MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las candidaturas ciudadanas estimularon los punzantes prejuicios discriminatorios de los mexicanos. “¡Cómo es posible que un payaso pretenda ser presidente municipal!”, “¡Un futbolista aspirante a edil, vaya estupidez!”
“ (…) En este país no se necesitan puestos populares en puestos de elección popular, se necesitan tipos capaces, con estudios, con talento, que no tengan nunca la idea que el venderse como lo hace Cuauhtémoc Blanco (…) por eso ponen tipos que a lo mejor no saben ni lo que quiere decir socialdemócrata como sus candidatos para una presidencia municipal (…) no se puede permitir que Carmelita Salinas o que Cuauhtémoc Blanco o que (el payaso) Platanito sean candidatos a elecciones populares nada más para ganar el dos por ciento, ¡por Dios en dónde estamos!” (sic), expresó en tono indignado el presentador de deportes de la cadena TVC Gerardo Velázquez de León al anunciarse el registro de Cuauhtémoc Blanco como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos.
“Una cosa es que (Cuauhtémoc Blanco) sea un gran ídolo del futbol mexicano y otra cosa es que pretenda ser político (…) ‘Lagrimita’ una cosa es que nos caiga bien, que sea simpático, que su hijo ‘Costel’ dicen que sea muy guapo y otra cosa es que pretenda gobernar una ciudad como Guadalajara, Jalisco, yo creo que hay que ser un poco serio, ¡está de la chingada esto!, imagínate entre un payaso y el señor Cuauhtémoc Blanco (…)”, ridiculizó el locutor especializado en espectáculos y farándula Gustavo Adolfo Infante.
Como ellos, presentadores de noticias, lectores y usuarios de redes sociales han denostado la inteligencia y capacidad de ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a ser votado por el solo hecho de ejercer profesiones ajenas a la vida académica. Echemos un vistazo a algunos comentarios de cibernautas: “Desde que Lagrimita se postuló, ya cualquier payaso se anima a andar de politico. A la mierda el país” (sic) “¿ que estamos tan atrasados que no existen gente que en verdad se preocupe por los ciudadanos y no gente como este especimene, vulgar y naco” (sic).
Es legítimo cuestionar a cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular. No por el hecho de carecer de militancia en un partido político los candidatos ciudadanos deben ser redimidos de la crítica. Es válido preguntar por su proyecto de gobierno, sus nexos políticos o los privilegios que su registro puede brindar a un grupo de poder. Lo que es discriminatorio es descalificar a una persona por su simple profesión o grado educativo.
No es la primera vez que un grupo social sufre discriminación cuando intenta ejercer sus derechos políticos. Ocurre recurrentemente con las mujeres, que son excluidas de los partidos o relegadas al cumplimiento formal de cuotas de género y puestos de bajo perfil. Lo mismo ha pasado con indígenas, discapacitados y personas no heterosexuales.
En su apartado derechos políticos, el “Reporte sobre la discriminación en México 2012” elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala: “La representación de los pueblos indígenas en las Cámaras es casi nula, lo cual hace que los intereses particulares de las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente y el trabajo, entre otros aspectos, no sea revisado desde esa perspectiva cultural”.
Sobre las personas con discapacidad, el informe denuncia que “también se han visto históricamente excluidas de su derecho a ser votadas. Aunque existen casos paradigmáticos como la trayectoria política y la postulación a la Presidencia de la República de Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000, la norma es que las personas que tienen alguna discapacidad no acceden a cargos de elección popular”.
Es el mismo caso de las personas no heterosexuales, ya que casi ningún partido político los postula a cargos de elección popular y, cuando ocurre, son denostados por sus adversarios. Así pasó con Miguel Galán, candidato del Partido Socialdemócrata a la presidencia de Guadalajara, quien en 2009 en un debate organizado por W Radio sufrió la discriminación de Gamaliel Ramírez, aspirante por el Partido Verde Ecologista de México al mismo cargo.
Ramírez intentó descalificar a Galán al referir que practica “cosas nocivas” y “ano…rmales”, además de añadir que representa a una “bola de maricones”. En consecuencia, Galán presentó una queja ante el Conapred para exigir una disculpa del candidato del PVEM.
La población transexual sufre también por ejercer su derecho al voto, debido a las trabas y vacíos legales en la mayoría de las entidades de la República para obtener una credencial de elector acorde a su identidad. Cita el Conapred al respecto: “En este rubro es importante señalar la situación particular de la población trans (tanto hombres como mujeres), ya que en muchas ocasiones la credencial para votar expedida por el IFE presenta un nombre distinto a la apariencia de quien se identifica con ella, motivo por el cual se ven impedidas e impedidos de ejercer su derecho a votar”.
Las mujeres son otro sector vulnerado en sus derechos políticos. En noviembre de 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres presentó la investigación “Cuadernos de trabajo sobre género” en el que apuntaba que entre 1990 y 2008 el promedio de representación femenina en los congresos fue de 15.7 por ciento. En Latinoamérica, los primeros lugares en esta materia los ocupan Argentina (23.6%) y Costa Rica (23.3%).
Ese mismo estudio apunta que en 2009 sólo 112 mujeres fueron electas como presidentas municipales, el equivalente al 4.6 por ciento de las 2 mil 455 alcaldías de México.
Los partidos burlan las adecuaciones electorales para postular a las mujeres en sitios altamente competidos o donde la derrota es casi segura. “El PAN, seguido de cerca por el PRD, es el partido que más postula candidatas para distritos perdedores”, concluye el análisis.
Todo mexicano con mayoría de edad tiene derecho a votar, ser votado y ejercer libre asociación política, garantizados en el artículo 36 constitucional. Aparte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consigna en su artículo 21 que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en el gobierno de su país.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece como requisito para ser elegido diputado o senador contar con un determinado grado escolar, tampoco el artículo 82 constitucional en el caso del cargo de presidente de la República.
Pretender que todos los candidatos cuenten con doctorados y maestrías es un criterio excluyente, elitista y alejado del espíritu de la democracia representativa. Además, ya hemos tenido presidentes con sólidas credenciales académicas y aun así saquearon al país, lo que indica que contar con un alto nivel educativo no necesariamente es garante de una buena administración pública.
El México de nuestros días es un prisma diverso integrado por jóvenes, indígenas, campesinos, minorías religiosas, empresarios, artistas, homosexuales, deportistas y un infinito etcétera. Idealmente, todas esas gamas merecen contar con representación en los distintos poderes. ¿O acaso no es lo que exigía la sociedad: más ciudadanos y menos políticos?
