los fondos y a los ingresos de la corporación, los cuales ascienden por lo menos a 2 mil millones de pesos anuales.

Muchos agentes de la corporación mencionada han denunciado el manejo irregular de recursos aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión de los Cusaem, creado en junio de 2006, cuando Wilfrido Robledo Madrid fue el titular de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México asegura no tener conocimiento del monto que integra el fideicomiso, pues afirma que no tiene facultades para conocer sobre una corporación que no pertenece al gobierno de la entidad.

Tampoco se sabe a dónde van a parar los millones de pesos de presuntas prestaciones que se les descuentan, entre ellas el servicio médico en el Seguro Social del Estado de México, préstamos, pagos de tiempo extra y fraudes cometidos por los comandantes y directivos a través de rifas organizadas para aplicar mejoras a las prestaciones de los trabajadores.

La reforma: Historia de un engaño

JENARO VILLAMIL
2013-06-15 17:08:33 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
TELECOMUNICACIONES

El debate sobre la ley de telecomunicaciones fue una “pantomima”, además de que, entre otras ligerezas, se abrió a los extranjeros el control de esta industria vital y se fortaleció la dominancia de Televisa y TV Azteca. Esta es la opinión del senador Manuel Bartlett en torno a lo que califica como una reforma “tramposa”. En entrevista con Proceso explica: los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley se dejan para una inasible ley secundaria. Y sentencia: presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria es un engaño.

La madrugada del 19 de abril, cuando se convocó al pleno del Senado para votar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, el único de los cuatro senadores que votó en contra –y argumentó en tribuna– fue Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del PT en esa cámara.

“Es una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios, el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.

“Es realmente un engaño”, insiste el  exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.

“Pésima actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy estamos viendo”, denuncia.

A casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en tribuna y con escasa cobertura de los medios­–, Bartlett reitera que desde el proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.

Bartlett relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.

“El reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos después”, indica.

A las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.

“Comenzamos a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico, inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó, junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le modificara “una sola coma”.

Para Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde 2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos cadenas de televisión.

Irónico, Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.

En entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.

Un regalo al duopolio

Bartlett asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.

–¿No estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se le comenta.

–Es mentira que estuvieran en de­sacuerdo. Este es el gran acuerdo con las televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de la empresa.

“Si hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de contenidos”, alega.

Incluso, cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en su industria mediática y cinematográfica”.

El tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.

“Eso es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.

El senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor argumentación ni justificación.

“No puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.

–Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?

–La televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la sesión del Senado.

–El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones, Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas. ¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a la distribución de publicidad y de contenidos?

–Ahí se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.

Críticas silenciadas

–¿Qué espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?

–Serán arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.

Bartlett insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que se estaba aprobando”.

No obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente, el de la apertura a la inversión extranjera.

Pesimista, Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la apertura”, abunda.

Sobre el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.

Cochambre.- Naranjo

Cruzada contra el hambre, Estrategia mediática

MARCELA TURATI
2013-06-15 17:08:35 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
POLÍTICA SOCIAL

La Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada “estrategia social” compuesta por 70 programas que se aplicarían en 400 municipios para combatir la pobreza extrema y la alimentaria, se halla entrampada en la demagogia, el caos y la parálisis, motivos por los cuales se redujo en su etapa inicial a sólo 80 demarcaciones en 20 estados. La razón oficial: problemas técnicos y de coordinación. La verdadera: sólo concentrándose en un puñado de poblaciones el gobierno federal podrá ofrecer algunos resultados para engrosar el primer informe del presidente Peña Nieto.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se fijó una ruta crítica llena de atajos para tener algo que presumir sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre el 1 de septiembre, día del informe presidencial, ya que dicha estrategia sigue en la fase de diseño y experimentación.

Como primera maniobra, el número de municipios que se atenderá en la primera fase se redujo de 400 a 80, la mayoría pequeños y rurales, donde se instalarán tiendas Diconsa, lecherías Liconsa y comedores escolares, además de entregar suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud para obtener resultados rápidos.

Las acciones en los 80 municipios elegidos como “prioritarios” con miras al informe de Enrique Peña Nieto impactarán en las condiciones de vida de 364 mil 901 personas que viven en pobreza extrema y padecen hambre, una cifra muy alejada de los 7.4 millones de personas que eran la meta inicial para esa etapa.

A seis meses de iniciado el gobierno federal priista, la polémica cruzada, también conocida como Sin Hambre, ha sido más mediática que real, debido a su ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos electorales en que se ha involucrado y la inclusión de compañías trasnacionales. Sin embargo, todavía no tiene efecto entre los mexicanos más pobres, pues sólo ha sido aplicada en dos puntos del estado de Guerrero: la colonia Simón Bolívar de Acapulco y el municipio Mártir de Cuilapan, elegidos para la prueba piloto.

Ni siquiera en las demarcaciones donde la titular de la secretaría, Rosario Robles, ha organizado eventos de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha comenzado a paliarse la desnutrición. Por ejemplo, el secretario municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, Juan Gómez Díaz, informa en entrevista telefónica: “Acá todavía los promotores van a empezar a hacer los censos (de beneficiarios). A lo mucho Liconsa puso tienda y están entregando tarjetas para que la gente del programa pueda comprar leche”.

El comité ciudadano que planearía junto al gobierno las obras aún no existe.

Desde Mezquitic, en la zona wixárika de Jalisco, Misael Marcos López, secretario particular del alcalde, informa que la semana pasada firmaron un convenio con la titular de Sedesol y dos semanas antes habían firmado un preconvenio “de avanzada” con la delegada. Todavía no crean comité alguno.

“Diconsa y Liconsa están creando el padrón para que los habitantes tengan derecho a la leche. (…) Ya se va a abrir una estancia infantil en una casa que se acondicionó hace como un mes”, indica López a Proceso.

Tanto los funcionarios enviados por Robles a los estados como los documentos de la Sedesol se limitan a mencionar acciones en los 80 municipios seleccionados en 20 entidades, entre ellas Coahuila y Guanajuato. Tres son urbanos: Cuernavaca, Aguascalientes y Tecomán, cuyos niveles de miseria no son tan altos como para estar entre los prioritarios.

Un municipio elegido para la primera etapa, Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca, cuenta con un censo de 156 personas en pobreza extrema y desnutrición; en Cuernavaca hay 8 mil 55.

El 17 de mayo pasado el portal de noticias nortedigital publicó que en Chihuahua, donde se dará prioridad a los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos entre los seis primeros del programa, la directora nacional del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero, explicó en una reunión privada:

“La meta es que en el próximo mes de septiembre el presidente Peña Nieto pueda decir ante el Congreso de la Unión que (en los 80 municipios iniciales) se han generado las condiciones para que en determinado tiempo cambien los indicadores que hoy se atacan”,

“Problemas técnicos”

Funcionarios de la Sedesol admiten que será hasta el próximo año cuando empiece a perfilarse la cruzada con programas a la medida, padrones establecidos, comités comunitarios organizados y presupuesto etiquetado,  pues este año está en una fase que denominan “reforma institucional de la política social”.

Explican que los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estas alturas del año, deben recibir los programas inerciales como Oportunidades, así como el abasto de Liconsa y Diconsa, más los suplementos alimenticios. Los programas productivos aún tienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran concursarlos y las obras están en fase de diseño.

Durante estos seis meses la estrategia ha enfrentado problemas técnicos que han puesto a prueba su diseño. Se topó con que los 70 programas seleccionados para operar en los 400 municipios no tenían presupuesto adicional para su nueva misión, mantenían reglas de operación muchas veces incompatibles con la cruzada y sus mismos padrones. Sólo Liconsa y 65 y Más pudieron ampliar su base de beneficiarios.

“A partir de junio tendremos conformadas todas las instancias (porque además hay comités intersecretariales, municipales y estatales), o sea, la nueva institucionalidad estará en junio, los programas con reformas ya los estamos aplicando y los nuevos programas ya vendrán en el presupuesto que viene”, señala Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En entrevista menciona que durante estos meses se han dedicado a crear la “institucionalidad adecuada” para coordinar los 70 programas y crear una estructura federalista que se coordine con los estados, un comité de expertos, así como un consejo nacional de organizaciones sociales, mecanismos de evaluación y  esquemas de participación comunitaria.

“Encontramos programas dispersos, sin estrategia, sin acudir a campo. No se llegaba a quienes debía llegarse ni se atendía toda la problemática integral; había duplicidad de beneficiarios y beneficiarios profesionales que recibían siempre”, justifica el funcionario, quien trabajó en Sedesol en el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo el mando del priista Carlos Jarque, y posteriormente en secretarías de Sinaloa y Oaxaca.

Cuando se le cuestiona sobre la preselección de 80 municipios, niega que las acciones sólo cubran a éstos y explica que si los cuentan por separado es porque “son los que más van avanzando”. Estima que 170 municipios deben tener acciones reportadas.

Y al preguntarle si hubo un retraso dice que la cruzada tiene trazadas sus metas y seguir indicadores, pero no es “una estructura autoritaria, centralista y monolítica” que determine desde un escritorio del Distrito Federal la vida de los municipios, por lo que está en interacción con la gente, en fase de construcción de soluciones para cada municipio. “Las circunstancias especiales modifican los calendarios”, resume.

“El 23 de mayo entramos en un impasse por la veda electoral porque en 14 estados no podemos hacer ningún trabajo de acercamiento a la comunidad; hasta julio no habrá acciones”, agrega.

Según diversas fuentes consultadas, el dinero que la Secretaría de Hacienda destina a estados y municipios tampoco ha bajado de las cuentas concentradoras. Esto significa que la economía que depende del gobierno federal está paralizada.

“A estas fechas, en otros años, Conafor ya habría acabado su ejercicio y Sedesol tendría la mitad de su gasto ejercido, con excepción de Oportunidades. Actualmente no lleva ni 10%, ni han entregado resultados de Opciones Productivas ni de Coinversión Social, y lo mismo está ocurriendo en Semarnat, Sagarpa y Sedatu”, comenta extraoficialmente un funcionario.

Con miras al informe

Un documento interno de la Sedesol titulado “Criterios para definir la condición de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, ubicado en el portal de la dependencia, establece que el reto de ésta es legitimar ante la opinión pública los resultados de la cruzada.

En los cuadros sinópticos que detallan la ruta se contemplan acciones a partir de mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “Informe presidencial reportando resultados en los 80 municipios”. No se proyectan obras para después.

Del documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir 30 tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir orientación nutricional a 100 mil familias.

El término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota para señalar que se completó la meta por la suma de varias acciones.

En otro documento (“Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación de la cruzada”) se admite que una de las “instrucciones presidenciales de la reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue “hacer levantamiento de banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquéllos más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.

De hecho, la suspensión de la cruzada en el Distrito Federal por las acusaciones de los delegados de que era usada electoralmente, descargó a la Sedesol de la presión de hacer un barrido calle por calle, casa por casa, para ubicar  y empadronar en las cuatro delegaciones seleccionadas a las 100 mil personas que las estadísticas mencionan dentro de la pobreza extrema y que padecen hambre.

Peña Nieto lanzó su estrategia social con un dato engañoso: la muerte por hambre de 11 mil personas en México en 2011.

Proceso solicitó conocer el origen de esa información, a través de la ley de transparencia. En su respuesta, la Sedesol dijo desconocerlo y la Presidencia de la República remitió a un documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no incluye esa cifra, y a otro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que en 2011murieron 8 mil personas por deficiencias nutricionales; 3 mil menos de las indicadas por Peña Nieto.

“La mayoría de estas 11 mil muertes son de ancianos que por su condición fisiológica o por patologías agregadas se desnutren, no tanto por falta de comida. Pero hay un número muy grande que estimamos matemáticamente como de 10 mil niños que mueren, la mayoría en zonas rurales indígenas pobres que ni siquiera aparecen en el Registro Civil, que no las podemos contar pero ocurren”, dice a Proceso el investigador del Instituto Nacional de Nutrición Abelardo Ávila.

Sin embargo, al ser consultado Omar Garfias sobre este dato muestra una ficha que le envió el Instituto Nacional de Salud Pública. En ella se le informa que las muertes por deficiencias nutricionales en 2011 fueron menos de 6 mil. Admite que la mayoría eran ancianos y no precisamente carentes de alimentos.

En poco tiempo, la estrategia contra el hambre enfrentó cuestionamientos después de que el PAN presentó las pruebas del desvío de recursos sociales en Boca del Río, Veracruz, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la Sedesol.

Posteriormente el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que 25 delegados de la dependencia han sido operadores electorales priistas y el senador Alejandro Encinas, del mismo partido, denunció en un documento que varios municipios elegidos para aplicar Sin Hambre son botines electorales, por lo que rebautizó la estrategia como la “cruzada por los votos”.

Al mismo tiempo estalló el escándalo por la firma de convenios de colaboración con trasnacionales como PepsiCo y Nestlé, acusadas por organizaciones como El Poder del Consumidor de ser responsables de los altos índices de obesidad y la mala nutrición de los mexicanos.

Robles defendió la participación de esos corporativos explicando que el primero iba a desarrollar una galleta de avena que ayudaría a “solucionar las necesidades nutricionales” y la segunda impartiría capacitación a 15 mil mujeres para que se conviertan en microempresarias culinarias y que ayudaría a empoderar a productores.

Sin embargo, los convenios firmados reflejan otras aristas; por ejemplo, que ambas firmas recibirán “subsidios federales” por sus aportaciones.

El acuerdo es que Nestlé imparta cursos a mujeres para que se conviertan en vendedoras de postres (como brownies o helados de chocolate), a quienes regalará paquetes con productos de la empresa.

Además, realizará un proyecto productivo en San Luis Acatlán, Guerrero, justamente una comunidad que –según reportó el 7 de mayo Matilde Pérez en La Jornada– recibe la producción de 10 mil 500 cafeticultores de la región guerrerense de La Montaña, quienes al estar en desventaja por los bajos precios con que Nestlé compra su grano ahora dependen de la trasnacional.

“El comprador de Nestlé en Guerrero paga 80 dólares o menos por 100 libras (unos 45.3 kilogramos) de café natural, mientras en el mercado internacional el precio es de 135 dólares”, publicó el diario.

Tras el escándalo, la secretaria no mencionó más el convenio que se iba a firmar o se firmó con Walmart.

El pasado 19 de abril, en Chiapas, Robles dijo en su discurso frente a Peña Nieto y el expresidente brasileño Lula Da Silva que ya había iniciado el proceso de capacitación de 500 mil mujeres y el trabajo en los 400 municipios.

Presidentes municipales como Andrés Balleza, de Guachochi, Chihuahua, dicen lo contrario: “No ha llegado nada todavía de los programas federales; el comentario es que habría que esperar hasta que se resuelva lo de las elecciones de julio y seguimos sin nada”.