Hace un par de años, diputados mexiquenses denunciaron los excesos de los agentes de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Los calificaron de ser un miniejército privado al servicio del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, de comportarse como una franquicia y de actuar sin control fiscal. Hasta ahora nadie ha metido en cintura a esa corporación administrada por 110 comandantes y que hoy vuelve a ser motivo de escándalo tras el asesinato de una arquitecta en un fraccionamiento de Atizapán, hecho en el que están implicados ocho policías de ese temible cuerpo de seguridad.
La ejecución de la arquitecta Alicia Rivera Ugalde el domingo 9 por la madrugada en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, Atizapán, vuelve a poner en la mira a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un verdadero miniejército privado al servicio de políticos mexiquenses del equipo de Enrique Peña Nieto.
Ocho de los nueve agentes involucrados en el crimen pertenecen a esa corporación y sólo uno a la Policía Municipal de Atizapán, según el procurador estatal Miguel Ángel Contreras Nieto. El funcionario dijo que el disparo que recibió Rivera Ugalde se debió a una “confusión”, ya que los uniformados perseguían a un presunto asaltante denunciado por un vecino.
Durante la investigación se detectó que ninguno de los integrantes de los Cusaem contaba con la certificación de control de confianza de ley, la cual incluye exámenes de desempeño, poligráficos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos para dar los servicios profesionales de seguridad.
Los vecinos de la llamada Zona Esmeralda de Atizapán –donde se ubican 13 fraccionamientos– se muestran preocupados porque, dicen, la seguridad corre a cargo de los Cusaem; éstos funcionan como negocio privado que renta sus servicios lo mismo a conjuntos habitacionales que a dependencias gubernamentales en el Estado de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Y aunque la organización asegura contar oficialmente con 14 mil 162 elementos, en su página electrónica menciona “una cifra superior a los 17 mil” agentes, mientras que otras fuentes mexiquenses reportan 35 mil.
Desde 2009 esta auténtica “mina de oro” –que no es fiscalizada ni auditada conforme a la ley– ofrece servicios de vigilancia a dependencias federales, como Liconsa (a la que cobraba 3 millones 300 mil pesos mensuales) y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo fue responsable de la custodia de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a la cual le cobró 80 millones de pesos durante la administración de Sergio Hidalgo Monroy Portillo (Proceso 1829 y 1831).
También ha ofrecido sus servicios de vigilancia a las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación, al IFE, así como a decenas de empresas y personajes que suelen contratar a elementos de los Cusaem para traslado de valores, servicios de escolta o el llamado paquete VIP denominado Travel Security Service, que incluye guardaespaldas de élite a un costo de 250 a 330 dólares por día.
Informes obtenidos por Proceso revelan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, contrató a cerca de 300 elementos de los Cusaem para la protección de la dependencia, aunque se desconoce el costo mensual y el tipo de servicios que ofrecen esos agentes.
Dirigentes del PAN y del PRD en el Estado de México señalan al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava –compadre de Peña Nieto y exsecretario general de Gobierno en la entidad–, como uno de los tres políticos que mantienen el control de los fondos de ese miniejército privado.
Los otros dos responsables del manejo de los fondos y de la operación de la corporación son Alfonso Navarrete Prida, exprocurador mexiquense y actual secretario del Trabajo, y Manuel Cadena Morales, secretario de Gobierno durante la administración de Montiel. Los tres forman parte del Consejo de Administración del organismo.
La ruta delictiva
La opacidad y la falta de rendición de cuentas domina en los Cusaem, formado por tres cuerpos: el de Guardias de Seguridad Bancaria y Comercial, creado en 1948; el de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, constituido en 1985, y el de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
Para el exalcalde panista de Atizapán Carlos Madrazo Limón, los Cusaem son “una especie de ornitorrinco: Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales, son una policía pública; cuando no, son una policía privada”.
La fiscalización de sus recursos es opaca y el control lo tiene un grupo de 110 comandantes que lo administran como si fuera “una franquicia de servicios de seguridad”.
En los últimos cuatro años, esa corporación ha estado involucrada en actos delictivos. El 9 de junio de 2009, la edición local de Uno más uno, propiedad del empresario Naim Libien Kaui, la acusó de ser un “centro de reclutamiento” de sicarios de Los Zetas.
En esa misma fecha fueron capturados en Jalisco y Querétaro varios pistoleros de esa organización, nueve de los cuales portaban armas y credenciales firmadas por el entonces director de los Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido por Enrique Peña Nieto, a la sazón gobernador del Estado de México.
También los escoltas que acompañaron al narcotraficante José Jorge Balderas El JJ en la riña que protagonizó contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, al sur de la Ciudad de México, portaban credenciales de esa corporación.
A raíz de ese caso, en enero de 2010 distintos medios mexiquenses documentaron que el entonces director de los Cusaem, Mendoza Becerril, sabía de las operaciones de narcomenudeo del JJ y del Cártel de los Beltrán Leyva en los municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco. Casualmente, en todas estas localidades están contratados los elementos de ese organismo de seguridad privada para distintas actividades.
El escándalo provocó la destitución de Mendoza Becerril, quien estuvo al frente de la corporación de abril de 2008 a marzo de 2010. Peña Nieto designó a su exjefe de ayudantía, Orlando Seguel, como sucesor de Mendoza.
En el gobierno de Eruviel Ávila los indicios de corrupción y de vínculos con el crimen organizado en la corporación no disminuyeron, a pesar de una reforma cosmética para hacer depender a este miniejército de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sustituyó a la Agencia de Seguridad Estatal.
En marzo de 2013, dos meses y medio después de ser designado director de los Cusaem, José Luis García Figueroa, El Panda o El Puma, fue asesinado. Al funcionario se le señaló como uno de los patrocinadores de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
García Figueroa fue arrojado desde el balcón de un cuarto piso del Centro de Exposiciones de Banamex, en Santa Fe, Distrito Federal, durante una boda, según la averiguación previa CUJ2/T1/205/13-03 iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Algunas versiones periodísticas en el Estado de México señalaron que el homicidio de García Figueroa pudo haber sido un “ajuste de cuentas” del crimen organizado. El Panda ya era investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que lo señaló como uno de los presuntos apoyos del cártel de los Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana.
Un documento privado citado por la revista Contraste en su edición de la primera semana de marzo último señala que García Figueroa trabajó para José Sergio Manzur Quiroga, actual diputado federal priista; para José Manzur Ocaña, exdelegado de la PGR en el Estado de México, y para Eduardo Manzur, exdirector de la Policía Judicial en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. También lo hizo para Germán Ávila Villegas, hermano del actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien lo nombró al frente de los Cusaem.
La investigación de la DEA acusó a El Panda de proporcionar las credenciales al JJ, del clan de los Beltrán Leyva, “para que se pudiera mover por todo el país y sobre todo en el Estado de México, sin que fuera molestado por ninguna autoridad”.
“La protección de que era objeto (el JJ) era porque organizaba festines y bacanales a jefes policiacos, políticos y funcionarios de diversos niveles de gobierno, encerronas en las que había mujeres, drogas y alcohol”, señala el documento citado por Contraste.
La mina de oro
Aun cuando no se ha comprobado la presunta vinculación de algunos directivos y comandantes de los Cusaem con el crimen organizado, la corporación es una auténtica mina de oro, cuyos fondos no son fiscalizados.
Su denominación fiscal es ambigua y el número de sus elementos varía entre 17 mil y 35 mil, lo que la convierte en la segunda más grande del país, sólo debajo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Tiene más de 3 mil clientes, a los cuales ofrece servicios de guardias intramuros para proteger instalaciones y manejo de situaciones de contingencia; custodia de mercancías en movimiento, que incluye a agentes con licencia de portación de armas, y escoltas.
Asimismo, cuenta con el Grupo Atenea –creado en agosto de 2008 con elementos de élite femenil–, que se encarga de brindar servicios de escolta y protección a empresarios y políticos; mientras el Travel Security Services –“el VIP” de los Cusaem– salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales, embajadores, diplomáticos y artistas en la Zona del Valle de México; tiene también un grupo canino y servicios de “tecnologías”. En otras palabras, sistemas de escucha y espionaje.
En su página web www.cusaem.gob.mx presume las siguientes “ventajas competitivas”: elementos con licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza superior a los 19 mil elementos, armamento de punta “legalmente registrado”; frecuencia de radio con la Policía Estatal, parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje, así como análisis de riesgos “previo a la contratación”.
De acuerdo con información de la propia corporación, un servicio VIP que incluya escoltas de élite puede costar de 250 a 330 dólares por día. Un escolta con equipo de radiocomunicaciones se alquila en 250 dólares diarios, mientras que un guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares.
Una camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje “nivel cuatro”, resistente a impactos de bala de AK-47, se renta en 400 dólares por día, y un vehículo sin blindaje se renta en 350 dólares. Estos servicios incluyen “un asistente políglota que domina el inglés, francés italiano o mandarín”.
En octubre de 2011, a raíz de varias denuncias en el Congreso mexiquense por las irregularidades en la operación de los Cusaem, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC), Salvador Neme Sastré, se comprometió a regular estos cuerpos policiacos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.
Durante la discusión de la Ley de Seguridad Estatal, el mismo mes los diputados panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como el priista Carlos Iriarte Mercado promovieron un artículo transitorio que obligaba al Ejecutivo estatal a “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares de la corporación.
El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manzur, afirmó: “No sé por qué satanizan tanto el trabajo del Cusaem, de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas, y que están trabajando bien” (Proceso1829).
José Manzur es al mismo que señalaban como amigo y protector de José Luis García Figueroa.
El exdiputado local panista Carlos Madrazo Limón también refiere a este semanario que la principal resistencia es a la eventual realización de auditorías al manejo de los fondos y a los ingresos de la corporación, los cuales ascienden por lo menos a 2 mil millones de pesos anuales.
Muchos agentes de la corporación mencionada han denunciado el manejo irregular de recursos aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión de los Cusaem, creado en junio de 2006, cuando Wilfrido Robledo Madrid fue el titular de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense.
La Secretaría de Finanzas del Estado de México asegura no tener conocimiento del monto que integra el fideicomiso, pues afirma que no tiene facultades para conocer sobre una corporación que no pertenece al gobierno de la entidad.
Tampoco se sabe a dónde van a parar los millones de pesos de presuntas prestaciones que se les descuentan, entre ellas el servicio médico en el Seguro Social del Estado de México, préstamos, pagos de tiempo extra y fraudes cometidos por los comandantes y directivos a través de rifas organizadas para aplicar mejoras a las prestaciones de los trabajadores.
